Niña violada y embarazada: qué pasa si un progenitor se opone a la ILE

Si bien la versión de que la madre de la menor se habría opuesto al procedimiento fue desmentida por fuentes oficiales, la posibilidad de que ello hubiera sido real resulta un disparador para analizar qué establece la normativa vigente que se aplica en San Juan. Fuentes judiciales, especialistas en el tema, fueron consultadas por Tiempo de San Juan y explicaron que, en estos casos, la ley es clara y prioriza el interés superior de la menor.

La ILE, que se encuentra en establecida en el Código Penal desde 1921, también está regulada por la Ley 27.610 y por el protocolo vigente del Ministerio de Salud de la Nación. Las normativas establecen que se puede interrumpir el embarazo cuando es producto de una violación y si existe riesgo para la vida o la salud de la persona gestante.

En el caso que sacude a los sanjuaninos, la situación encuadra directamente dentro de la primera causal: embarazo producto de abuso sexual. También podría vincularse a la segunda, dada la edad de la nena y los peligros que enfrentaría con una gestación. Como ya lo establecía el código de fondo cien años atrás, el suceso local debía accionar con urgencia con la interrupción del embarazo.

Según las fuentes, la oposición de un progenitor no impide el acceso a la práctica, sobre todo cuando se trata de una menor víctima de violación. La normativa establece que no hace falta denuncia penal para acceder a la interrupción, tampoco se pueden exigir pruebas del abuso, en menores de 13 años ni siquiera es necesaria una declaración jurada.

En estos casos, el sistema de salud tiene la obligación de garantizar la práctica y no puede exigir autorización judicial ni trabas administrativas. Cuando existen conflictos familiares, como podría ser el ejemplo de un progenitor que se opone al procedimiento o no puede representar legalmente a la menor, intervienen los Asesores de Menores, que actúan como garantes y protectores de sus derechos.

Vale aclarar que tanto la ILE como la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) son cuestiones administrativas y no judiciales. Es decir que para que se ejecuten, no es necesaria ninguna orden judicial, sino que la aplicación de una y otra están reguladas por protocolos de salud pública. Para la primera no hay plazos condicionantes, mientras que para la segunda la semana 14 de gestación resulta un factor determinante.

Los Asesores de Menores, que pertenecen a la órbita del Ministerio Público, representan legalmente a la niña si hay intereses contrapuestos con los progenitores. En ese aspecto, autorizan la solicitud administrativa de la ILE cuando corresponde, como así también acompañan a la menor durante todo el proceso. Su objetivo es, en definitiva, que se respete el interés superior del niño, principio que está por encima de cualquier otra decisión familiar.

Acorde citaron las fuentes, en algunos antecedentes ocurridos en la provincia, incluso cuando el agresor sexual era el propio padre biológico o cuando la madre no quería denunciar, los asesores intervinieron para proteger a la víctima y permitir la interrupción del embarazo.

En el caso actual, la investigación avanza con la fiscal Andrea Insegna al frente, quien solicitó la detención de un sospechoso por el ataque sexual sufrido por la menor. Mientras tanto, el resto de la instrucción se maneja con total hermetismo para resguardar a la víctima y evitar revictimizarla.