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SUSCRIBITEEl caso fue denunciado la semana pasada y fue formalizado el lunes, cuando el sospechoso se sentó frente al juez de Garantías y quedó imputado por abuso sexual con acceso carnal. La presunta víctima, en esta oportunidad, es una chica de 18 años que confesó haber sido atacada sexualmente por un familiar. Como consecuencia, se aplicó la interrupción legal del embarazo.
A más de una semana del revuelo que generó el caso de la niña violada y embarazada, la justicia sanjuanina se vio sacudida nuevamente por un caso similar, aunque esta vez la presunta víctima es una joven de 18 años. Acorde señalaron fuentes allegadas al caso, la muchacha denunció a un familiar por la agresión sexual y, por las consecuencias del abuso, debió ser sometida a una interrupción legal del embarazo (ILE).
Todo comenzó semanas atrás, cuando la muchacha oriunda de Alto de Sierra y proveniente de una familia de escasos recursos presentó malestar. Tenía vómitos y mareos y, desde su entorno, le atribuían el estado a una gastritis. Sin embargo, la indisposición persistió y, en una consulta en el hospital, una ecografía reveló la causa de sus síntomas: estaba embarazada.
Fue en ese momento en que la chica confesó que había sufrido el ataque sexual de un hombre, que es un pariente, al que denunció el jueves último en la UFI CAVIG. A partir de ello, inició una investigación judicial que derivó en la detención del sospechoso.
Frente a la gestación indeseada y al igual que la menor cuyo caso conmocionó a la provincia, la joven quedó internada en el Hospital Rawson y se sometió a la ILE, que se encuentra en establecida en el Código Penal desde 1921, está regulada -también- por la Ley 27.610 y por el protocolo vigente del Ministerio de Salud de la Nación. Las normativas establecen que se puede interrumpir el embarazo cuando es producto de una violación y si existe riesgo para la vida o la salud de la persona gestante.
Por su parte, en el ámbito penal, el caso que fue investigado por el fiscal Mario Panetta y la ayudante fiscal Verónica Recio no sólo avanzó con la aprehensión del denunciado, sino también con la imputación formal en su contra por el delito de abuso sexual con acceso carnal. Fue así que el hombre se sentó en el banquillo de los acusados frente al juez Javier Figuerola y resultó acusado por el Ministerio Público.
A pedido de la fiscalía, el sujeto que estaba siendo buscado por los familiares más cercanos de la presunta víctima, indignados por lo ocurrido y dispuestos a todo, recibió dos meses de prisión preventiva, por lo que permanecerá preso en el Penal de Chimbas. Para la instrucción de la causa, el juez de Garantías resolvió ocho meses de Investigación Penal Preparatoria.
Además del testimonio de la denunciante, la prueba que será clave en el caso será el resultado del cotejo de ADN que realizará el Complejo Forense y que comparará tanto las muestras obtenidas de la progenitora, como las del sujeto sospechado y las realizadas al feto. Ese proceso ya se realizó y ahora se espera por el resultado, lo que puede tardar un poco más de un mes, según comentaron las fuentes. En caso de resultar positivas y coincidentes, el imputado quedaría contra las cuerdas.
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