El médico cirujano Santiago Furlotti Barassi, que llegó a juicio acusado de haber cobrado dinero por una intervención en un hospital público, fue finalmente declarado culpable solo por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y condenado a un mes de pena de cumplimiento condicional y dos meses de inhabilitación para ejercer su profesión. El fallo dejó afuera la acusación por estafa, aunque el juez Alberto Caballero no explicitó con claridad los fundamentos de esa decisión, lo que sorprendió a las partes.
Tanto Fiscalía como la querella, a cargo de Josela Echegaray Moya, adelantaron que esperarán los fundamentos para impugnar la sentencia.
La resolución judicial marca un giro respecto a la imputación original, que contemplaba cargos más graves. En ese sentido, la fiscalía había sostenido que el profesional no solo había vulnerado sus deberes como funcionario, sino que además había engañado al paciente al exigirle dinero por una práctica que debía ser gratuita.
En paralelo, el magistrado resolvió remitir la causa a la UFI de Delitos Especiales para que se investigue el rol de la directora del Hospital César Aguilar de Caucete, tal como lo habían solicitado tanto el fiscal como la querella durante el proceso.
El juicio oral y público contra Furlotti Barassi se había iniciado el martes 12 de mayo. El cirujano llegó al banquillo imputado por estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario público, luego de que se lo señalara por haber solicitado presuntamente $250.000 a un paciente para realizar una cirugía en un hospital estatal, donde por ley todas las prestaciones deben ser gratuitas.
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Durante las audiencias, declararon profesionales de la salud del Hospital César Aguilar, quienes coincidieron en que el nosocomio provee todos los insumos necesarios y que bajo ningún concepto se le puede exigir dinero a los pacientes, ya que los costos son cubiertos por el Estado.
Uno de los momentos más tensos del juicio se vivió con la declaración de una enfermera que se mostró dubitativa al referirse a las implicancias legales de cobrar por servicios públicos de salud. A esto se sumó la ausencia de la directora del hospital, Diana Martínez, quien no se presentó a declarar pese a estar citada como testigo clave, lo que motivó un pedido para que fuera convocada bajo apercibimiento de ser trasladada por la fuerza pública.
La causa se originó tras la atención médica de Axel Fabián Marinero, de 34 años, quien sufrió la rotura del tendón de Aquiles y fue intervenido quirúrgicamente en el hospital de Caucete. Si bien el paciente falleció días después por un paro cardíaco —hecho por el cual el médico fue desvinculado—, durante la investigación su familia denunció que el cirujano le había solicitado dinero para la operación.
Como prueba, el Ministerio Público Fiscal presentó conversaciones y un comprobante de transferencia bancaria desde la cuenta del paciente hacia una billetera virtual a nombre del profesional.
Pese a estos elementos, el fallo solo avanzó sobre el incumplimiento de los deberes de funcionario público y fijó una pena de un mes, una decisión que abre interrogantes sobre el alcance de la responsabilidad penal en el caso y que ahora suma un nuevo capítulo con la posible investigación de autoridades del hospital.
