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SUSCRIBITESebastián Dávila, habló a la denuncia penal presentada por Marcelo Arancibia basada en las investigaciones periodísticas de TIEMPO DE SAN JUAN, destacando que su intervención será "un complemento" para defender el patrimonio provincial en la causa que involucra al primo del ex gobernador Uñac.
El Fiscal de Estado de San Juan, Sebastián Dávila, confirmó la postura de su organismo frente a la reciente denuncia penal presentada por Marcelo Alberto Arancibia, basado en una investigación periodística de TIEMPO DE SAN JUAN, la cual se centra en la posible comisión de delitos contra la administración pública relacionados con el Acueducto Gran Tulum y la vinculación de la empresa Krah con un familiar directo del ex gobernador Sergio Uñac.
Dávila aseguró que, de verificarse y corroborarse las revelaciones hechas, aunque no sea necesario que esté "totalmente demostrado y acreditado", ante la sospecha de posibles delitos que afecten el patrimonio estatal, la Fiscalía de Estado "deberemos constituirnos como parte querellante en el proceso y aportar todo aquello que un querellante puede desarrollar en el proceso penal".
Al ser consultado sobre el alcance de la participación, el funcionario detalló este miércoles en diálogo con Radio Sarmiento que la función de la Fiscalía de Estado como querellante: "Medios de prueba, pedidos de informes, este distintas medidas que pueda creerse oportuno que se lleven a cabo". Dávila enfatizó que esta actividad es un "complemento, si se quiere, a la actividad del fiscal del Ministerio Público", quien es el director de la investigación y lleva la carga de aportar todas las pruebas necesarias para lograr una acusación. La parte querellante, al ser la afectada por el posible delito, puede aportar su "mirada y sus medidas de prueba que crea convenientes".
Además, el Fiscal de Estado aclaró que su función es "intervenir en defender los intereses del del Estado, sean o no patrimoniales", y que su participación no es espontánea, ya que la Fiscalía de Estado no tiene facultades para investigar por sí misma. Por lo tanto, deberán esperar a que el Ministerio Público Fiscal corrobore la denuncia y le dé curso a la investigación. Dávila anticipó que, debido a la complejidad del tema, "no es una denuncia de sencilla resolución, por lo cual va a llevar un cierto tiempo para su estudio y merituación".
La denuncia penal formulada por Arancibia surge de diversas publicaciones periodísticas realizadas por TIEMPO DE SAN JUAN. Estas investigaciones se enfocaron en una serie de hechos de gravedad institucional vinculados a presuntas maniobras ilícitas en las contrataciones de la obra del Acueducto Gran Tulum. Entre las principales acusaciones, que podrían configurar delitos como malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación al Estado, se encuentra la vinculación directa entre altos funcionarios y la empresa Krah América Latina SA, proveedora de tuberías.
La controversia se centra en que la empresa Krah, que se quedó con la licitación millonaria para la provisión de caños, está vinculada a Gustavo Monti, primo hermano del ex gobernador Uñac. La denuncia también destaca que el actual Ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, confirmó que la provincia comenzó a pagar la deuda de 100 millones de dólares del préstamo kuwaití, aunque la obra no está finalizada y los pagos "sí están", declaraciones que hizo el funcionario en el programa del Streaming de TIEMPO DE SAN JUAN, Paren las Rotativas.
Las publicaciones periodísticas que sustentan la denuncia revelaron que existieron advertencias previas sobre la supuesta inferior calidad de los caños y los sobreprecios. Una empresa competidora, General Plastic, advirtió al fondo kuwaití en 2017 que las tuberías ofertadas por Krah eran "experimentales", carecían de respaldo técnico suficiente para el uso requerido en el acueducto y que la oferta de Krah era superior en unos 14 millones de dólares. A pesar de estas alertas, la licitación se adjudicó a Krah.
La posible intervención de la Fiscalía de Estado como querellante complementaría la labor del Fiscal del Ministerio Público, aportando "otros ojos, otra mirada" al contenido del proceso con el objetivo de llegar a la verdad y determinar si el patrimonio provincial fue afectado por la existencia de un delito. Al respecto, Dávila señaló que, al menos en su experiencia y la de sus colegas, no recuerda que haya habido anteriormente una investigación de índole penal por temas de corrupción llevada a cabo por la Fiscalía de Estado en San Juan, por lo que, de avanzar, "seguramente" sería la primera.