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SUSCRIBITEEl debate contra un oficial y tres suboficiales de la Policía Federal comenzará en los primeros días de marzo. El juicio será presidido por el juez federal Hugo Echegaray.
Ya fijaron fecha para el juicio en el escandaloso caso de los cuatro policías de la Agencia Regional Cuyo de la Policía Federal acusados de robar $20.000.000 a un camionero de Salta durante un control vehicular ilegal en el paraje Vallecito. Todos ellos se encuentran detenidos desde el 26 de abril de 2024 y, en caso de ser condenados, podrían recibir una pena de hasta 15 años de prisión.
El oficial subinspector Matías Joaquín Barbeito, el sargento Gabriel Ángel Puca, el cabo primero Marcos Horacio Altamirano y el cabo Matías Leonel Vega Ante comenzarán a ser juzgados el 4 de marzo por el Tribunal Oral Federal, integrado por el juez federal Hugo Echegaray, el juez federal Daniel Doffo y un tercer magistrado a designar, confirmaron fuentes judiciales a TIEMPO DE SAN JUAN. La jueza federal Eliana Ratta deberá ser reemplazada debido a que ya tuvo intervención previa en la causa.
Los cuatro imputados eran miembros de la Brigada de Investigaciones de la Agencia Regional Cuyo de la Policía Federal, con sede frente a la Plaza 25 de Mayo. Hasta la fecha, llevan 1 año, 9 meses y 16 días detenidos. Actualmente se encuentran alojados en el penal de Chimbas, con prisión preventiva, imputados por el delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, y por tratarse de integrantes de una fuerza de seguridad, con abuso de autoridad, todo ello en calidad de coautores, según surge del documento al que accedió este medio.
De acuerdo con la reconstrucción del fiscal federal Fernando Alcaraz, los hechos se iniciaron en la noche del 23 de abril de 2024, cuando personal de la Policía Federal se presentó en el Control Fitosanitario de Vallecito, sobre la Ruta Nacional 141, y anunció que realizaría controles vehiculares. La presencia quedó asentada por los trabajadores del puesto sanitario, aunque no existía orden judicial ni comunicación previa a ninguna autoridad.
Ya en la madrugada del 24 de abril, alrededor de las 00.40, ingresó al control el camión Volvo conducido por Isaías Eusebio Arce, que viajaba desde Tucumán hacia Mendoza. Tras abonar el ticket sanitario y avanzar unos metros, el chofer fue interceptado por los efectivos, quienes le ordenaron detenerse a un costado del camino para revisar la cabina del vehículo.
Los policías inspeccionaron bolsos y compartimientos laterales y hallaron varias bolsas con dinero en efectivo. En total eran $31.000.000 que Florentino Condorí Carreño, propietario del camión, le había entregado a Arce para el pago de proveedores en la provincia de Mendoza.
Siempre según la acusación, el operativo derivó en una situación de intimidación. Los efectivos retuvieron el teléfono celular del chofer, accedieron a sus conversaciones privadas de WhatsApp y lo increparon con frases como “estás hasta las manos, no podés andar con tanta plata” y “estos traen algo más”, acusándolo de actuar como “puntero” por intercambiar mensajes con otros camioneros sobre el estado de la ruta, de acuerdo con el expediente.
En esas circunstancias fue que los policía le informaron que solo podía continuar viaje con $11.000.000 y que los $20.000.000 restantes serían secuestrados para ser puestos a disposición de un juzgado federal, declaró el chofer norteño. Para ello confeccionaron un acta sin testigos, sin firmas válidas y sin entregar copia, tomaron fotografías del procedimiento y se retiraron del lugar con el dinero, que nunca fue ingresado al circuito judicial ni policial, de acuerdo con el fiscal.
Al día siguiente, el 25 de abril de 2024, Florentino Condorí Carreño arribó a San Juan y se presentó en el Juzgado Federal para reclamar por el dinero retenido por los federales. En ese momento, las autoridades judiciales le confirmaron que no existía ningún procedimiento con el secuestro de grandes sumas de dinero, por lo que se le recomendó radicar la denuncia, hecho que dio origen a la investigación.
Los días 25 y 26 de abril ordenaron al personal de la Gendarmería una serie de allanamientos y las detenciones de oficial subinspector Barbeito, el sargento Puca, el cabo primero Altamirano y el cabo Vega Ante. En la etapa de instrucción, dos de los policías imputados declararon y sostuvieron que esa noche realizaban tareas vinculadas a una investigación previa y que nunca detuvieron un camión ni secuestraron dinero, mientras que los otros dos optaron por abstenerse de declarar.
Los policías son acusados del delito de robo, agravados por ser cometidos en poblado y en banda, y por tratarse miembros de fuerzas de seguridad, con abuso de autoridad.
Para la fiscalía, esas explicaciones quedaron completamente desvirtuadas por las pruebas incorporadas a la causa. En particular, los informes de geolocalización y tráfico de datos de los teléfonos celulares ubicaron a los cuatro policías en la zona del Control Fitosanitario de Vallecito durante el horario exacto en que ocurrió el hecho. También los comprometieron los testimonios de los empleados del puesto sanitario, que los vieron en el lugar junto al camión y señalaron que bajaron bultos. Además, ninguno de los imputados pudo dar una explicación coherente ni documentada que justificara su presencia allí.
El requerimiento de elevación a juicio es contundente. Según la acusación, se trató de un claro episodio de violencia institucional, en el que funcionarios armados del Estado simularon un procedimiento oficial para apropiarse de dinero ajeno, aprovechando el temor que genera un control policial nocturno en una ruta nacional. Ahora, todo ese entramado de pruebas, descargos y acusaciones se debatirá en el juicio oral y público que comenzará el 4 de marzo próximo y que, en caso de condena, podría significar penas de hasta 15 años de prisión para los cuatro federales.