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SUSCRIBITEUn grupo de 35 damnificados a través se sus abogados Denís Gutiérrez y Hernán Pascual dieron a conocer que allá por el 2018 ingresaron al proyecto de casas que daba el Sindicato SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor). Todos denunciaron que pagaron la inscripción y una cuota sindical por una carpeta; ha pasado todo este tiempo y no hay señales de que el plan se construya.
Los casos de presunta estafa por proyectos de viviendas siguen apareciendo en San Juan. Esta vez es un grupo de damnificados, de 35 personas (pueden ser más) denunciaron ante UFI Delitos Informáticos y Estafas que han sido víctimas de un fraude en un proyecto del Sindicato SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor).
Denís Gutiérrez y Hernán Pascual, abogados de este grupo de denunciantes, expresaron a este diario que sus clientes están siendo engañados con diferentes excusas desde 2018. Año en el que entraron a este proyecto de carpetas por una vivienda que supuestamente iba a estar ubicada en Alto de Sierra en Santa Lucía.
Según estos letrados, las denuncias fueron radicadas en UFI Delitos Informáticos y Estafas. Explicaron que sus clientes para ingresar a este proyecto debían pagar una cuota inicial, que era de diferentes montos como $120.000, $130.000, $180.000 o hasta $400 0 $450 mil; y además pagar la cuota filial, y cancelar en cuotas lo restante.
Este proyecto supuestamente iba a ser de 170 lotes y los mismos se iban a realizar en inmediaciones de Avenida Libertador y Urquiza, en la localidad de Alto de Sierra, en Santa Lucía. Muchas personas ingresaron a este proyecto en el lapso de 2018 y 2019, y ahí es donde comenzaron las idas y vueltas con los responsables.
La letrada Gutiérrez explicó que los años pasaban y no había ni un avance (actualmente hay un descampado en esa zona). Se puso como excusa los cambios de Gobierno o que no se podían construir. Los mismos damnificados investigaron si este lugar era factible la construcción de este proyecto y desde la misma municipalidad le dijeron que en esa zona, al ser semi rural, solo se podían realizar lotes de 1100m2 como mínimo. Ahí es donde ellos empezaron a sospechar, ya que el proyecto donde ellos habían ingresado era de 170 lotes de 200m2.
Ante la consulta de este medio a los abogados si en el IPV se presentó alguna documentación, los letrados respondieron que hubo una factibilidad pero que se venció. Como así también, no se podía avanzar en el proyecto si desde el mismo municipio de Santa Lucía expresaron que el lote mínimo debía ser de 1100m2.
Los letrados manifestaron que sus clientes están yendo a la UFI a ratificar su denuncia y creen que en las próximas semanas se pueda realizar una audiencia de formalización contra los responsables.