Alerta por estafas en San Juan. En las últimas semanas, el Colegio Público de Corredores Inmobiliarios local encendió las alarmas por el incremento de maniobras fraudulentas vinculadas con la compra y venta de inmuebles. La institución explicó que el fenómeno incluye operaciones con departamentos y lotes, hecho detectado principalmente en casos con intervención de personas no matriculadas. En base a dicha problemática, hablaron de “zonas calientes” -lugares donde fueron más frecuentes estos engaños- y brindaron recomendaciones al respecto.
El presidente del colegio, Esteban Costela, explicó que, en el último tiempo, el Colegio ha tomado conocimiento de estafas vinculadas a ventas irregulares de terrenos y departamentos. En todos los casos relevados, los responsables no eran corredores matriculados. “Han sido particulares o mal llamados agentes inmobiliarios que no están registrados en nuestro colegio. Con los corredores matriculados no hemos tenido casos graves, más allá de diferencias menores en contratos de alquiler”, afirmó a este diario.
El dirigente indicó que la tendencia comenzó a notarse con más claridad a partir del año pasado, a partir de noticias publicadas en los medios y denuncias que llegan directamente a la institución. Si bien cuentan con un canal de denuncias para operaciones que involucran a profesionales habilitados, la mayor preocupación recae en maniobras ejecutadas fuera del circuito formal.
Para prevenir estas situaciones, el Colegio trabaja junto a la Municipalidad de la Capital y a la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano. Con el municipio, lograron que se exija la presencia de un corredor matriculado para habilitar nuevas inmobiliarias, lo que permitió detectar empresas no autorizadas. Además, firmaron un convenio con Planeamiento para compartir información sobre zonas con operaciones sospechosas y actuar antes de que se concreten las ventas irregulares.
Las “zonas calientes”
Costela contó que, en reiteras oportunidades, las inmobiliarias detectan “zonas calientes”. Esto se debe al aumento repentino de consultas sobre lotes con medidas o características que no cumplen con las normativas.
Un ejemplo fue lo ocurrido en el Médano de Oro, en Rawson, donde se detectó la venta de terrenos en zonas fiscales. “No se trata de que haya una zona fija con problemas, sino que aparecen casos puntuales y, cuando se repiten consultas sobre un mismo lugar, damos el aviso a Planeamiento antes de que se concrete la operación”, explicó. También pusieron el foco en casos sucedidos en inmediaciones de la esquina de Calle 5 y Meglioli -entre Rawson y Pocito-.
Las recomendaciones para evitar estafas y Marketplace
En cuanto a las medidas preventivas, el presidente del Colegio remarcó la importancia de asesorarse siempre con un corredor matriculado, quien puede verificar la factibilidad de lo que se ofrece y la legalidad de la operación. También aconsejó revisar la documentación con un profesional de confianza y corroborar que quien vende sea realmente el titular del inmueble.
Costela sugirió optar por empresas con trayectoria y consultar en Planeamiento si existen anteproyectos o factibilidades aprobadas para el terreno en cuestión. Además, advirtió sobre la proliferación de ofertas engañosas en redes sociales, especialmente en Marketplace de Facebook, donde la falta de control facilita la publicación de avisos fraudulentos.
“Hay que interiorizarse bien de qué se está ofreciendo y quién lo ofrece. Una buena prevención es el primer paso para evitar convertirse en víctima de una estafa inmobiliaria”, concluyó.
Los casos de estafas inmobiliarias más conocidos en 2025, los mediáticos Robles Bonade y Storniolo-Gallerano
En San Juan, tres casos de presuntas estafas inmobiliarias mantienen en vilo a decenas de damnificados y avanzan en el ámbito judicial con nuevas denuncias y audiencias. Se trata de las causas contra Denise Robles Bonade y quien era su pareja Rubén Martín, el emprendimiento de Héctor Storniolo y Mauricio Gallerano y el proyecto habitacional del sindicato SMATA. Cada uno de ellos salió a la luz de manera distinta -desde escraches en redes sociales hasta denuncias colectivas-, pero todos tienen en común la promesa incumplida de viviendas o lotes que nunca se entregaron y perjuicios millonarios para las víctimas.
La causa “Anhelo” comenzó a conocerse cuando Denise Robles Bonade fue señalada públicamente en redes sociales por presuntas estafas con la venta de viviendas e inversiones financieras, lo que derivó en una ola de denuncias. Junto a Rubén Ángel Martín González, con quien la fiscalía afirma que mantenía una relación sentimental, están acusados de decenas de hechos de defraudación y desbaratamiento de derechos adquiridos. Entre las víctimas, una familia denunció haber perdido más de 37 millones de pesos en un contrato por un departamento y la entrega de un auto 0 km. A fines de junio pasado, la Justicia otorgó un plazo de 12 meses para continuar la investigación, mientras que ambos iban a contar con la prisión domiciliaria por tres meses.
En el caso “Tierras de Don Rogelio”, la investigación se inició tras denuncias de al menos 35 personas que aseguraron haber pagado por lotes sin recibir documentación. Esto derivó en allanamientos y detenciones de los empresarios Héctor Storniolo y Mauricio Gallerano, abogados y operadores inmobiliarios. Actualmente, el principal acusado Storniolo sigue con prisión domiciliaria, medida que fue renovada este 30 de junio por cinco meses, mientras que su pareja, Patricia Nacif, también continúa con restricciones judiciales. La fiscalía sostiene que las denuncias ya superan las 400 y que el perjuicio es multimillonario, pese a los intentos de la defensa por levantar embargos y medidas cautelares.
Por último, en agosto se conoció que los responsables del proyecto habitacional de SMATA fueron denunciados por un grupo de 35 personas que, desde 2018, pagaban sumas iniciales y cuotas para viviendas en Alto de Sierra que nunca se construyeron. Según los abogados de las víctimas, las excusas variaron con el tiempo, desde cambios de gobierno hasta supuestas trabas municipales, pero en la zona donde se prometían 170 lotes de 200 m² solo hay un descampado y, por normativa, solo se pueden realizar parcelas de 1.100 m². Las denuncias están radicadas en la UFI Delitos Informáticos y Estafas, y se espera que en las próximas semanas pueda concretarse una audiencia de formalización contra los responsables.
