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Análisis

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

Potentes repercusiones sobre lo que puede convertirse en el escándalo de la década: se pagan U$ 100 millones por una obra que no está. La cadena de responsabilidades y una reflexión sobre la información, insumo vital para la causa.

Por Sebastián Saharrea

Hay una anécdota de hace unas décadas que viene al caso. Ocurrió 30 años atrás, cuando este periodista en funciones en Diario de Cuyo reclamaba que los fiscales denunciaran una investigación que llevaba adelante el matutino. El jefe de los fiscales de entonces, Jimmy Quatroppani, sostenía que la ley sólo era mandatoria en el caso que el fiscal estuviera “en ejercicio de sus funciones”.

Entonces ahí ocurrió el episodio: tomé el diario impreso del día (con perdón de la autorreferencia y la primera persona), golpeé el despacho del funcionario y cuando pude entrar hice la primera pregunta: “señor fiscal, está usted en ejercicio de sus funciones?”. Difícil negarlo, horario de oficina y edificio público. Dejé el diario en el escritorio con el pedido: “haga lo suyo”. Jimmy hizo lo suyo, lástima que su ausencia no pudiera enriquecer la historia. Seguro, con algunas deformaciones producto de los 30 años en el medio, siempre sobrevolando el espíritu de las cosas: los periodistas informan, los funcionarios investigan. Aunque esos campos se superpongan y complementen siempre.

Hoy el imperativo legal es el mismo. Los funcionarios públicos –y en especial los fiscales, que representan al público- tienen el mandato legal de denunciar la eventual comisión de un delito. ¿Y cómo puede un funcionario enterarse de la posible comisión de un delito? La lectura de los diarios puede ser el camino más lógico. Este caso lo revela.

Así se dispararon los grandes casos de corrupción de pesan sobre el kirchnerismo. La causa Vialidad, por la que está presa Cristina, fue iniciada por la denuncia del funcionario Javier Iguacel al tomar contacto con documentación que comprendió sospechosa. Y la de Cuadernos, en base a la literatura de Centeno que encontró el periodista Diego Cabot y fue denunciado por el fiscal Carlos Stornelli de oficio cuando el colega lo puso en sus manos.

Cabe la reflexión entonces: si Marcelo Arancibia –el abogado denunciante de un caso que promete convertirse en el escándalo de la década más allá del futuro que le depare en la rosca de Tribunales- pudo enterarse de lo que estaba ocurriendo leyendo las notas publicadas en Tiempo de San Juan, cómo no pudo hacerlo algún fiscal por propia voluntad. Sin requerir los ahora valiosos servicios de Arancibia. Que los fiscales ni los funcionarios no leen Tiempo de San Juan es una respuesta posible, porque ningún otro medio escrito siguió los hechos al menos mínimamente.

Hay otro antecedente provincial sobre la escasa vocación a la denuncia ante presuntos hechos de corrupción. Opera en el escándalo de expropiaciones, donde un ex juez y hoy camarista Roberto Pagés LLoveras fue requerido por la querella, que le reprocha haber tomado conocimiento de un ilícito siendo magistrado, y refrenar el impulso al que es mandado por ley.

Arancibia es abogado, pero hizo la presentación en condición de ciudadano común. Vale decir que cualquier habitante que toma agua en San Juan pudo haberse visto afectado por la evidencia del peligro que afronta nada menos que la obra de provisión de agua potable a toda la sociedad. Para “el San Juan del millón de habitantes”, como rezaba la campaña para la ocasión.

Justamente Arancibia, quien en los tempranos años de Sergio Uñac en el gobierno había presentado una denuncia luego desestimada contra los funcionarios giojistas por la contratación de un seguro estatal entrerriano para los agentes públicos sanjuaninos, y apuntó a Lito Lima –brazo derecho de Gioja- y al lobista y ex diputado peronista Moisés Lara. Una denuncia que en ese momento había favorecido notablemente al bando uñaquista de la feroz interna peronista entonces en estado incipiente.

Ahora, Arancibia tomó nota de un contraste de suma gravedad ocurrida la semana pasada: estamos pagando el crédito y no tenemos ni cerca la obra. De tamaña dimensión es el escándalo. Hay que ponerle imaginación para pensar en algo peor: no es una obra de infraestructura del montón, un estadio o un teatro. Es la obra de agua potable, con caños ya colocados que dejan dudas, por el material y por la empresa proveedora. En Paren las Rotativas, el ministro Roberto Gutiérrez agregó el detonante: sin obra a la vista, ya se está pagando el crédito kuwaití de U$ 100 millones.

Luego, en su denuncia, Arancibia fue enumerando presentas irregularidades que se fueron conociendo a nivel periodístico sin que saliera de la esfera de un medio escrito (Tiempo), un streaming (Gastón Sugo Media) y un par de radios: Canales en Las 40 y Pájaro Benmuyal de Estación Claridad, ambos enjuiciados por Gustavo Monti –el sujeto en cuestión- por presuntas injurias cuando los periodistas desplegaron sus sospechas por un asunto público, que hasta acá fueron desestimadas en Tribunales.

Antes de la revelación del ministro, la investigación de Tiempo de San Juan había comenzado informando que la firma que proveyó los caños (Krah América Latina) tenía vínculos con el primo del gobernador Sergio Uñac, el empresario Gustavo Monti, presunción apoyada en un recibo de pagos por servicios prestados, y por testimonios de ex empleados que lo veían entrar y salir de la planta. Si bien no hay vinculación accionaria ni formal.

