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SUSCRIBITELa reciente medida judicial en La Rioja por el proyecto Vicuña reavivó tensiones interprovinciales que involucran a San Juan. El antecedente más relevante es el conflicto con La Pampa por la construcción del dique El Tambolar y el uso de recursos hídricos compartidos. Ese litigio incluyó reclamos administrativos, políticos y una definición de la Corte Suprema en 2023.
El reciente conflicto entre San Juan y La Rioja por el proyecto minero Vicuña volvió a poner en escena las tensiones interprovinciales vinculadas al uso de recursos y la infraestructura en zonas limítrofes. En las últimas horas, la Justicia riojana ordenó suspender por 30 días las actividades vinculadas al emprendimiento y prohibió el tránsito por el camino de Guandacol, principal vía logística desde ese territorio hacia la mina ubicada en San Juan.
La medida fue dispuesta por la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, en el marco de una acción impulsada por el Gobierno de La Rioja, que reclamó la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental y el cumplimiento de acuerdos vinculados al uso de infraestructura vial provincial. El eje del planteo radica en que, aunque el proyecto se desarrolla en territorio sanjuanino, utiliza caminos riojanos, lo que -según esa provincia- genera impactos ambientales directos.
Este escenario actual remite a antecedentes de disputas entre San Juan y otras provincias por el uso de recursos naturales y obras de infraestructura. Uno de los casos más relevantes en los últimos años fue el conflicto con La Pampa por la construcción del dique El Tambolar.
La construcción del dique El Tambolar, sobre el río San Juan, generó objeciones por parte del Gobierno de La Pampa, que cuestionó la obra por considerar que afectaba el equilibrio hídrico de la cuenca compartida del sistema Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó.
En julio de 2022, el subsecretario de Recursos Hídricos pampeano, Néstor Lastiri, expresó críticas hacia un acuerdo entre Nación y San Juan para avanzar con obras complementarias del dique. El funcionario sostuvo que se trataba de una obra “inconsulta” y “contraria al derecho al agua de las provincias de la cuenca”, al señalar que no contaba con evaluación de impacto ambiental ni con aprobación de las jurisdicciones involucradas.
El planteo se enmarcó en una postura histórica de La Pampa respecto al uso de los recursos hídricos por parte de provincias ubicadas “aguas arriba”, como San Juan y Mendoza. Según esa provincia, las intervenciones en los ríos afectan el caudal que llega a su territorio, generando consecuencias ambientales, productivas y sociales.
El conflicto escaló a instancias judiciales. En 2018, el Gobierno pampeano presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra San Juan y el Estado nacional, cuestionando la construcción del dique.
Durante 2023, el tema volvió a tomar visibilidad pública. En julio de ese año, el entonces ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, visitó San Juan y sobrevoló la obra de El Tambolar. El hecho generó reacciones desde La Pampa. El gobernador Sergio Ziliotto manifestó en redes sociales su rechazo a proyectos que, según su visión, implican la apropiación de recursos naturales compartidos.
En paralelo, La Pampa impulsó la creación de un comité de cuenca del río Desaguadero, sin la participación de San Juan ni de otras provincias involucradas, lo que también generó diferencias institucionales.
El 23 de noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió rechazar la demanda presentada por La Pampa contra San Juan y el Estado nacional. El máximo tribunal consideró que no se habían aportado pruebas suficientes para demostrar que la obra del dique El Tambolar generara un perjuicio concreto o un riesgo cierto para la provincia demandante.
En su resolución, la Corte señaló que no se acreditó una lesión específica derivada de la construcción del dique. La decisión fue interpretada por autoridades sanjuaninas como un respaldo a la continuidad del proyecto.
El planteo de La Pampa se basó en el concepto de cuenca hidrográfica compartida. El sistema del Desaguadero abarca territorios de varias provincias, entre ellas San Juan, Mendoza, San Luis, La Rioja, Catamarca, Buenos Aires y La Pampa.
Desde la perspectiva pampeana, las obras realizadas en las zonas altas de la cuenca -como represas o diques- modifican el escurrimiento natural del agua, reduciendo los caudales disponibles en las zonas bajas. Este argumento ha sido utilizado en distintos reclamos, no solo contra San Juan, sino también contra Mendoza por el manejo del río Atuel.
Por su parte, desde San Juan se ha sostenido que el río San Juan es de carácter interprovincial acotado, con nacimiento y desembocadura dentro de su territorio, y que las obras responden a necesidades de desarrollo energético, regulación hídrica y ampliación de la superficie productiva.
El proyecto hidroenergético El Tambolar inició su construcción en abril de 2022, con el desvío del río San Juan. La obra forma parte de un plan de aprovechamiento energético multipropósito y, según datos oficiales, alcanzó aproximadamente un 40% de ejecución.
Sin embargo, hacia fines de 2024, el proyecto ingresó en un proceso de reconfiguración debido a la falta de financiamiento. El Gobierno de San Juan, a través de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), indicó que analiza distintas alternativas para retomar la obra, incluyendo esquemas de inversión privada, financiamiento internacional y cambios en el modelo de negocio.