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SUSCRIBITELa Corte de Justicia de San Juan hizo lugar al pedido del Fiscal General de la Provincia, Eduardo Quattropani, que tiene serios cuestionamientos a cómo se designaron los jueces que intervinieron en juicios durante 2 años. Habrá investigación interna.
La Corte de Justicia de San Juan investigará la designación de jueces en los tribunales que intervinieron en juicios entre el año 2021 y 2023 en la provincia. Lo hará a pedido del Fiscal General, Eduardo Quattropani, que lanzó fuertes cuestionamientos porque duda si esas designaciones se realizaron según lo estipulado por ley o hubo una grave falta en el procedimiento.
Si bien fuentes judiciales aseguran que este pedido no apunta a cuestionar los fallos judiciales, en caso de demostrarse que los magistrados estuvieron designados por fuera de la norma, el resultado de la investigación podría convertirse en una herramienta para que abogados defensores cuestionen las sentencias dictadas por esos tribunales entre el 2021 y el 2023.
En otras palabras, Quattropani pone en el centro de la escena y cuestiona la labor del secretario Administrativo de la Corte, Javier Vera. De quien depende directamente la Oficina Judicial, encargada de armar los tribunales para cada juicio.
Para garantizar la transparencia en los procesos judiciales, la ley establece que los jueces de los tribunales deben ser designados por sorteo, entre todos los magistrados pertenecientes al Colegio de Jueces y Jueces de Impugnación. Además, una vez elegido el tribunal, también se sortea quién será el presidente del mismo para cada juicio.
Sin embargo, Quattropani sospecha que esa designación no se hizo bajo la norma y que fue la Oficina Judicial Penal dependiente del secretario Administrativo, Javier Vera, quien designó a los jueces según horarios y cuestiones administrativas que nada tienen que ver con lo estipulado por la ley, poniendo en riesgo la transparencia en el servicio de Justicia para los sanjuaninos.
En el pedido que el Fiscal General envió a la Corte, además pide que la investigación interna se haga dejando de lado a la oficina de Vera para así garantizar "la objetividad del proceso”.
Así las cosas, las consecuencias podrían devenir en graves sanciones para Vera y quien haya autorizado un cambio en el mecanismo designación de jueces.