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SUSCRIBITEPese a contar con los votos, el orreguismo busca más consenso, pero no está dispuesto a ceder en la eliminación del sistema de licencias, como quiere el PJ. El debate seguirá este viernes y queda una extensa revisión y limar profundos desacuerdos de cara al tratamiento fijado para el 11 de diciembre.
Las comisiones se sentaron a debatir este miércoles la Ley de Transporte en Diputados.
Sigue el debate caliente en la Legislatura de San Juan con el proyecto de la nueva Ley de Transporte, una iniciativa sensible que busca reformar integralmente el sistema. Lejos de apaciguarse, el debate viene acumulando tensión durante semanas y, tras una reunión clave de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), el tratamiento de la norma se alarga, complicando el avance que el oficialismo pretendía.
Este miércoles, tras la reunión conjunta de las comisiones de Obras y LAC, el clima resultó ser más complicado de lo esperado. A pesar de que la sesión decisiva con tratamiento preferencial está fijada para el próximo 11 de diciembre, la discusión previa se trabó, logrando revisar solo hasta el artículo 30 de los 81 que componen el proyecto. Así, queda aún un amplio debate interno por resolver. Las comisiones acordaron retomar la discusión el viernes, enfocándose en el sistema de taxis, remises y aplicaciones de autos con chofer (como UBER y DIDI).
Este proyecto clave en San Juan busca actualizar la legislación que lleva muchos años y que ha quedado obsoleta frente a la realidad actual. Su principal objetivo es ordenar y regular la prestación del servicio público de transporte de personas y cargas.
La reforma impulsada por el oficialismo se presenta como una legislación innovadora, que según argumenta el orreguismo, está centrada en proteger y ofrecer el mejor servicio al usuario, abandonando el enfoque anterior centrado en los prestadores. Uno de los pilares más significativos de esta transformación es la eliminación del sistema de licencias, reemplazándolo por un sistema de registro digital. Este cambio busca terminar con un negocio que quedó concentrado en pocas manos y se prestó a manejos sospechosos, es decir, desvirtuar el problema histórico de alquiler y compraventa de licencias.
Adicionalmente, el proyecto introduce la regulación de las aplicaciones de movilidad (como UBER o DIDI), considerándolas "terceros de contactabilidad" y atribuyéndoles responsabilidad respecto al pasajero conforme al Código Civil y Comercial. También se propone dejar atrás la tarifa regulada para establecer una tarifa libre con carácter orientativo, permitiendo diferenciar el costo según la calidad del servicio.
El orreguismo, si bien asegura que el proyecto ya tiene su estructura final y que tienen los votos necesarios para la aprobación con la ayuda del Partido Bloquista que está dispuesto a apoyar, busca sumar consenso. Encabezan las discusiones los diputados Juan Córdoba que lidera LAC y Enzo Cornejo, que es el presidente de la Comisión de Obras. Desde el oficialismo dijeron a TIEMPO DE SAN JUAN que no se hicieron cambios de fondo, aunque sí se escucharon propuestas. Lo innegociable para el bloque orreguista es la eliminación del sistema de licencias, ya que constituye la esencia de la reforma impulsada por Marcelo Orrego.
Por su parte, la oposición, principalmente el bloque giojista San Juan Vuelve representado por el diputado Mario Herrero, insiste en que restan definir puntos sensibles y advierte que no permitirán que la iniciativa llegue al recinto sin las modificaciones que consideran clave. El PJ se opone a liberar totalmente el sistema y busca poner un tipo de cupo para evitar la inscripción masiva de cualquier persona. La oposición, de hecho, presiona para que convivan el sistema de licencias con el nuevo sistema de registro, un planteo que va contra la base de la ley oficialista. También se trabó la conversación en la intención del PJ de que las app de autos con chofer apliquen tarifa mínima como los taxis, la llamada "bajada de bandera", lo que contradice el funcionamiento de este sistema de transporte que funciona con precios acordes a la demanda del momento en todo el mundo.
Herrero viene diciendo que debe existir igualdad de condiciones para todos los prestadores del servicio -taxis, remises y aplicaciones-, lo que implica requisitos unificados como carné profesional, evaluaciones psicotécnicas y antigüedad del vehículo. La oposición argumenta que no puede desentenderse de la situación de los trabajadores ni caer en una "ley de la selva" que multiplique la precarización laboral.
El oficialismo apuesta a resolver el conflicto con algunos ejes del proyecto en la mesa de comisiones para llevar la ley al recinto el 11 de diciembre, mientras que la oposición, principalmente el PJ, mantiene la negativa a apoyar.
Las sugerencias planteadas por diversos diputados están siendo analizadas por el oficialismo para intentar buscar el mayor consenso posible. Por ejemplo, el diputado Franco Aranda, del Frente Renovador, sugirió correcciones de tipo legal, incluyendo la revisión del artículo 30, que versa sobre la requisa transitoria de vehículos en caso de caducidad de una concesión, para evitar litigiosidad futura.
Si las diferencias entre el oficialismo y la oposición, especialmente en temas como el sistema de licencias y la imposición de una tarifa mínima para las aplicaciones, no son conciliables, existe la posibilidad reglamentaria de elaborar más de un despacho, incluyendo un despacho en minoría. En tal caso, la pulseada final se resolverá en el recinto, donde se votará artículo por artículo, lo que si se da será una larga jornada de contrapuntos.
En el debate de comisiones participan los presidentes y oficialistas Juan de la Cruz Córdoba (LAC) y Enzo Cornejo (Obras y Servicios Públicos). También Franco Aranda, María Rita Lascano, Fernando Patinella, Federico Rizo, Alejandra Leonardo, Pedro Albagli, Marcelo Mallea, Marcela Quiroga, Fernanda Paredes, Ferreyra, Emilio Escudero, Juan Carlos Quiroga Moyano, Mónica González, Eduardo Cabello, Mario Herrero y Gabriel Sánchez.
Una vez que el proyecto sea aprobado, que el oficialismo da por sentado, se estima un período de transición de seis meses para su aplicación, ya que los actores del sistema necesitarán adaptarse a la nueva normativa. La ley establecerá un plazo de 120 días para su reglamentación.