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SUSCRIBITELos abogados dijeron que la audiencia en la que se habilitó la "feria judicial" para la causa fue ilegal y, por ello, pusieron el ojo en el accionar de la Ofician Judicial que lo aprobó. Es la misma repartición que está siendo auditada por la Corte a pedido de la Fiscal General.
Luego de que la Justicia habilitara la feria judicial para que se lleve adelante la elevación a juicio en el caso contra Mario Parisí, ya que ello se vio interrumpido por un sorpresivo accidente del imputado, la defensa del funcionario judicial acusado por violencia de género pegó el grito en el cielo y, no sólo calificó el acto como irregular, sino que se metió de lleno en la polémica auditoría que solicitó el Fiscal General.
El abogado Fernando Castro cuestionó el procedimiento que fue aprobado por la Oficina Judicial, la cual fijó una audiencia a pesar de que los defensores de Parisí habían advertido que no podían estar presentes. Aún así, la misma se desarrolló y, en ella, la jueza Gema Guerrero dio lugar al pedido del fiscal Roberto Ginsberg de que el caso siguiera tramitando durante la feria judicial.
Este hecho molestó a la defensa, que aseguró este lunes por la mañana -en conferencia de prensa- que se trató de una ilegalidad. Además de criticar la actitud de las autoridades, aseguró que se violó el artículo 209 del Código Procesal Penal, que exige la presencia de todas las partes para que una audiencia se realice.
Castro argumentó: "El mismo día a las 9 de la mañana nos informaron de la audiencia fijada para el mediodía, pero ninguno podía asistir. Yo estaba en Marquesado por una causa del fuero federal (esperaba por la declaración de Gustavo de la Fuente) y Nasser Uzair tenía un problema de salud. Sin embargo, la audiencia se hizo".
Agregó que tampoco Parisí podía dar el presente, dado que estaba con reposo de 72 horas en vigencia. "Si hubiera podido, habría asistido y habría designado a una nueva abogada (Ivana Salas). Por eso decimos que fue irregular", indicó sobre el caso que retomará el próximo 10 de julio.
Frente a esta situación de supuesto perjuicio y en su rol de presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, Castro le solicitó a la Corte de Justicia participar de auditoría que el propio Eduardo Quattropani impulsó, bajo la sospecha de ilegalidades cometidas por la Oficina Judicial.
Acorde detalló, lo que pidieron es que se revisen algunos puntos que no fueron tenidos en cuenta por el jefe de los fiscales en su petición. "Queremos que se determine qué cantidad de causas de violencia de género hubo desde el inicio del Sistema Acusatorio y cuántas veces fueron habilitados para la feria judicial", manifestó.
Si bien Castro admitió que el artículo 116 de la Ley Orgánica de Tribunales habilita la feria judicial para casos de violencia de género, dejó entrever que no habría motivación para ello. Es por eso que pidieron acceder a esos datos de la polémica auditoría.
El abogado señaló que no es casual y que habría una animosidad en contra de su cliente. "Es peligroso que todo un aparato apunte contra una persona, hay garantías constitucionales que deben ser respetadas y por eso pedimos la intervención del Foro de Abogados, como así también vamos a presentar una nota en la Secretaría Nacional de Anticorrupción para pedir que se constituya un veedor extrapoder que vele porque en la provincia se cumpla con la Constitución", añadió.
"Una cosa son las causas que se producen en contexto de feria y otra son causas abiertas y de casi tres años", sostuvo.
Quien realizó las expresiones en una conferencia en el café situado frente a Tribunales fue señalado por este caso como dilatador del proceso, tras las múltiples presentaciones que se llevaron adelante en 2 años y 8 meses que lleva el expediente, que no hicieron más que extender los tiempos, convirtiéndolo en la causa de dicha naturaleza más extensa de la nueva justicia.
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