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SUSCRIBITELos letrados explicaron por qué pidieron formar parte de la polémica auditoría que solicitó Eduardo Quattropani e insistieron con las irregularidades que se produjeron en la causa contra Mario Parisí.
Después de que el defensor de Mario Parisí cuestionara a la fiscalía y a la jueza de Garantías por llevar adelante una audiencia sin su presencia y definir que la causa fuera tramitada durante la feria judicial, razón por la que dejó la puerta abierta al pedido de un jury, y luego de que la entidad que representa a los fiscales tildara de infantiles sus argumentos y pidiera evitar las "amenazas", Abogados Penalistas salieron al cruce una vez más.
A través de un comunicado oficial, el organismo que nuclea a los abogados reafirmó los dichos de su presidente, Fernando Castro, sobre las irregularidades que se cometieron en el expediente judicial y se lamentó que otras instituciones no se unieran a su reclamo, pese a las supuestas gravedades que señaló.
"Esta Asociación considera que ninguna audiencia puede llevarse a cabo sin la participación del imputado y su defensa técnica y tampoco puede habilitarse la feria judicial para el trámite ordinario de una causa ya abierta, sea en contexto de género o en cualquier otro, sin lesionar el principio de igualdad ante la ley", sostuvo y agregó: "Se insiste en que estas anomalías están absolutamente prohibidas por el propio sistema".
El Consejo de Fiscalías y Asesorías de la provincia había publicado un duro comunicado, en el que pedía cautela, que se respetaran los procesos y que se evitaran las "amenazas", por lo que los penalistas arremetieron: "No es infantil reclamar el respeto de la Constitución y la leyes que ampara a cualquier ciudadano contra el ejercicio arbitrario del poder del Estado. ASAP AC nunca amenazó a magistrado o funcionario alguno en su reclamo".
Este medio interpretó que las expresiones de Castro, defensor de Parisí y líder de ASAP, presionaron el accionar del fiscal Roberto Ginsberg, ya que el representante del Ministerio Público solicitó que la causa no se tratara en feria, sino en actividad judicial regular para evitar futuros planteos de nulidades.
En sus declaraciones, en una conferencia de prensa que se dio en el café situado frente a Tribunales, el defensor también pidió intervenir en la polémica auditoría a la Oficina Judicial, impulsada por Eduardo Quattropani, con el requerimiento de puntos a revisar y con el objetivo de demostrar que se hacía una diferencia con su patrocinado.
La Asociación de Abogados pedía que, además de lo señalado por el jefe de los fiscales, se relevara cuántas causas por violencia de género habían sido tratadas durante una feria judicial para ser elevadas a juicio para probar su punto. Por el momento, se desconoce si la Corte de Justicia hará lugar al planteo, aunque desde la propia ASAP advirtieron que sus intenciones no fueron motivadas "por la causa Parisí, sino por las graves irregularidades que allí se produjeron y que podrían repercutir en el desenvolvimiento futuro del sistema acusatorio, vigente en la provincia".
La Comisión Directiva de ASAP AC en pleno, comunica a la sociedad en general que, la presentación formal ante la Excma. Corte de Justicia de la provincia, no lo fue por la causa Parisí, sino por las graves irregularidades que allí se produjeron y que podrían repercutir en el desenvolvimiento futuro del sistema acusatorio, vigente en la provincia.
En efecto, esta Asociación considera que ninguna audiencia puede llevarse a cabo sin la participación del imputado y su defensa técnica (art. 209 del CPP) y tampoco puede habilitarse la feria judicial para el trámite ordinario de una causa ya abierta, sea en contexto de género o en cualquier otro (art. 116 de la ley orgánica de tribunales), sin lesionar el principio de igualdad ante la ley y el debido proceso legal. Se insiste en que estas anomalías están absolutamente prohibidas por el propio sistema.
Lamentamos que otras instituciones vinculadas a la justicia no hayan acompañado este reclamo, a pesar de la gravedad de sus implicancias para el sistema legal. No es infantil reclamar el respeto de la Constitución y la leyes que ampara a cualquier ciudadano contra el ejercicio arbitrario del poder del Estado.
ASAP AC nunca amenazó a magistrado o funcionario alguno en su reclamo, lo que sí afirma enérgicamente es la voluntad de utilizar todas las herramientas que brinda el sistema constitucional vigente para la preservación de los derechos amparados en las garantías constitucionales, aunque eso implique hacer uso de la institución del Juicio Político, en cualquiera de sus formas, para preservar el equilibrio legal mediante la denuncia de cualquier tipo de abuso y arbitrariedad.
El sistema acusatorio no puede actuar discriminando a imputados ni a presuntas víctimas. No existen víctimas de primera y de segunda categoría. Todas, sin excepción, deben recibir la misma respuesta del aparato judicial, independientemente de la calidad de sus protagonistas.
ASAP AC insistirá con su planteo ante la Corte de Justicia con la finalidad de comunicar a la comunidad sanjuanina si el sistema acusatorio es verdaderamente adversarial, si protege por igual a todos los ciudadanos lesionados en sus derechos y si verdaderamente los magistrados y demás funcionarios, están a la altura de este momento histórico.