La reciente aprobación del proyecto PSJ Cobre Mendocino en la Legislatura de Mendoza generó expectativas concretas en el sector minero de San Juan, donde empresarios y proveedores de servicios aguardan posibles convocatorias para participar en las futuras etapas de desarrollo. Desde la Cámara de Servicios Mineros (CASEMI), su presidente Juan Pablo Delgado aseguró que el avance de este emprendimiento abre una oportunidad real para que la experiencia acumulada por las firmas sanjuaninas pueda ser aprovechada en un nuevo polo de actividad en la región.
Delgado explicó que el impacto de un proyecto de esta magnitud no se limita a la provincia en la que se instala, sino que se extiende al resto del país a través de la cadena de valor. “Cualquier proyecto que se desarrolla en Argentina impacta en la actividad económica y en la industria minera en general. San Juan no es exenta de eso. Hoy no se discute si minería sí o minería no, sino cómo se hace minería”, afirmó. En ese sentido, remarcó que el histórico proyecto San Jorge -hoy bajo la denominación PSJ Cobre Mendocino- representa una oportunidad largamente esperada.
En el sector empresario sanjuanino, la expectativa está centrada en que futuras licitaciones, contratos de obras y provisión de servicios puedan incluir a empresas con base en San Juan. Según explicó Delgado, la provincia cuenta con un entramado desarrollado de proveedores, mano de obra especializada, logística, metalmecánica y servicios técnicos que se formaron al calor de grandes proyectos metalíferos en las últimas décadas. “Así como hoy existen empresarios de Mendoza que trabajan en San Juan, es lógico que las empresas sanjuaninas también puedan trabajar en Mendoza. Tenemos una mayor experiencia minera y eso nos permite desarrollar y aportar valor”, sostuvo.
La señal política que modificó el escenario regional se produjo este martes, cuando la Cámara de Senadores de Mendoza aprobó de manera definitiva la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto instalado en Uspallata. La iniciativa, impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo, obtuvo 29 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención, en el marco de una sesión extensa y tensa, marcada por movilizaciones sociales, vallados y un fuerte operativo de seguridad.
La votación representó un hecho inédito en la historia reciente de Mendoza. Por primera vez en casi 20 años, un proyecto de minería metalífera logró superar el cerco político impuesto por la Ley 7.722, que exige aval legislativo para este tipo de emprendimientos. El antecedente más cercano era el rechazo del proyecto San Jorge en 2011, un episodio que dejó una huella profunda en el debate público mendocino.
El tratamiento legislativo también dejó expuesta una fuerte fractura interna en el peronismo mendocino. Aunque inicialmente el bloque había anticipado su rechazo, cinco senadores decidieron acompañar la aprobación tras la incorporación de documentación técnica adicional al expediente, en particular informes del Departamento General de Irrigación. En contraposición, otros legisladores mantuvieron su postura en contra, al igual que representantes de fuerzas minoritarias.
En paralelo, el Senado mendocino también aprobó la Declaración de Impacto Ambiental para el bloque Malargüe Distrito Minero Occidental II, que incluye 27 proyectos de exploración, reforzando el giro pro-minero de la actual administración provincial y consolidando un paquete de iniciativas orientadas a reactivar la actividad extractiva.
Mientras en Mendoza se desarrollaban protestas frente a la Legislatura, con caravanas provenientes de Usspalata (sic) y del Valle de Uco, y una marcha denominada “Gesta Libertadora por el Agua” que unió más de 100 kilómetros de recorrido, en San Juan el foco estuvo puesto en el potencial impacto económico. Desde CASEMI sostienen que la aprobación de este tipo de proyectos puede generar una demanda significativa de servicios complementarios, transporte, maquinaria, obras civiles, alojamiento y provisión de insumos.
Delgado remarcó que el país necesita inversiones productivas y que cada proyecto que logra avanzar tiene efectos multiplicadores sobre el empleo y la economía regional. “Necesitamos inversiones. Que se desarrolle este tipo de proyectos significa que llegan capitales a la Argentina y eso ayuda a que la rueda empiece a traccionar”, señaló.
