En una decisión que generó sorpresa dentro del propio ámbito judicial, la Corte de Justicia anunció este miércoles 1 de abril la creación de un programa institucional de apoyo psicológico destinado al personal del Poder Judicial. La medida, oficializada mediante el Acuerdo General Nº 15/2026, pone en marcha el Programa de Salud Mental y Bienestar Psicosocial del Personal Judicial, una iniciativa que hasta ahora aparecía como una deuda pendiente en el sistema de justicia local y que estaba en los planes del ex Fiscal General, Eduardo Quattropani.
Si bien este diario había consultado a fuentes de la Fiscalía General por la cuestión pendiente y desde allí la respuesta había sido que no había una iniciativa formal al respecto, lo que hacía pensar que el proyecto había quedado relegado tras el cambio de conducción, finalmente, el máximo tribunal concretó y, por lo visto, también lo tenía en carpeta. Es que el apoyo psicológico era requerido por los trabajadores de la justicia sanjuanina.
Sin embargo, la Corte sorprendió al oficializar el programa con un anuncio que fue presentado como una política institucional destinada a mejorar las condiciones laborales y fortalecer el servicio de justicia. Según detalla la Acordada, la misión central del nuevo programa será la protección integral de la salud psicosocial del personal judicial.
A pesar de que el alcance es general, el foco principal estará puesto en los integrantes de los equipos técnicos interdisciplinarios, quienes por la naturaleza de su trabajo enfrentan una fuerte carga emocional y técnica en su labor diaria.
Los profesionales judiciales intervienen con frecuencia en situaciones de alta complejidad social y psicológica, como casos que involucran a personas con padecimientos mentales o escenarios de extrema vulnerabilidad. En ese contexto, el programa apunta a establecer un esquema institucional que incluya acciones preventivas, instancias de formación y acompañamiento profesional permanente.
La implementación técnica estará a cargo de las licenciadas Eliana García y María Gabriela Pérez, ambas con trayectoria en la Oficina Judicial de Familia y en el Equipo Técnico Interdisciplinario Móvil. Para su funcionamiento, el programa articulará acciones con la Secretaría Administrativa de la Corte y con las supervisiones de las Oficinas Judiciales.
La iniciativa toma relevancia en medio de un debate que ya se había instalado dentro del Ministerio Público, tal lo manifestaron fuentes de las filas del mismo. Durante los últimos meses de su gestión, Quattropani había manifestado a viva voz la idea de brindar asistencia psicológica a fiscales, ayudantes fiscales y agentes que trabajan con delitos de alto impacto emocional.
El proyecto apuntaba especialmente a quienes intervienen en investigaciones complejas, como las que se tramitan en la UFI ANIVI, donde a diario se abordan causas de abuso sexual contra menores y otros delitos graves.
Dentro del organismo reconocen que el desgaste emocional es una constante entre los investigadores. “Los operadores jurídicos intervienen en causas muy graves, como delitos contra la integridad sexual o casos con víctimas menores. Son temáticas muy complicadas”, había señalado públicamente Laura Romarión, presidenta del Consejo de Fiscalías y Asesorías de San Juan.
