Después de que el Fiscal General pidiera que se realice una auditoria a la Oficina Judicial Penal, frente a las sospechas de irregularidades en la designación de tribunales en diversas causas y que el hecho generara polémica por las severas consecuencias que ello podría representar, como sentencias caídas en el peor de los escenarios, fuentes judiciales confirmaron que la investigación interna está "en proceso".
Si bien se desconocen detalles de la misma, sobre qué puntos se revisarán y cuáles son los plazos estipulados (no los habría), lo que hasta el momento trascendió es que inició y está en manos de la Sala de Superintendencia, integrada por Adriana Garcia Nieto, Guillermo De Sanctis y Marcelo Lima.
Por su parte, Eduardo Quattropani fue consultado sobre el comienzo de la auditoría que le solicitó a la Corte de Justicia y que pone bajo la lupa a la oficina que dependen de la Secretaría Administrativa y su respuesta fue que "nada notificaron sobre el inicio".
A través de declaraciones mediáticas de algunos miembros de la Sala que ejecuta la investigación, se supo que no se hizo participar del proceso a la Dirección de Control de Gestión y Auditoría, también dependiente de la Secretaría Administrativa. Esto, acorde manifestaron, se decidió en función del pedido del Fiscal General.
Otro dato que vio la luz es que los cortistas serán garantes de la tarea que hagan los colaboradores, los cuales tienen por delante el análisis de cientos de casos que fueron resueltos desde 2021 al 2023.
En las últimas semanas, la auditoría de la polémica volvió a ser noticia con el requerimiento que hicieron los abogados penalistas mediante la asociación que los representa. Es que su presidente, Fernando Castro, le solicitó a la Corte participar de alguna manera con la revisión de algunos puntos. En una presentación formal, ASAP pidió que se enumeren los casos de violencia de género que fueron tratados durante la feria judicial con la intención de demostrar que en un conocido caso se estaba haciendo diferencia con un imputado y se evidenciaba cierto abuso de poder de parte de la estructura judicial.
Se trata del caso contra Mario Parisi, el que originó una nueva puja entre defensa y fiscalia por tramitarse en feria judicial. Finalmente, la causa se postergó para cuando retorne la actividad regular a Tribunales para evitar conflictos futuros y desde la Asociación manifestaron que, aunque el planteo fue recibido por la Corte, hasta el momento no fueron notificados de nada.
El máximo órgano de Justicia en San Juan dispuso la auditoria de la repartición comandada por el secretario administrativo Javier Vera, tras la denuncia de sospecha que hizo la cabeza del Ministerio Público sobre presuntas irregularidades en los sorteos de jueces para la integración de los tribunales de juicio desde que inició el Sistema Acusatorio hasta el 2023. A partir de ello, hubo quienes, en el terreno de las especulaciones, dejaron la puerta abierta a una posible catarata de pedidos de nulidades y peor aún, de causas caídas.
Por otro lado, hubo abogados que le bajaron el tenor a la polémica y se animaron a anticipar que las consecuencias sólo se darían en la esfera de lo administrativo.