El Fiscal General dio el primer golpe en la mesa: borró de un plumazo la polémica de Jimmy con el Complejo Forense

En mayo de 2022, Jimmy ordenó una serie de requisitos para la producción de pruebas en las investigaciones -lo que involucra la participación del Complejo Forense- e instó a que los peritos se adecuaran a la tarea de los fiscales. Sin embargo, Baigorrí desestimó dicha determinación y pidió a los fiscales "extremar su diligencia investigativa aprovechando los recursos" del organismo "con total apego a los cánones y principios de la Fiscalía General".

Es que, tras llevar adelante una revisión sobre el funcionamiento de las unidades fiscales, Baigorrí entendió que las disposiciones y los requerimientos de Quattropani con la intervención de peritos resultaban excesivos e innecesarios. Sobre la resolución que borró de un plumazo, indicó: "Constituye una resolución cargada de excesivo ritualismo y de un celo desproporcionado o laboriosidad injustificada en la gestión de pruebas".

En ese sentido, el nuevo jefe de los fiscales remarcó que "lo único insoslayable es el respeto de las reglas sobre recolección de pruebas y las normas procedimentales atenientes a ello, tal como lo establece la normativa ritual". Uno de los motivos que esgrimió en su resolución fue evitar demoras en la conclusión de las investigaciones, así como también sortear gastos innecesarios.

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De esta manera, eliminó -entre varias cuestiones- la notificación al fiscal de un caso sobre la designación de un perito, la igual que la confección de un acta de aceptación del cargo de perito, con expresa indicación del deber de confidencialidad de la información obtenida producto de la prueba. Para Quattropani resultaba fundamental que nada se filtrara de las investigaciones, por lo que prohibía la publicación de información en sitios ajenos a la instrucción.

Con esta maniobra, Baigorrí no sólo descarta la "burocracia" que en teoría se había generado con los peritos, sino también puso final al conflicto del Ministerio Público con la Corte. Pese a las intenciones de Quattropani de poner al Complejo Forense bajo su órbita, el máximo órgano resistió a cualquier intento y mantuvo bajo su ala a los expertos forenses.

Quattropani había solicitado que el Laboratorio Forense quedara bajo su órbita para aceitar las investigaciones. Aseguraba que la aparatología fue donada por el Consejo Nacional de Fiscales para que el Ministerio Público tuviera autonomía en las instrucciones y no tener que depender de intermediarios. No obstante, la Corte rechazó ese pedido y la respuesta del jefe de fiscales fue señalar a las autoridades de “atrasar el reloj de la historia”.

Si bien los conflictos que tensaron la cuerda fueron varios, algunos vieron la luz de lo público. Uno de ellos fue el de un médico forense que fue señalado como el responsable de poner en riesgo la donación de órganos de un paciente del Hospital Rawson. Acorde había manifestado Quattropani, el profesional se negó a prestar colaboración en el procedimiento de ablación de los órganos de una víctima de un homicidio y, por tanto, le solicitaba a la Corte que fuera sancionado. Esto sucedió en agosto de 2022.

Más cerca en el tiempo, la tensión se vio reflejada en un caso de alto impacto. Fue en la causa de Lucía Rubiño, cuando el fiscal Iván Grassi requirió una nueva pericia accidentológica del hecho para plantear la instrucción desde la perspectiva del segundo conductor implicado, Juan Pablo Echegaray. No obstante, el cuerpo forense se negó a realizarla otra vez y Grassi debió pedir colaboración al Ministerio Público de Mendoza, que designó un equipo para llevarla adelante.

El último episodio en el que quedó clara la tirantez fue -en febrero de este año- durante el acto de inauguración las obras de ampliación en las instalaciones del Complejo Científico Forense, pues se registró la ausencia de los miembros de la Fiscalía General. A pesar de que las máximas autoridades estuvieron presentes, junto al ministro de Salud Amilcar Dobladez y a la ministra de Gobierno, Laura Palma, ni un ayudante fiscal se presentó en el evento.

El vacío fue contundente y desde las entrañas de la Fiscalía General no negaron el mensaje e insistieron con que resultaba intolerable que las pruebas científicas quedaran en manos de personal dependiente de la Secretaría Administrativa (a cargo de Javier Vera), con el argumento de que el manejo de las mismas formaban parte de la tarea de investigar de los fiscales.

Ahora, con diez meses encima, la muerte del 'Jefe' y la histórica designación de Baigorrí en su lugar, la polémica parecería haber terminado. Con una impronta dialoguista, quien asumió al frente del Ministerio Público acercó posiciones con la Corte no sólo con la cuestión de fondo, sino también con la forma por cómo lo hizo. Es que, además de suprimir las directivas que incomodaban a la máxima autoridad, dejó en claro que el cuerpo depende sólo de la misma. No una sino dos veces aclaró -en su resolución- que el Complejo Científico le pertenece a la Corte de Justicia.

Lejos de pedir una auditoría, como lo hizo Jimmy para la Oficina Judicial, o de quejarse por los horarios de las UFI, como también lo hizo con Flagrancia, Baigorrí advierte una postura más conciliadora que la de Quattropani, que mantenía cruces constantes. Las primeras reformas, según fuentes consultadas, habrían sido bien recibidas por el personal, colocando refuerzos donde era necesario. Mientras tanto, con las altas esferas la paz comienza a reinar.