Por Gustavo Martínez Puga
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Así, lo que prometía ser una solución a muchos déficits, ahora promete seguir freezado por la nula participación que se le dio a todos los involucrados en el nuevo sistema, donde no digieren que la Corte haya querido dejar sembrada públicamente la impresión de que su trabajo está hecho y ahora la puesta en funcionamiento de la Policía Judicial depende de otros factores ajenos a ese poder.
La Policía Judicial se previó en la Constitución Provincial de 1986 y consiste en la creación de un cuerpo de investigadores que responden al Poder Judicial y no al Ejecutivo, como lo es actualmente a través de la Policía de San Juan. Pero ese cambio trae aparejado uno más profundo: que la investigación pasa ser dirigida por el fiscal y no por el juez como es actualmente, que es “juez y parte” en las investigaciones, porque investiga y juzga.
Pero no se sabe con precisión cómo es el funcionamiento de la Policía Judicial que pretende la Corte de Justicia de San Juan.
“No lo conozco, por lo tanto no puedo opinar. Igual vamos a tratar de avanzar en un tema que es delicado en un montón de cosas”, dijo el gobernador José Luis Gioja a Tiempo de San Juan cuando se le consultó su opinión sobre el proyecto de la Policía Judicial. Y agregó que “en el Ministerio de Gobierno están buscando antecedentes sobre ese sistema, porque tengo entendido que otras provincias lo tienen y no se avanzó”.
Respecto de la forma en que fue presentada la Policía Judicial por la Corte, el gobernador fue cauteloso y opinó que “están en su derecho de hacerlo de la forma en que lo consideren más conveniente”.
Sobre la ausencia del Poder Ejecutivo en esa presentación, el gobernador Gioja se limitó a decir que “tengo entendido que ese proyecto no fue puesto en conocimiento de los funcionarios del Ministerio de Gobierno.
De todas maneras, pese a la forma en que se presentó la Policía Judicial, el gobernador Gioja informó que “esto no acelera ni retarda los tiempos”.
Finalmente, respecto de los pedidos de audiencia por los medios de comunicación que la Corte hizo al gobierno para solicitarle los fondos para la puesta en marcha de la Policía Judicial, el gobernador Gioja dijo que “las puertas de la Casa de Gobierno están siempre abiertas”.
Por su parte, el ministro de Gobierno Adrián Cuevas, de quien depende la Policía de San Juan y tiene bajo su responsabilidad la formación de los nuevos cuadros que se preparan en la Universidad Católica de Cuyo, por lo que se supone que debió trabajar codo a codo con el Poder Judicial en la implementación de un nuevo sistema de investigación de los delitos, dijo que “no sé de qué se trata. No puedo tener ninguna opinión. No sé si pretenden usar o no personal de la Policía de San Juan porque no conozco ni el más mínimo detalle”.
Mientras que Eduardo Quattropani, el Fiscal General de la Corte, sobre quien se supone que pasaría a depender el sistema acusatorio, dijo que “nunca se me ha puesto en participación ni total ni parcialmente de ese proyecto. No sé cómo ha quedado. Conozco únicamente lo que algunos medios de difusión han publicado”. Y criticó duramente la forma en que se movió la Corte de Justicia para hacer público un proyecto de esta envergadura (ver nota vinculada).
Quattropani precisó que la participación de dos fiscales en la Comisión que elaboró el proyecto de la Policía Judicial no implica la participación del Ministerio Público: “Esa Comisión se integró mediante un acuerdo que firmó la Corte y la Fiscalía General. En esa comisión hay dos fiscales pero no son representantes del Ministerio Público. Son dos fiscales que la Corte designó, porque la Corte tiene la facultad para designar esa comisión por la Constitución. Pero el único representante del Ministerio Público es el Fiscal General”.
La comisión que elaboró el proyecto de la Policía Judicial está integrada por Raúl Iglesias, Juez de Cámara de la Sala 1; Eugenio Barbera, Juez de Cámara la Sala III, ambos de la Cámara Penal de la provincia; María Graciela Aguilar de Fornés, Secretaria Letrada de la Corte de Justicia; y los miembros del Ministerio Público Gustavo Enrique Manini, Fiscal de Cámara y María Teresa Ravetti de Ramet, titular de la Fiscalía de Instrucción n° 4.
180 días largos
El 28 de junio de 2010, mediante el Acuerdo General Número 19, la Corte de Justicia que presidía José Abel Soria Vega, con la participación del Fiscal General de la Corte, se decidió la creación de la Comisión que elaboraría el proyecto de la Policía Judicial.
En ese momento se resolvió que la Comisión debía tener listo el proyecto de la Policía Judicial en 180 días, es decir, para diciembre del 2010. Pero recién se hizo ahora, el 17 de agosto de 2012.
En esa acordada se precisó que el artículo 213 de la Constitución de la provincia disponía “en cabeza de la Corte la organización de la Policía Judicial, siendo de su exclusiva dependencia, organismo éste íntimamente vinculado con la investigación fiscal preparatoria, cuyo funcionamiento fue regulada por el Titulo VII del Libro 11 del Código Procesal Penal de la provincia (Ley 7.398) Y suspendida su vigencia por Ley 7479 de fecha 20 de Mayo de 2004, por el término de dos (2) años”.
Otro punto que quedó en claro en esa acordada número 19 es el espíritu de cambiar la matriz en el sistema judicial: “Existen provincias dentro del territorio nacional que ya la han implementado, logrando así una neta diferenciación entre las funciones de investigar y acusar con la de juzgar, apuntando a la concreción de un verdadero sistema acusatorio”.
Frases
“Tengo entendido que otras provincias lo tienen –al sistema de la Policía Judicial- y no se avanzó”. José Luis Gioja, Gobernador.
“No sé si pretenden usar o no personal de la Policía de San Juan porque no conozco ni el más mínimo detalle”. Adrián Cuevas, Ministro de Gobierno.
