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SUSCRIBITESe trata de Héctor Storniolo, quien ofreció una propiedad como caución real para garantizar la continuidad del proceso. El resto de los imputados, entre ellos su esposa, también están en libertad mientras se desarrolla la investigación.
Después de haber permanecido por 13 meses detenido, el empresario Héctor Storniolo, el principal acusado por una mega estafa inmobiliaria que ya acumula cientos de damnificados, recuperó la libertad, luego de que el juez de Garantías Gerardo Fernández Caussi rechazara extender la prisión preventiva y aceptara una caución real ofrecida por su defensa.
El imputado, que primero estuvo en prisión efectiva -desde octubre de 2024- y más tarde bajo arresto domiciliario -desde diciembre de ese mismo año-, obtuvo un fallo favorable mientras continúa la investigación que lo tiene en la mira, junto a otros nueve imputados, la que presenta un volumen y una complejidad importante.
Si bien la fiscalía, a cargo de Eduardo Gallastegui, había solicitado prolongar la medida coercitiva por otros seis meses, tras argumentar que el riesgo procesal se mantenía vigente debido a que siguen ingresando denuncias diariamente y que superan las 600 (aunque son más de 300 las que fueron formalmente incorporadas al expediente), el magistrado entendió que no existen elementos suficientes para sostener la prisión preventiva.
La autoridad respaldó los fundamentos del defensor, Javier Cámpora, quien aseguró que el empresario siempre se sometió al proceso, que no trabaja desde hace más de un año y que es sostén de su familia, por lo que su arraigo familiar y laboral estaba asegurado, lo mismo que su comparecencia ante la instrucción.
Para acceder al beneficio, la defensa ofreció como caución real un departamento perteneciente a los suegros del imputado, ubicado en el mismo complejo donde cumplía la domiciliaria. El juez aceptó la caución, aunque exigió que antes se presente por escrito el consentimiento de los propietarios, paso indispensable para efectivizar la garantía.
El Ministerio Público había advertido previamente que otro inmueble ofrecido como caución había sido vendido sin notificación, situación que consideró un indicio para justificar la continuidad de la preventiva. El magistrado, no obstante, entendió que ese hecho no configuraba riesgo procesal suficiente.
La causa investiga una supuesta red de empresas y 10 imputados vinculados a la venta irregular de lotes y barrios que nunca se concretaron. El perjuicio económico estimado supera los $2.700 millones, según fuentes judiciales. Primero fueron imputadas tres personas: Héctor Storniolo, su esposa Patricia Nacif y Juan Gallerano La Hoz.
Luego, se le sumaron otras siete. Diego Reta, Mariana Pérez Bedini, Federico Salinas y Ricardo Sánchez Montilla; cuatro personas que venían en calidad de detenidos. Y otros tres que comparecieron en libertad: Orlando Rueda, Adela Rueda y Rosa María del Valle Storniolo.
Para resguardar los bienes y garantizar una eventual reparación a las víctimas, la Fiscalía mantiene vigentes varias medidas patrimoniales, entre ellas, inhibiciones generales de bienes, anotaciones en el Registro Inmobiliario, prohibición de innovar y anotaciones de litis para advertir a potenciales compradores que determinados inmuebles están bajo investigación penal.
Para recuperar la libertad, Storniolo deberá cumplir varias órdenes judiciales: no podrá salir de la provincia ni del país, deberá presentarse ante cada requerimiento de la investigación y tendrá prohibido comunicarse con las víctimas. Una vez que sus suegros formalicen la autorización sobre la propiedad ofrecida como caución, el empresario quedará en libertad mientras continúa un expediente que no deja de sumar denunciantes.