La relación política en Angaco se volvió a tensar con una dupla de dirigentes que ya tuvo encontronazos. Ahora, tras la decisión del ex concejal José Risueño de llevar a la Justicia al actual intendente, José Castro (PJ). El ex edil formalizó una denuncia penal por los delitos de injurias y calumnias, motivada por las expresiones del mandatario municipal durante la última semana de abril y la primera de mayo. Según consta en la presentación judicial, la demanda se fundamenta en las “manifestaciones falsas, injuriantes y calumniosas vertidas públicamente en diversos medios de comunicación”, a través de las cuales el intendente habría vinculado a Risueño con actos de corrupción y un supuesto manejo irregular de fondos públicos.
En el detalle de la denuncia, Risueño sostiene que Castro lo acusó en diversos medios locales de ser partícipe de hechos irregulares en la tesorería municipal entre los años 2017 y 2019. Ante esto, el querellante aclaró que en dicho periodo se desempeñaba como concejal y se encontraba gozando de una licencia, por lo que resultaba imposible que cumpliera tareas en la oficina de tesorería. Además, Risueño remarcó que estos dichos atentan contra su reputación y buen nombre, negando terminantemente estar siendo investigado por actos de corrupción o manejo indebido de fondos en la actualidad.
Este enfrentamiento se da en una extensa historia de conflictos y denuncias cruzadas que marcan la política angaquera en los últimos años. Si bien ambos fueron aliados inicialmente e incluso Risueño ingresó al Concejo Deliberante en 2015 bajo la lista de Castro, la relación se rompió drásticamente dando paso a la formación de bloques opuestos. Uno de los puntos de mayor quiebre ocurrió en octubre de 2019, cuando Risueño, desde la presidencia del Concejo, impulsó la suspensión de Castro por el presunto uso de maquinaria municipal en propiedades privadas, medida que luego fue revertida por la Justicia.
La situación judicial de Castro también suma complejidad al escenario departamental, ya que el intendente se encuentra imputado en otra causa por malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Este proceso ha tenido idas y vueltas judiciales, incluyendo un polémico intento de los concejales oficialistas por avalar una ordenanza que permitía a Castro evitar el juicio a cambio de un aporte económico a Cáritas, maniobra que fue denunciada como ilegal por la fiscalía de Cámara al considerarla una dilación innecesaria del proceso principal. Con esta nueva querella, la batalla legal entre los antiguos aliados sumó un nuevo expediente que promete profundizar la fractura política en el municipio.