Luego, las notas de Tiempo llegaron a los directivos de la empresa que compitió y perdió con Krah esta millonaria licitación. Quienes indicaron que los pliegos de la licitación habían sido diseñados para favorecer a la empresa que finalmente la ganó. Ese valioso testimonio fue recogido fuera de San Juan por la jefa de redacción de Tiempo, Natalia Caballero, quien llevó adelante toda la serie de notas.

Incluyeron también el hecho de que había objeciones técnicas previas, advertencias de que los caños ofrecidos por Krah tenían deficiencias estructurales y no reunían los requisitos mínimos de seguridad. Dudas que, al menos, fueron verificadas por los hechos: hoy la obra está paralizada justamente hasta que se disipen esas dudas.

Pero los funcionarios de ese momento desoyeron las advertencias realizadas en la oferta técnica de la licitación, señala la denuncia de Arancibia con la documentación publicada en Tiempo, y avanzó a la oferta económica. Y allí se produjo un hecho aún más asombroso: al millonario contrato por los caños se lo quedó la empresa que había hecho la propuesta más cara. La vinculada con el primo de Uñac.

La gravedad de los hechos sólo presentándolos de ese modo fue advertida hasta por el propio involucrado, Monti. Quien en un posteo reciente, con un delay de meses desde el momento que se conoció, atacó la publicación de Tiempo de San Juan diciendo que la empresa que compitió contra Krah había quebrado y sus dueños (Sergio Taselli) participó de la causa Cuadernos. Al menos, extemporáneo, por decir lo menos. Sí reveladora: se expresa como si fuera parte del asunto, como si tuviera interés.

Embed - Gustavo Monti - DE ESTA FORMA EMPEZAMOS A DEMOSTRAR LA...

Acá es donde entra a jugar el alcance de la denuncia penal de Arancibia. Porque los presuntos delitos que pide investigar son los de negociaciones incompatibles, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, defraudación, dádivas y asociación ilícita. Son todos delitos aplicables a funcionarios públicos. Por lo tanto, tendría a Monti a salvo porque no lo es.

Es decir que los posibles delitos que identifica Arancibia podría recaer si avanza la denuncia sólo sobre funcionarios públicos del período 2015-2023. Y no a Monti, sobre quien sólo pesa la condición de primo y allegado de Uñac.

Si avanzara la presentación, la pregunta entonces sería delimitar a qué funcionarios de ese período podrían calzarle las objeciones penales. Y allí es donde resulta importante determinar qué delitos podrían imputarse, para determinar responsabilidades.

Si un fiscal o juez entiende que puede haber existido una red de funcionarios que bajaban órdenes sobre cómo direccionar una licitación o una operación de fraude al estado, que armó pliegos a medida, que desoyó informes técnicos y determinó ganadores a dedo como señala la denuncia de Arancibia, podría configurarse un caso de asociación ilícita. Que es el artículo 210 del Código Penal y endurece el castigo si es de 10 o más integrantes. Y que es la figura penal que sobrevuela en los grandes casos de corrupción nacional: en Cuadernos, es la acusación que pesa sobre Cristina; en Vialidad fue solicitada y desestimada, luego llegó a Casación y queda que resulta la Corte, aunque el fallo ya está firme.

Habrá que ver si avanza una asociación ilícita, en qué lugar corta la cadena un eventual avance de la causa. Si involucra a la cabeza de las decisiones ejecutivas, como ocurre en los citados casos nacionales y en este caso podría llegar hasta el mismo gobernador de ese momento (Sergio Uñac), o se delimita hasta funcionarios previos.

Siempre es bueno el condicionante expreso de si avanza la causa, que por ahora está en manos del fiscal Sebastián Gómez, quien deberá decidir si da impulso a la denuncia o la desestima. En un contexto muy particular: un sistema judicial delineado políticamente por el uñaquismo en todas las esferas penales, incluso los 5 actuales cortistas designados por el ex gobernador.

Hasta acá las especulaciones judiciales, cabe además una profesional. A las publicaciones llevadas por Tiempo que derivaron en la denuncia penal se sumó ahora el pleno del sistema. Lo calibraron como “diversas publicaciones periodísticas” sin nombre, que -nada caprichosa ni ocasionalmente- no incluyeron a muchos medios periodísticos que hoy lo invocan, y parecieron despertarse ahora a la novedad. Sin siquiera la gestualidad profesional de citar donde ocurrieron esos avances periodísticos que derivaron en la denuncia. Dicho de otra forma, sin esos avances periodísticos no existiría esa denuncia que hoy comunican sin más contexto. Un debate reducido a la dimensión de la ética profesional, pero valioso para tener en cuenta.

La denuncia de Arancibia está sustentada exclusiva y frontalmente en las publicaciones periodísticas de Tiempo de San Juan. El escrito incluye hasta el link a las notas. Eso no ocurrió por una selección arbitraria o discrecional, sino porque Tiempo fue el único medio escrito que sintió inquietud ante los aspectos que no cerraban de ese escándalo aún potencial, y lo plasmó en sus coberturas.

Hoy, ante el hecho concreto de una denuncia penal, el universo de los medios que en esos momentos soslayaron el valor de esas informaciones en sus agendas, lo consignan bajo los eufemismos de “publicaciones periodísticas” que no precisan, “varias notas citadas indicarían”. O “el ministro Gutiérrez afirmó” sin más detalle. Delicias de ir informando desde atrás.

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