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SUSCRIBITEOcurrió durante el mediodía de este martes. Varios patrulleros llegaron al lugar. Hay acusaciones por enfrentamientos entre primos que residen en el inmueble céntrico.
La conflictiva casona usurpada de Avenida Rawson, entre Córdoba y General Paz, volvió a quedar en el centro de un grave episodio policial. Según informaron fuentes policiales a este diario, durante el mediodía de este martes se registró una fuerte disputa que terminó con más de 20 detenidos, acusadas por amenazas agravadas por el uso de armas de fuego.
De acuerdo a las primeras versiones, todo habría surgido por una pelea entre familiares que residen en el lugar -aparentemente dos primos- y que mantienen un conflicto de vieja data por la ocupación del terreno. Las mismas fuentes indicaron que el enfrentamiento original habría ocurrido semanas atrás y que este martes se reavivó cuando la familia de uno de los detenidos acusó a otro de los residentes de vender pertenencias que no le correspondían.
Ante la tensión creciente, varios patrulleros de la Comisaría 3ª llegaron hasta la casona, junto con personal de Policía Científica y de la Unidad de Abordaje Territorial, quienes trabajaron durante gran parte de la tarde en el interior del inmueble.
La propiedad, una antigua casona que lleva meses envuelta en conflictos, ya había sido epicentro de hechos graves. El 21 de febrero de 2024 se realizó allí un allanamiento que generó enorme conmoción entre los vecinos, quienes venían denunciando que la vivienda se había transformado en un auténtico “aguantadero”.
En aquel momento salió a la luz la denuncia de una joven mayor de edad, quien aseguró en la UFI CAVIG que había sido abusada sexualmente por su concuñado mientras se encontraba acostada dentro de la misma casa. El caso derivó en la intervención de la Justicia: el juez de Garantías Alberto Caballero ordenó un mes de prisión preventiva para el acusado, medida dictada para evitar que la investigación fuese entorpecida.
Fuentes judiciales calificaron entonces el expediente como “vidrioso” y remarcaron que se habían tomado varias medidas para determinar si el hecho denunciado había ocurrido.
El allanamiento de febrero también había sido impulsado por el Primer Juzgado de Faltas, tras reiteradas denuncias de los vecinos, quienes afirmaban que la casona se encontraba usurpada, que allí vivían al menos 30 personas y que el lugar se había convertido en un foco permanente de conflictos. Según comentaron en aquella ocasión, la propiedad pertenecía originalmente a un hombre que falleció y, tras su muerte, quedó a la deriva.