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SUSCRIBITESi bien no se hizo referencia directa, con nombre y apellido, los integrantes del Ministerio Público cuestionaron el accionar de Fernando Castro, que advertía irregularidades en el caso contra el funcionario judicial acusado por violencia de género.
La causa contra Mario Parisí, el funcionario judicial acusado por violencia de género, sumó un nuevo capítulo con el inesperado enfrentamiento de los fiscales con la defensa del imputado. El motivo fue por los dichos de Fernando Castro, en conferencia de prensa, que influyeron en el desarrollo del caso y consiguieron que no se tramite durante la feria judicial.
A través de un comunicado oficial, el Consejo de Fiscalías y Asesorías -que no utilizó nombres propios, pero sí hizo referencia al escandaloso caso- criticó al defensor que señaló irregularidades en el proceso por ejecutarse una audiencia sin la presencia de todas las partes. Ante la repregunta de un periodista, Castro había dejado entrever la posibilidad de iniciar un jury contra la jueza de Garantías, María Gema Guerrero, por permitirlo y por tanto la entidad salió al cruce.
"La amenaza de un jury de enjuiciamiento contra una magistrada, del modo y por el motivo que se hace, debe ser calificado como 'un infantilismo jurídico', impropio de un auxiliar de la justicia", manifestaron los funcionarios del Ministerio Público.
También, por su rol como presidente de la Asociación Sanjuanina de Abogados Penalistas, Castro pidió formalmente a la Corte de Justicia intervenir en la polémica auditoría a la Oficina Judicial, impulsado por Eduardo Quattropani. Su finalidad, según explicó, era conseguir datos sobre el tratamiento de casos de violencia de género en feria judicial para saber si estaban haciendo diferencia con su cliente o no.
Frente a estas declaraciones y ante las presunciones de planteos de nulidad, la fiscalía representada por Roberto Ginsberg desistió de continuar la causa durante el "receso" de los judiciales y solicitó que la audiencia se retome cuando la actividad se regularice. El proceso es clave, ya que se dará la elevación a juicio después de 2 años y 8 meses de extensión.
Sobre ello, desde la organización de fiscales y asesores manifestaron: "La inconducta se agrava cuando se usa para un caso particular el ejercicio de un cargo asociativo por parte de un letrado o se 'amenaza' desbordadamente con la participación de terceros ajenos al proceso".