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SUSCRIBITELuego de la presentación de Marcelo Arancibia ante el Ministerio Público Fiscal, el expediente tendrá un largo recorrido que podría derivar en una acusación formal contra funcionarios y empresarios relacionados al Acueducto Gran Tulum. De qué factores dependerá la investigación y quién la llevará adelante.
A raíz de las diversas publicaciones que realizó Tiempo de San Juan, vinculadas a la obra del Acueducto Gran Tulum, los presuntos vicios en la contratación y la relación con Gustavo Monti, el primo del ex gobernador Sergio Uñac, el abogado y dirigente de GEN, Marcelo Arancibia, denunció las sospechas de corrupción en la justicia penal y ahora se prevé un largo recorrido del expediente judicial.
Tras la presentación, que no apunta a nadie en particular, aunque podría derivar en imputaciones contra funcionarios y directivos empresariales que tuvieron intervención en la obra, la denuncia ingresó a la UFI de Delitos Especiales y el fiscal que analizará las cuestiones planteadas tendrá un máximo de 90 días para investigar de forma preliminar. El mismo será Sebastián Gómez.
En ese marco, desde la parte denunciante, que conocen los plazos procesales, manifestaron sus deseos de que la instrucción se ejecute con la mayor celeridad posible. El representante del Ministerio Público que tenga en sus manos la causa deberá indagar para establecer si hay sospechas concretas en la comisión de delitos y, en consecuencia, formalizar la investigación.
En la denuncia de Aranciabia, se detallan al menos siete ilícitos que podrían haberse sucedido en torno al escándalo que quedó al descubierto por medio de este diario. Entre las irregularidades que se habrían dado figura que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto.
Lo cierto es que las múltiples maniobras que se habrían perpetrado, para Arancibia configurarían los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversaciones de caudales públicos, cohecho (coima) y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita y defraudación al Estado.
Si bien no se señalan nombres, la denuncia solicita que se investigue la posible participación de funcionarios con competencia en las contrataciones, obras públicas, control de calidad y certificaciones, durante sus gestiones entre 2015 a 2019 y 2019 a 2023. También pide que se investiguen las acciones de las empresas implicadas, es decir, Krah, la empresa adjudicada.
En caso de que los elementos de prueba que reúna el fiscal den lugar a la fuerte convicción de comisión del delito, el mismo podría formalizar la causa aún sin determinar autores y darle continuidad bajo la nominación de actuaciones investigativas.
Con el correr de la investigación y tras la ejecución de medidas, como secuestro de documentación y pedido de informes a las reparticiones públicas involucradas, el fiscal podría imputar directamente a los sospechosos.
Ahora bien, si el funcionario del MPF entiende que no hay elementos de sospecha y desestima la denuncia, el impulsor de la investigación podría acudir a los fiscales coordinadores de la UFI, es decir, Iván Grassi y Francisco Micheltorena, para que revisen la decisión.
Lo que denuncia Arancibia es el perjuicio económico que habría sufrido el Estado, con una obra sin finalizar y que generó una deuda que recién comienza a ser pagada. El denunciante aseguró que el daño fue de 100 millones de dólares, que representa la devolución del préstamo al Estado de Kuwait.
Ante la consulta y la comparación con la mega causa de expropiaciones, Arancibia remarcó las diferencias por el perjuicio fiscal. Es que en la causa que tuvo sentencia este año representó un perjuicio calculado en 9 millones de dólares, aproximadamente.