La increíble muerte de Pabla en el Brown

O. P. es una abuela que a mediados de mayo estuvo internada en la habitación 227 del Sanatorio Brown. Primero pasó cuatro días en Urgencias porque no había camas. Según el testimonio de familiares de pacientes, es cuestión de estar allí algunos minutos para ver cómo las cucarachas caminan por el lugar. Cuando se produjo una vacante, a O.P. la subieron al segundo piso, en cuya habitación no se podía abrir la persiana de la ventana porque estaba rota. En los primeros días no se podía sentar en la cama ortopédica porque no funcionaba el sistema de palancas para remolcarla. Hubo un momento en que le tuvieron que poner más lento el goteo del suero porque, según las enfermeras, no tenían otro para reponérselo. Mientras estuvo internada los médicos le dijeron que tenía que hacerse una endoscopía, pero llegó el momento de darle el alta y se tuvo que ir sin hacerse ese estudio y le dijeron que viniera después, ya como paciente ambulatorio. Por esos días de mayo, el tomógrafo se rompió y debieron reprogramarse los turnos que habían dado con antelación.
La de O.P. es una de las tantas historias de jubilados que tiene que ser hospitalizado en el Sanatorio Brown, en Mendoza y General Paz. A esta abuela no se la identifica a pedido de sus familiares, por miedo a alguna represalia que puedan sufrir si en algún momento la tienen que volver a internar. Ese temor tiene su asidero si se tiene en cuenta lo que pasó con el caso de Pabla Molina, la abuela a la que le pusieron leche por las venas en lugar de hacerlo por vía oral. El error le terminó costando la vida (ver recuadro).
Además de esta tragedia, hay otro temor real de los abuelos sanjuaninos: el 75 % de los jubilados (46.500) sí o sí caen al Sanatorio Brown a la hora de ser internados, gracias a un convenio que firmaron en la delegación local del PAMI y Buenos Aires Servicios de Salud (BASA SA), la empresa ligada a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que a principios de julio del 2007 se quedó con el sanatorio tras la quiebra de ADOS.
El 25 % restante (15.500) de los abuelos son afiliados al PAMI que viven en los departamentos más alejados (Calingasta, Iglesia, Jáchal, Pocito, Sarmiento, 25 de Mayo y Pocito), por lo que deben ir a los hospitales de Salud Pública de sus lugares de origen a la hora de ser hospitalizados.
Para no caer en el Brown, los afiliados deben exponer algún motivo muy particular ante el PAMI o en el Centro Coordinador que funciona de 7 a 14 horas y que tiene tres empleados. “No hay libre elección del afiliado. Para que se le autorice la internación en otro lugar debe haber una situación muy particular”, explicó Nicolás García, interventor del PAMI en San Juan.

SÁBANAS, INSUMOS Y TV

Los familiares de M.P., otra mujer con problemas cardíacos que durante unos días compartió la internación con O.P., también informaron que no todos los días cambian las sábanas: dicen que lo hacen cuando llega un paciente nuevo. Pero que si el paciente puede ir por sí solo al baño y no tiene problemas que ensucien desmedidamente, las sábanas pasan varios días sin ser renovadas.
En los pasillos del sanatorio la gente no se queja del servicio de limpieza, que, al igual que la seguridad, está terciarizado. Dicen pasan limpiando dos veces al día y la única queja de los usuarios es que muchas veces tienen demasiado justo los químicos para desinfección, como la lavandina, y no pueden ampliar la limpieza más allá de lo que ya tienen previsto.
A la falta de sábanas se le agregan las mantas. Según familiares de esas pacientes, a mediado de mayo las enfermeras les dijeron que no tenían colchas para todos. Así es que los familiares tuvieron que traerlas desde sus casas para que sus pacientes no pasen frío. Les dijeron que las faltantes estaban en lavandería.
Según los familiares de M.P., también escasean algunos insumos médicos. Por ejemplo, a ellos les pidieron que llevaran la cinta Micropore, la que se usa como adhesivo para sostener las mangueras del suero. También hubo casos de familiares que tuvieron que llevar la crema y curar ellos mismos al abuelo que tenían internado y que había sufrido escaras en la piel.
Hay otro dato que deja en evidencia la falta de un trato más cálido para con los abuelos internados en el Brown, y para con los familiares que los deben acompañar: la empresa les cobra 14 pesos por día por habitación para dejarlos ver televisión. En el mejor de los casos, si hay dos abuelos en una habitación, pueden compartir ese gasto.
La explicación que les dan es que tienen sistema de televisión por cable. Esos 14 pesos son para habilitarles el televisor, al que tienen que cambiar de canales desde la botonera porque no tienen control remoto. Lo que llama la atención es que no les den a los abuelos la posibilidad de ver televisión por aire, que es gratuita y que tiene variedad de canales abiertos.

