Tras una maratónica jornada de debate, el Senado logró la media sanción de la reforma laboral

La votación fue posible luego de que el Gobierno nacional introdujera una serie de modificaciones en los últimos días y, especialmente, durante el propio debate en el recinto. Entre los cambios más relevantes se eliminó el artículo que proponía reducir del 30% al 27% las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para empresas, medida que generaba preocupación en provincias por su impacto en las cajas locales.

También se confirmó que el pago de salarios deberá realizarse mediante bancarización y se descartó, por el momento, la utilización de billeteras virtuales para el depósito de haberes. Desde el oficialismo aclararon que el Banco Central podría en el futuro habilitar a aquellas plataformas que cumplan con los requisitos regulatorios.

En materia sindical, se estableció que el aporte solidario a los gremios se mantendrá durante dos años con un tope del 2%, cuando actualmente en algunos casos alcanza hasta el 4%. Sin embargo, en las últimas horas se modificó el punto referido a los aportes patronales a cámaras empresarias y asociaciones sindicales. El texto original fijaba un tope del 0,5% para cámaras y del 2% para sindicatos, y establecía que desde enero de 2028 esos aportes serían voluntarios para empleadores no asociados. Finalmente, no habrá fecha de caducidad y el carácter obligatorio se mantendrá.

En los pasillos del Senado argumentaron que una eliminación abrupta podría afectar la subsistencia de gremios pequeños. Desde la oposición dialoguista señalaron, en cambio, que existían casos donde los porcentajes llegaban al 6%, lo que consideraron excesivo.

Otro punto que no avanzó fue la reducción de las cargas patronales destinadas a obras sociales. La alícuota se mantendrá en el 6% y no bajará al 5% como proponía el proyecto original. Las empresas continuarán actuando como agentes de retención de las cuotas sindicales.

La ley incorpora además cambios en materia judicial y laboral. Se permitirá que las sentencias contra grandes empresas se paguen en hasta seis cuotas mensuales consecutivas, mientras que para micro, pequeñas y medianas empresas el plazo podrá extenderse hasta doce cuotas. También se contempla esta modalidad para empleadores personas humanas.

En relación con la antigüedad, se establece que si transcurren tres años entre el cese del vínculo laboral y el reingreso del trabajador con el mismo empleador, el tiempo anterior no será computado. Asimismo, se regulan las prestaciones en caso de accidentes o enfermedades no vinculadas al trabajo: el trabajador percibirá el 50% o el 75% del salario, según las circunstancias, durante un período determinado.

La reforma amplía el concepto de servicios esenciales, incorporando el cuidado de menores y los niveles educativos inicial, primario, secundario y especial, el transporte de caudales y los servicios privados de seguridad. Además, fija que las fuerzas de seguridad no podrán brindar una cobertura menor al 100% de su prestación normal.

Entre los cambios incorporados a último momento también figura el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires como anexo del proyecto, medida que generó cuestionamientos por no haber tenido tratamiento específico en comisión.

En cuanto al financiamiento del INCAA, se determinó que a partir del 1 de enero de 2028 será cubierto exclusivamente por las partidas de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional.

Tal como se preveía, los senadores sanjuaninos Sergio Uñac y Celeste Giménez, del Bloque Justicialista, votaron en contra de la iniciativa, mientras que Bruno Olivera, de La Libertad Avanza, lo hizo a favor.

Con la media sanción en el Senado, la reforma laboral abre ahora un nuevo capítulo en la Cámara de Diputados.