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SUSCRIBITEUna niña de 12 años y una joven de 18 fueron víctimas de abusos sexuales y, como consecuencia, fueron sometidas a la interrupción legal del embarazo y los sospechosos quedaron tras las rejas. Ahora, las instrucciones que cursan en ANIVI y CAVIG, respectivamente, tendrán novedad con el Tribunal de Impugnación y el debate de las prisiones preventivas otorgadas.
Luego de que sacudieran a San Juan por la gravedad que revisten, los casos de la niña de 12 años y la joven de 18 violadas y embarazadas permanecen bajo la lupa de la Justicia, que aguarda por el resultado de una prueba clave en ambas causas. Se trata del cotejo de ADN que se lleva adelante para determinar la responsabilidad de los sospechosos que se encuentran tras las rejas.
Según indicaron fuentes judiciales, las muestras se extrajeron tanto de las víctimas, como de los imputados y los restos ni bien se concretó -para los dos casos- el procedimiento de interrupción legal del embarazo. Como suele suceder, el equipo forense detrás de las instrucciones, que tienen curso en la UFI ANIVI y en la UFI CAVIG, comparará los resultados y hará su aporte, el cual será crucial.
Es que de los resultados que arrojen los cotejos dependeré el futuro de los sujetos que fueron imputados por abuso sexual con acceso carnal (agravado en el caso de la chiquita). Ambos recibieron la prisión preventiva y, a través de sus defensas, impugnaron las medidas coercitivas impartidas.
En ese escenario, los acusados -que fueron trasladados al Servicio Penitenciario- aguardan por la audiencia con el Tribunal de Impugnación, cuando sus defensas técnicas intenten establecer medidas cautelares más benignas, como podrían ser la prisión domiciliaria o, bien, la libertad con restricciones para asegurar los procesos.
Por un lado, la abogada Filomena Noriega desplegará sus armas para favorecer al sujeto que está señalado por agredir sexualmente a una muchacha de Alto de Sierra, con la que mantiene un vínculo familiar. El mismo recibió dos meses de prisión preventiva por pedido de la fiscalía, representada por Mario Panetta y Verónica Recio, y por decisión del juez Javier Figuerola.
Por su parte, el defensor oficial César Oro será quien intente cesar con los tres meses de prisión preventiva previstos para el supuesto pervertido que atacó sexualmente a la menor. Fue el juez Roberto Montilla, frente al requerimiento de la fiscal Andrea Insegna, el que resolvió la medida más gravosa con intenciones de resguardar el proceso.
Las fuentes estimaron que tanto las audiencias de impugnación como los resultados de las pruebas de ADN, claves para las causas, podrían tener novedad la próxima semana. Mientras tanto, en el caso de la menor víctima indicaron que todavía no se realizó la entrevista videograbada (Cámara Gesell), puesto que la niñas no está en condiciones psicológicas y emocionales para afrontar semejante situación.
El caso de la niña violada y embarazada tomó estado público el 27 de marzo, aunque una semana atrás había tenido la intervención judicial y de Salud Pública con la aplicación de la ILE. El hecho generó conmoción en San Juan, dada la vulnerabilidad de la víctima y el posterior padecimiento que tuvo. Una semana más tarde, trascendía la denuncia por abuso sexual y embarazo de una chica de 18 años. Nuevamente, las autoridades hospitalarias dieron curso al procedimiento legal y la polémica se instauró en la opinión pública.