Por Luz Ochoa, Walter Vilca y Pablo Mendoza
sábado 21 de marzo 2026
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El 15 de enero de 1944 San Juan sufrió la mayor tragedia de la historia o por lo menos de la que se tiene registro. Más de 5.000 personas murieron por el terremoto y la provincia quedó completamente en ruinas. La noticia del hecho se conoció a nivel nacional e internacional y la ayuda de varias provincias y países llegó de inmediato. Mientras tanto, la provincia vivió días de caos total, ya que en el medio del rescate y la evacuación de personas y de la identificación de los muertos entre los escombros, la delincuencia no se tomó un respiro y hubo robos y hurtos.
Es que el cuadro era desesperante. La gente tenía hambre y la necesidad se imponía, muchos solo se quedaron con lo puesto. Además entre tanta confusión, los reclusos del viejo Servicio Penitenciario Provincial, que en ese momento era conocido como la Cárcel de El Marquesado, aprovecharon la situación para escapar. Es por ello que para que la situación social no se desbordara, las autoridades militares que gobernaban en aquel entonces promulgaron la Ley Marcial.
La legislación promovía una reducción de los derechos del individuo, un acortamiento del proceso del juicio, como así también representaba castigos más severos para los delincuentes que los de la ley normal. En los registros periodísticos de la época, sólo se publicó que la ley comenzaba a regir. Del mismo modo no existen en la actualidad documentos -al alcance- que refieran a su aplicación y consecuencias, con cifras de fallecidos o detenidos.
Diario Los Andes de Mendoza, uno de los medios con enviados especiales en la provincia para cubrir las huellas de la tragedia, reflejó la pesadilla que vivían diariamente los sanjuaninos y, por lo tanto, supo publicar de manera esporádica aquellos hechos delictivos que ocurrían en el territorio durante el desastre.
Uno de los titulares más fuertes que aparece en los registros sostiene que la Policía y los militares tenían la orden directa de responder con la máxima represión contra el que delinquía. “Los Actos de pillaje serán reprimidos en forma energética”, reza el encabezado de una noticia del matutino. Dicha directiva había sido dada por el teniente coronel Juan Bautista Barreta, quien fuera jefe de Regimiento de Infantería de Montaña 22 y como vocero de las fuerzas de seguridad determinó la política criminal de 'tolerancia cero'. Si bien el inicio de la crónica alude a la cruda medida, en su desarrollo, la temática se diluye entre tanta información y no se profundiza.
No obstante, el relato del militar jujeño Félix Osan, que cumplía funciones en Mendoza y prestó ayuda en San Juan, tomó valor con el paso del tiempo y coopera con la reconstrucción histórica de los hechos. Fue enviado horas después de la catástrofe y todo lo que vivió lo plasmó en su escrito conocido como “Mis diez días en San Juan” (Leer aquí todo su relato). En su crudo testimonio habla sobre la Ley Marcial, de las órdenes que recibía de sus superiores y que debía acatar sin excepción.
En su descripción, pinta un cuadro sobre el contexto que envolvía a los sanjuaninos y de las normas que debían ser respetadas a rajatabla: “El toque de queda era a las 21 horas, luego del cual ninguna persona o vehículo podía transitar por la ciudad salvo aquellos destinados a servicios de sanidad y vigilancia”.
Otro de los recuerdos del ex uniformado señala: “Recibimos órdenes de requisar todos los vehículos por las buenas o por las malas; a los que luego los conducíamos al campo de concentración para evacuar a toda la población de San Juan a Mendoza y departamentos no afectados por el terremoto”.
Sobre los robos y los hurtos, el soldado no menciona un hecho en particular; sino más bien relaciona los sonidos que oyó con el uso indiscriminado de las armas de fuego que portaban las autoridades. Cuenta que cuando le tocó hacer “rondín” para preservar la seguridad, “se escuchaban a la distancia disparos de armas reglamentarias”.
En el diario Los Andes, uno de sus títulos refiere a los disturbios y actos delictivos que se produjeron en los días posteriores al terremoto. “Algunas casas de comercio han sido objeto de hurtos”, indica la publicación sobre lo acontecido los días 18, 19 y 20 de enero.
En la nota detalla que los aprehendidos por esos ilícitos eran mayores y menores de edad. “En calle Mendoza y Laprida, un camión que conducía mercaderías de tienda fue abordado por varios ciudadanos que se apoderaron por la fuerza de algunas cajas de sombreros”, dice.
En medio de la gravísima situación que atravesaba la provincia, en la Cárcel El Marquesado también se registraron problemas. El edificio se dañó y, de los 327 reclusos que se hallaban detenidos, sólo quedaron 152. Es que más de la mitad protagonizó una inédita fuga, pese a los esfuerzos del personal de seguridad por retenerlos. No obstante, algunos emprendieron el regreso después del pánico.
La información del suceso salió a la luz a través de los periódicos y quizás su trascendencia estuvo relacionada con el interés en enviar un mensaje a los bandidos sueltos. Sobre los fugados, el diario Los Andes publicó: “Muchos de los cuales se presentaron voluntariamente después de gozar de unas horas de libertad. A los restantes se les busca por intermedio de la policía”.
En las memorias del militar, Osán asegura que a él le llegó el dato que habían sido 300 los presos que se escaparon, aunque reconoció que extraoficialmente se dijo que era menos de 100 los reos prófugos. “La vigilancia se hacía calle por calle y casa por casa para evitar robos y saqueos. Pues se habían fugado de la cárcel de Marquesado 300 penados, en la confusión del Terremoto”, describió en su testimonio.
Entre los archivos aparece la noticia de la captura de unos esos delincuentes evadidos en tierra mendocina. La fecha es del 24 de enero y pertenece a Los Andes. Según se informó en dicha oportunidad, el subcomisario Armando Nacusi y el cabo Rafael Adaro habían detenido en El Espino, San Martín, a un recluso de la Cárcel El Marquesado.
Nunca se supo el nombre del susodicho, aunque se especuló con que era sanjuanino y se afirmó que estaba armado. “En su poder fueron hallados un caballo ensillado hurtado en el establecimiento “Uriburu”, de Caucete, un revólver y dos ganzúas”.
En la antesala del terremoto, San Juan tenía cerca de 80.000 habitantes y se hallaba bajo el mando de autoridades militares encabezadas por el interventor David Uriburu, quien había llegado al poder apenas cinco días atrás y cuya misión encomendada era “corregir los rumbos” de la provincia. Sin embargo, en la mañana siguiente al terremoto y dada la emergencia, fue reemplazado por el comandante regional coronel José Humberto Sosa Molina.
Con las instrucciones del entonces presidente del país, el dictador Pedro Pablo Ramírez, quien dos días después del sismo fatal arribó a la provincia y sostuvo que reconstruiría San Juan y lo convertiría en un lugar modelo, decretó la Ley Marcial para asegurar el orden público. Es que los uniformados entendían que la mano dura era la única forma de establecer disciplina en medio del desastre.
Fuentes:
- Diario Los Andes
- Diario La Nación
- Extractos del relato "Mis 10 días en San Juan" - Revista "Legado" N°14 del Archivo General de la Nación
- Biblioteca Franklin
- Policía de San Juan
- Archivo General de la Provincia
-Universidad Nacional de San Juan
-Archivo General de la Nación
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