El Ministerio Público, sacudido por tres casos de alto impacto en plena feria judicial

Es que un fatídico accidente, una mega estafa y una intensa búsqueda significaron que los fiscales y sus equipos de trabajo ofrezcan una inmediata respuesta frente a la gran demanda que las causas exhiben. A ello debieron acoplarse los jueces de Garantías de turno para la ejecución de las audiencias y el desarrollo de las instrucciones en cada UFI.

Durante el período establecido por el Acuerdo General Nº 133/2025 de la Corte de Justicia, que redujo el horario de funcionamiento del servicio de justicia a cuatro horas diarias (de 08.30 a 12.30), los tres hechos no sólo marcaron la agenda de los sanjuaninos, sino que también representaron un despliegue particular de los fiscales, que aún investigan para esclarecer los diversos acontecimientos.

El primero ocurrió el 17 enero, cuando un nene de 13 años cayó al Canal Benadivez y murió ahogado. El cuerpo de Pablo Tiziano Araoz Castellino fue hallado horas más tarde tras un importante operativo de rescate y, a partir de ello, inició una investigación que todavía no encuentra responsables en el hecho, pues se sospecha que alguien empujó al agua a la víctima fatal.

En principio, fue el fiscal Francisco Nicolía, de la UFI de Delitos Especiales, quien intervino para determinar si se trató de un crimen o un accidente. Sin embargo y ante la posibilidad de que un grupo de menores haya estado implicado en la secuencia, giró el expediente hacia la Justicia de Menores. Por ello, fue la jueza María Julia Camus la que tomó cartas en el asunto. La misma, hasta ahora, prefirió guardar silencio y no responder a las consultas de la prensa.

Por el hecho, la madre de la víctima de la tragedia se expresó en varias oportunidades apuntando contra los chicos que estaban junto a él en ese momento. La mujer, desconsolada por la situación, aseguró que su hijo jamás se habría lanzado al caudal porque le tenía miedo y, por tanto, no dudó en aseverar que había sido empujado por alguien más. Lo cierto es que, de confirmarse esa teoría, difícil resultaría que alguno de los sospechosos fuera juzgado, pues serían todos inimputables para la ley por ser menores de edad.

El segundo caso tomó trascendencia el 19 de enero, cuando un grupo de personas protagonizó un revuelo en las puertas de una concesionaria de venta de motos, situada en pleno centro sanjuanino. El violento episodio, que inició con reclamos de damnificados y que terminó con golpes a representantes de la empresa, destapó una ola de denuncias contra Branka Motors.

Como consecuencia de las denuncias por estafa, el fiscal Guillermo Heredia, de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos, implementó un sistema diferencial para recibir las presentaciones de las presuntas víctimas. Fue por eso que las denuncias debieron radicarse en las comisarías cercanas a los domicilios de los afectados.

Aunque las primeras quejas se hicieron en Defensa al Consumidor en noviembre de 2025, recién en enero de 2026 la justicia penal tomó acción en ello. Actualmente, son más de 160 los reclamos que recibió la entidad estatal y la cifra se advierte en aumento. Mientras tanto, en la UFI que investiga la supuesta defraudación, las presentaciones serían al menos 120.

El tercer caso tuvo lugar el 22 de enero, cuando cuatro hermanitos debieron ser buscados intensamente por las autoridades. La tía, que tiene la custodia provisoria de los menores denunció que habían sido secuestrados por los padres -de su casa de Santa Lucía- y tal aseveración derivó en un despliegue importante de las Fuerzas de Seguridad para dar con el paradero de los niños, ya que la sustracción de los mismos había sido en términos de total violencia, según la denuncia.

Personal de la UFI Genérica, a cargo del fiscal Tomás Plaza, organizó el operativo de búsqueda que finalmente debió suspenderse porque los nenes aparecieron sanos y salvos. La madre los regresó al hogar de transición y luego se marchó. Pese a la resolución, la causa fue derivada a la UFI CAVIG, donde el fiscal Roberto Ginsberg se metió de lleno y promovió la detención de los progenitores.

Por el momento, el expediente judicial caratulado como desobediencia de una orden judicial y amenazas agravadas por el uso de arma blanca no se resuelve y se espera que los aprehendidos sean imputados en la formalización de la causa, cuando sean acusados y se sienten frente al juez de turno.