Los docentes de San Juan pidieron formalmente ayuda al Gobierno Provincial para poder afrontar una deuda generada por impuestos nacionales, una situación que, según el asesor legal de la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP), Daniel Persichella, representó un "golpe durísimo en su bolsillo" para un sector de los trabajadores de la educación, alrededor de 600 maestros sanjuaninos.
Persichela explicó que el escenario se origina a raíz de una acción de amparo iniciada el año pasado por CTERA, la cual logró de inmediato una medida cautelar que ordenó la suspensión de la retención del impuesto a las ganancias sobre los salarios docentes. La causa judicial siguió su curso, pero sufrió dos eventos centrales. Primero, por una discusión de competencia planteada por el gobierno, el caso fue retirado del fuero laboral y trasladado al contencioso administrativo federal. En un segundo paso, el contencioso administrativo federal, que suele tener una mirada más "proclive al derecho típico del poder, que es el derecho administrativo", resolvió rechazar el amparo, lo que consecuentemente hizo caer la cautelar.
El abogado de UDAP señaló que el rechazo del amparo se produjo sin llegar al fondo de la discusión, que es determinar la constitucionalidad o no de las normas que imponen el cobro del Impuesto a las Ganancias en los sueldos. Una vez rechazada la acción, se notificó al Gobierno de la provincia, que actúa como agente de retención, que lo no retenido debía ser cobrado.
Aquí surgió una fuerte diferencia de criterio en la provincia, según dijo Persichella en diálogo con Canal 13 San Juan. A pesar de que el fallo judicial no decía en ningún lugar que la retención debía ser aplicada de manera retroactiva, el Ministerio de Hacienda entendía que iba a descontar retroactivamente.
La posición del gremio, que se debatió con Asesoría Letrada, Fiscalía de Estado y el representante del Contador General de la provincia, es que el gobernador debía preguntar primero, solicitando lo que se llama "aclaratorias o precisiones". Esto, dado que el principio general en derecho es que la retroactividad no es lo común. La virtud de esta pregunta era dar tiempo para encontrar "soluciones más humanas". Sin embargo, el Ministerio de Hacienda no admitió este criterio como autoridad en la materia y avanzó con la retención, lo que generó el masivo impacto en los salarios docentes el pasado sábado.
En San Juan, se estima que este problema está afectando a aproximadamente 600 trabajadores de la educación. Estos docentes son quienes superan el mínimo no imponible y se ven impactados por el descuento. Si bien el impuesto afecta a personas que tienen un salario más importante, a nivel nacional, la realidad actual muestra que comienza a pagar Ganancias cualquier persona que supere "los 2 millones y pico o 3 millones y pico", se lamentó Persichella. Destacó que estos montos, ya sean para una persona soltera o casada, "no se puede decir que son altos sueldos".
La alta alícuota en Argentina es lo que genera un impacto de tal magnitud, con la posibilidad de llegar a descuentos de hasta el 35% del salario bruto. De hecho, se conoció el caso de una docente que, de un sueldo de 3 millones de pesos, percibió solamente 700.000 pesos debido a descuentos normales más el retroactivo por Ganancias cobrado por ARCA (la autoridad de retención).
Ante el "impacto tremendo" que ha generado la aplicación retroactiva del impuesto, el gremio pidió auxilio al gobernador Orrego. El pedido apunta a que, si bien se reconoce que los trabajadores deben devolver lo adeudado, el gobierno provincial encauce esta restitución por la vía de un préstamo por la Caja de Acción Social, de carácter excepcional. La operatoria propuesta consiste en que el trabajador iría devolviendo esta suma en el marco de los préstamos sociales. El objetivo de este mecanismo es amortiguar el impacto del cobro masivo y retroactivo que afectó gravemente sus ingresos previsibles. Persichella reconoció que esta solución tiene un componente político, y el gobernador deberá tomar una decisión al respecto.
Respecto a la continuidad de las acciones legales, Persichella señaló que hay dos caminos posibles, especialmente porque el amparo original fue rechazado por una cuestión formal de legitimación y no se expidió sobre el fondo de la cuestión (la constitucionalidad o no del impuesto).
El primer camino que está evaluando CTERA (que inició la acción original) es ir por una nueva acción legal superando o resolviendo el inconveniente formal de la legitimación, buscando así que la justicia se expida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias. Esta acción podría ser planteada por CTERA por los derechos colectivos de los trabajadores. La segunda opción es que el docente afectado de manera individual inicie una acción judicial para buscar la declaración de inconstitucionalidad del cobro. Persichella, si bien no compartió la decisión del rechazo formal del juzgado contencioso administrativo, expuso ambas opciones como viables para que la discusión llegue al fondo.
La respuesta de Orrego
Ante esta crisis económica en los bolsillos de los educadores, el gobernador Marcelo Orrego no descartó la posibilidad de brindar ayuda a los docentes, aunque se mostró cauteloso respecto a la definición. Orrego explicó que la decisión será tomada por su equipo, señalando que: "es una definición que lo va a tomar el Ministro de Hacienda, seguramente con todos los resortes que nos da la Administración Pública, y si se puede hacer, bienvenido sea".
No obstante, el mandatario hizo hincapié en la necesidad de un análisis riguroso antes de cualquier acción concreta. El gobernador concluyó su postura indicando que lo que no desea es precipitarse, afirmando: "Ahora, lo que no quiero decir es emular algo que por ahí se está trabajando en un diagnóstico, un análisis, y después procederemos".
Desde qué monto se paga Ganancias en noviembre
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