Médicos vs. fiscales, el primer enfrentamiento de la gestión Baigorrí
Tras las condenas por mala praxis, un sector de los profesionales de la salud se mostró crítico con el accionar judicial y, ante las diversas expresiones públicas, el ente que representa a los fiscales salió al cruce.
A menos de dos semanas de la asunción de Guillermo Baigorrí como Fiscal General de San Juan, el sistema de justicia y el sector médico protagonizan el primer enfrentamiento público de esta nueva etapa institucional. La tensión estalló tras la condena por homicidio culposo a la obstetra Daniela Saldívar y derivó en una inédita seguidilla de comunicados, primero de entidades médicas y luego de las fiscalías, que exponen el clima de creciente desconfianza entre ambos sectores.
El episodio configura el primer desafío político-judicial para Baigorrí, quien juró el pasado 19 de noviembre al frente del Ministerio Público. Su llegada a la Fiscalía General, tras la muerte de Eduardo Quattropani, representó un cambio de era y una nueva impronta en la conducción; la que habría iniciado con algunos chispazos con los profesionales de la salud.
El 26 de noviembre, Saldívar fue condenada a un año de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación profesional por la muerte de un bebé luego de un parto que se complicó. La sentencia reavivó un viejo debate sobre la judicialización del acto médico y detonó la reacción corporativa del sector.
Es que, a una semana del fallo, la Asociación de Obstetricia y Ginecología de San Juan (ASOG) manifestó su “profunda preocupación” por el impacto de la condena en la práctica profesional. En un documento extenso, la entidad reclamó que el análisis de los actos médicos se realice “con objetividad, seriedad técnica y pleno respeto a los procedimientos”, alertando que evaluaciones parciales generan una “inquietud legítima” entre los especialistas.
ASOG insistió en que la ginecología y la obstetricia son áreas con escenarios clínicos “dinámicos, urgentes y muchas veces imprevisibles”, donde las decisiones se toman bajo estándares científicos pero en contextos cambiantes. Por eso, pidió al Ministerio de Salud reforzar protocolos, marcos de resguardo institucional y mecanismos de apoyo profesional. También llamó a los medios y a la sociedad a actuar con prudencia para no erosionar la confianza en el sistema sanitario.
En paralelo, el Sanatorio Argentino, institución donde trabaja la médica condenada, respaldó públicamente a Saldívar, destacando su “ética, calidad humana y sólida formación científica”. La entidad subrayó que la medicina “no es una disciplina exacta” y que cualquier valoración debe hacerse con “rigor técnico y respeto por el debido proceso”.
La réplica llegó más tarde desde el Consejo de Fiscalías y Asesorías (CONFIAS), que salió a defender el trabajo del Ministerio Público ante lo que consideró cuestionamientos infundados sobre una supuesta criminalización del ejercicio médico. El comunicado marcó un quiebre en la tensión institucional:
“Nadie es juzgado por ser médico y cometer un error, sino por apartarse de las reglas mínimas que preservan la vida, obrando con negligencia o impericia”, afirmó la entidad que recibió con los brazos abiertos a Baigorrí, con una bienvenida oficial y una invitación a la cena de fin de año del organismo conducido por Laura Romarión y Cristian Catalano.
CONFIAS también expuso datos para relativizar la idea de una persecución penal hacia el sector: de 98 denuncias por mala praxis ingresadas desde la implementación del sistema acusatorio (2021), solo tres llegaron a juicio. En todos esos casos, aseguraron, se concluyó que existió un apartamiento grave de los estándares profesionales.
El texto buscó llevar calma al ámbito sanitario, pero al mismo tiempo reivindicó el deber de los fiscales de investigar no solo a médicos, sino a cualquier profesional cuyo obrar negligente afecte bienes jurídicos protegidos.
Aunque el comunicado no mencionó explícitamente a Baigorrí, la posición del organismo se interpreta como el primer gesto de firmeza en la nueva conducción del Ministerio Público. El conflicto dejó expuesta una tensión preexistente entre la Justicia penal y los profesionales de la salud, que se profundizó con el caso Saldívar y ahora obliga al flamante Fiscal General a gestionar un clima sensible desde el inicio de su mandato.
Por su parte, Baigorrí, que se reunió el mismo día que asumió en el cargo con los fiscales coordinadores de las unidades fiscales y del Tribunal de Impugnación, dio sus primeros pasos con pedidos de informes y estadísticas para conocer el estado actual del Ministerio Público y este martes tuvo uno de sus primeros encuentros oficiales.
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Baigorri y el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, protagonizaron la reunión con el objetivo es avanzar en un esquema articulado que permita mejorar la gestión, así como también la modernización institucional y el flujo de información para la toma de decisiones, según señalaron fuentes oficiales.