LARGAS ESPERAS

Esto es parte de lo que ocurre en el sector de internación. En el sector sur de la planta baja, donde están los consultorios, los abuelos sufren otras situaciones. Por ejemplo, con solo pasar a preguntar queda en evidencia las largas esperas que tienen que padecer para ser atendidos.
A pesar de que allí van por turno, ya es una rutina que los abuelos lleguen al mediodía y muchos de los médicos empiecen a atender a la hora y media posterior. A esto se agrega que, en muchos casos, después de haber esperado un largo rato, se enteran que su turno fue reprogramado para más adelante en el tiempo porque el médico tuvo alguna otra dirigencia que hacer.
Cabe aclarar que muchos de los turnos allí dados son para abuelos que llevan semanas o meses esperando a que les hagan algún tipo de estudio. Eso termina provocando que los abuelos con posibilidades económicas prefieran ir a pagar a la parte privada para que le hagan más rápido los estudios.
Por otro lado, con tal de no esperar tanto tiempo, muchos también terminan buscando en la parte privada, pagando al contado la consulta, a los médicos que los atienden en el Sanatorio Brown, donde generalmente la atención también es apresurada por las colas de pacientes que tienen a diario.
El interventor del PAMI explicó a Tiempo de San Juan que, además de las tres personas que hay en ese Centro Coordinador, a diario también va un médico auditor que tiene total libertad para inspeccionar lo que crea conveniente respecto de la atención de BASA S.A. a los abuelos.
Pero esos médicos auditores van cuando tienen tiempo libre de su atención en el PAMI y no tienen que inspeccionar una determinada cantidad de situaciones o durante una cantidad determinada de tiempo.

“Es obvio que en la atención al 75 % de afiliados se producen irregularidades”

Nicolás García es el interventor del PAMI en San Juan y quien tiene que controlar la atención de BASA a los abuelos sanjuaninos. Respecto del funcionamiento de la empresa porteña, el funcionario le dijo a Tiempo de San Juan: “Es obvio que en la atención al 75 % de los afiliados se producen irregularidades”.
El médico García dice que tienen un régimen de penalidades para aplicarle a la empresa BASA cuando no atienden correctamente a los afiliados al PAMI. Sin embargo, a la hora de dar precisiones sobre cuántas y de qué gravedad son las faltas cometidas por la empresa y por las que el PAMI San Juan les impuso una multa, García dijo que no puede informarlas: “No llevamos un registro de penalidades porque son pocas”.
García también se refirió a la cantidad de camas con las que cuenta el Sanatorio Brown para la demanda de afiliados del PAMI: “EL 75 % de afiliados implica la atención a más de 45.000 personas. El Sanatorio Brown tiene 140 camas. Pero su capacidad de atención es para 100 camas. Eso es poco, por eso hay prestadores alternativos a los que acudimos y les cobra por ese servicio a BASA. Por mes hacemos de 12 a 14 intervenciones quirúrgicas en las que debemos recurrir a otros prestadores”.
A pesar de todo esto, García califica a la atención de BASA como “buena. Dado el alto monto de afiliados que se atienden y la alta demanda que hay, se puede considerar que la atención es de una calidad buena. Podría ser mejor, pero hace falta más equipamiento y mejor estructura”.

De principal oferente a deudor N°1

La empresa BASA S.A. recibe actualmente del gobierno nacional 4 millones de pesos mensuales por la atención de los afiliados sanjuaninos al PAMI en el segundo nivel, tal como llaman a los abuelos que tienen que ser hospitalizados. Sin embargo, BASA S.A. figura como el deudor número 1 en toda la provincia de Rentas: le debe actualmente al Estado provincial 5.766.120,38 pesos, según figura en la página web de la Dirección General de Rentas.
BASA llegó al Sanatorio Brown tras invertir entre 8,3 y 8,5 millones de pesos en julio de 2007 –nunca se precisó el monto-. Así lo había confirmado en su momento Julio César Figueroa, secretario general de la UOM, después de que el juez Arturo Varas, del Séptimo Civil, considerara que fue la mejor oferta que recibió la justicia y la sindicatura tras el proceso de quiebra de ADOS (Asociación de Obras Sociales).
Tras dos intentos de llamados a licitación, el juez Varas decidió liquidar al Sanatorio Brown mediante un concurso de precios.
ADOS había administrado el Sanatorio Brown. Pero los malos manejos lo llevaron a la quiebra. Durante dos años el nosocomio estuvo administrado por ADOS Quiebra, hasta que se terminó con ese proceso. Y allí fue cuando se hizo cargo la UOM, a través de Forjar Salud, la obra social de los metalúrgicos.
Actualmente BASA es dirigida por un médico de apellido Rebollo, el sub director es Funes Espín y el contador es de apellido Guzmán.

El escándalo de Pabla

El 21 de mayo, Pabla Molina, de 87 años, ingresó al Sanatorio Brown con un cuadro de EPOC agravado por una neumonía. Doce días después, el domingo 2 de junio, murió. Pero no fue por la enfermedad, de la cual evolucionó favorablemente, sino por un error: una enfermera le inyectó leche en las venas en lugar de hacerlo mediante las sondas por vía oral.
Esto es lo que está investigando la jueza Mónica Lucero, del Tercer Juzgado Correccional, ya que el caso sería por una presunta mala praxis, un delito que no se paga con prisión efectiva.
Hasta ahora una enfermera está sindicada como la principal sospechosa de haber cometido ese error. Para juntar pruebas, la jueza Lucero ordenó secuestrar del Sanatorio Brown la documentación referida a los turnos médicos y de enfermeros que estuvieron afectados a la atención de Pabla Molina. También pidió el secuestro de las historias clínicas de cada uno de los lugares en los que fue atendida Molina.

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