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El gran dolor de cabeza en el mercado inmobiliario sanjuanino en 2025: "Un fenómeno que creció muchísimo"

La proliferación de estafas con la venta de lotes marcó al mercado inmobiliario sanjuanino durante 2025, generó desconfianza entre los compradores y frenó operaciones, especialmente en terrenos. Referentes del sector aseguraron que se trata de un problema que se arrastra desde años anteriores, pero que este año tomó mayor visibilidad por las denuncias, detenciones y causas judiciales que avanzaron contra empresarios y operadores inmobiliarios. Las "zonas calientes" y cómo evitar estafas.

Por David Cortez Vega

El 2025 cerró con una preocupación que atravesó de punta a punta al sector inmobiliario de San Juan. Aunque no se trata de una modalidad nueva, referentes del rubro coincidieron en que durante este año crecieron de manera significativa las estafas vinculadas a la venta de lotes, un fenómeno que generó desconfianza entre los compradores y terminó por frenar numerosas operaciones.

Desde el Colegio Público de Corredores Inmobiliarios de San Juan, su presidente Esteban Costela advirtió a este diario que se trata de una problemática que viene registrándose desde años anteriores, pero que en 2025 tuvo un impacto mucho mayor. Según explicó, ya en 2023 y 2024 existían consultas y algunas denuncias, aunque este último año el volumen de casos fue claramente superior. “Un fenómeno que creció muchísimo este año”, sintetizó.

El dirigente señaló que la sucesión de causas judiciales y la exposición pública de empresarios y operadores inmobiliarios investigados terminó de instalar el tema en la agenda social. Las detenciones, la acumulación de expedientes y el avance de las investigaciones le dieron mayor visibilidad a un problema que ya venía generando ruido desde el año anterior, pero que en 2025 alcanzó otra dimensión.

Menos confianza y operaciones resentidas

El impacto de las estafas no se limitó al plano judicial. Desde el sector inmobiliario advirtieron que la desconfianza se trasladó directamente al comportamiento de los compradores. Costela explicó que muchas personas extremaron los cuidados al momento de invertir en terrenos, lo que se tradujo en una caída de operaciones durante gran parte del año.

Recién hacia el final de 2025 comenzó a percibirse un leve repunte en las consultas, especialmente en noviembre y diciembre, aunque desde el Colegio señalaron que el daño ya estaba hecho y que el proceso de recomponer la confianza llevará tiempo.

En la misma línea se expresó Mauricio Turell, presidente de la Cámara Inmobiliaria de San Juan, quien sostuvo a Tiempo de San Juan que el segmento de los terrenos fue uno de los más golpeados durante el año. Según indicó, las estafas cometidas por empresarios que ofrecían lotes sin respaldo legal terminaron afectando a todo el sector, incluso a quienes operan de manera regular. “Con los terrenos hubo un impacto muy grande este año”, resumió.

Turell coincidió en que se trata de una problemática de larga data, pero remarcó que recién en 2025 tomó verdadera dimensión pública a partir de las condenas, detenciones y avances judiciales, que dejaron al descubierto la magnitud de las maniobras fraudulentas.

Las “zonas calientes”

En agosto pasado, Costela contó que, en reiteras oportunidades, las inmobiliarias detectan “zonas calientes”. Esto se debe al aumento repentino de consultas sobre lotes con medidas o características que no cumplen con las normativas.

Un ejemplo fue lo ocurrido en el Médano de Oro, en Rawson, donde se detectó la venta de terrenos en zonas fiscales. “No se trata de que haya una zona fija con problemas, sino que aparecen casos puntuales y, cuando se repiten consultas sobre un mismo lugar, damos el aviso a Planeamiento antes de que se concrete la operación”, explicó. También pusieron el foco en casos sucedidos en inmediaciones de la esquina de Calle 5 y Meglioli -entre Rawson y Pocito-.

Las recomendaciones para evitar estafas y Marketplace

En cuanto a las medidas preventivas, el presidente del Colegio remarcó la importancia de asesorarse siempre con un corredor matriculado, quien puede verificar la factibilidad de lo que se ofrece y la legalidad de la operación. También aconsejó revisar la documentación con un profesional de confianza y corroborar que quien vende sea realmente el titular del inmueble.

Costela sugirió optar por empresas con trayectoria y consultar en Planeamiento si existen anteproyectos o factibilidades aprobadas para el terreno en cuestión. Además, advirtió sobre la proliferación de ofertas engañosas en redes sociales, especialmente en Marketplace de Facebook, donde la falta de control facilita la publicación de avisos fraudulentos.

“Hay que interiorizarse bien de qué se está ofreciendo y quién lo ofrece. Una buena prevención es el primer paso para evitar convertirse en víctima de una estafa inmobiliaria”, concluyó.

Los antecedentes que marcaron el año

El crecimiento de las estafas con lotes estuvo acompañado por causas judiciales de alto impacto que se conocieron en los últimos meses y que terminaron de exponer la magnitud del problema.

Uno de los casos más resonantes es el del empresario Héctor Storniolo, principal acusado en una mega estafa inmobiliaria con cientos de damnificados. A fines de noviembre recuperó la libertad tras haber permanecido 13 meses detenido -primero en prisión efectiva y luego con arresto domiciliario- luego de que la Justicia rechazara extender la prisión preventiva y aceptara una caución real. La causa investiga una supuesta red de empresas y 10 imputados vinculados a la venta irregular de lotes y barrios que nunca se concretaron. El perjuicio económico estimado supera los $2.700 millones, según fuentes judiciales. Primero fueron imputadas tres personas: el propio Storniolo, su esposa Patricia Nacif y Juan Gallerano La Hoz.

Otro expediente de fuerte repercusión es el que involucra a Denise Robles Bonade y Rubén Ángel Martín González. La pareja enfrenta más de 200 denuncias por la venta de lotes y viviendas que nunca se concretaron. En octubre, la Justicia confirmó la prisión domiciliaria de Martín González, mientras la investigación se amplió con nuevos damnificados. Según la fiscalía, el perjuicio supera los 70 millones de pesos y los contratos firmados no registraron avances reales en la urbanización ni en la división de los terrenos.

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