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SUSCRIBITEA través de sus redes, los profesionales expresaron estar en desacuerdo con el tratamiento de la información que tiene a un médico clínico imputado por homicidio culposo, en lo que sería una causa por presunta mala praxis.
A través de la UFI Norte, la Justicia investiga a un médico que está sospechado de haber confundido a un bebé con tumor y, como el caso tomó estado público y se conoció la identidad del profesional en la mira, un grupo de profesionales expresó su malestar en las redes sociales.
Con un comunicado en sus cuentas personales, los médicos sanjuaninos y colegas de Lucas Quinsacara, el clínico imputado por homicidio culposo, repudiaron la forma en que los medios de comunicación presentaron el caso y aseguraron sentir desprotección por parte de la Justicia.
Además, los profesionales de la salud que compartieron el mensaje que dice representar a los médicos de San Juan señalaron que los hechos que se adjudican son de extrema gravedad y que se difama a un médico cuando todavía no hay una investigación formal.
Lo cierto es que el médico en cuestión está acusado por el Ministerio Público, representado por Sohar Aballay, por la presunta comisión de homicidio culposo en una causa que tendría vínculos con una mala praxis, dada la denuncia que se radicó en su contra, cuando habría atendido a una mujer.
Fuentes judiciales ligadas a la causas aseguraron que la intervención de los médicos forenses que hicieron la autopsia resultó clave para avanzar con una investigación formal que pone bajo la lupa al médico que cumplía funciones en el Hospital San Roque. Sobre la conclusión del informe forense indicaron que "sirve como elemento de convicción para avanzar con la formalización".
Esto no quiere decir que se decreta que existió una irregularidad de su parte, sino que habrían dudas sobre su accionar que obligan a investigar, a fin de determinar eso mismo.
El funcionario del Ministerio Público, de la UFI Norte y que actuó de oficio tras el revuelo que se generó en el nosocomio, realizó un allanamiento en el lugar y secuestró la historia clínica de la mujer que estaba embarazada y perdió a su hijo, al igual que tomó testimonios del personal del hospital jachallero, como así también a familiares de la presunta víctima.
El hecho se desató el 4 de febrero de este año, cuando la denunciante acudió al hospital con un malestar y el acusado la medicó para luego dejarla en observación en el Servicio de Cirugía. Recién al día siguiente, otro profesional le realizó un estudio en el que descubrió su condición de embarazada. Finalmente, tras la intervención, la criatura nació sin vida y estalló la polémica.