Marcelo Orrego se refirió públicamente a la denuncia penal presentada por el abogado Marcelo Arancibia, que apunta a funcionarios de la administración anterior por presuntas irregularidades vinculadas a la obra del Acueducto Gran Tulum. El gobernador remarcó que se harán todas las investigaciones que sean necesarias. Orrego afirmó que su gestión debe pagar millones de dólares por la obra sanitaria que el gobierno de Sergio Uñac dejó con deficiencias, tal y como viene exponiendo en sucesivas notas TIEMPO DE SAN JUAN. De hecho, la investigación de este medio es base de la denuncia de Arancibia buscando que se investiguen presuntos hechos de corrupción.
"Nosotros tenemos la suma del gobierno anterior, de 200 millones de dólares, y 50 millones están relacionados al Acueducto Gran Tulum, y por supuesto, se van a hacer todas las investigaciones que se tengan que hacer, porque en la provincia de San Juan no ocultamos nada, y hay que hacer todo lo que hay que hacer porque la gente tiene que conocer inexorablemente todo lo que sucede. La justicia actúa por sí sola, pero por supuesto yo soy parte de un esquema donde definitivamente lo que uno tiene que hacer es estar al lado de la verdad y punto", expresó el mandatario en rueda de prensa.
El Acueducto Gran Tulum es un proyecto de infraestructura diseñado para duplicar el abastecimiento de agua potable en todo el Gran San Juan. La provincia obtuvo un préstamo de 100 millones de dólares de un fondo kuwaití para financiar la obra, y comenzó a devolver el dinero en cuotas mensuales a partir de 2025. Sin embargo, la obra no solo no está terminada, sino que su calidad técnica se encuentra bajo sospecha, lo que generó un perjuicio patrimonial estimado en la cifra millonaria de la financiación. En este contexto, el actual ministro de Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez, confirmó días atrás en el Streaming de TIEMPO DE SAN JUAN que "la obra no estaría, pero los pagos sí están".
La denuncia penal, presentada por el abogado Marcelo Arancibia, se conoció este martes. Recayó en la Unidad Fiscal de Delitos Especiales y busca determinar la responsabilidad de funcionarios y directivos empresariales en el escándalo de las contrataciones de tuberías. Los hechos investigados apuntan a posibles delitos contra la administración pública, como malversación de caudales públicos y defraudación al Estado, centrados en el proceso de licitación para la provisión de las tuberías. Dicha licitación fue adjudicada a la empresa Krah América Latina S.A., firma que está vinculada a Gustavo Monti, primo del exgobernador Sergio Uñac.
