El fiscal de Estado de San Juan, Sebastián Dávila, buscó llevar tranquilidad en medio de la polémica generada por los dichos del gobernador riojano Ricardo Quintela sobre un eventual reclamo por los límites provinciales y proyectos mineros. El funcionario fue categórico: la provincia no ha recibido ningún tipo de notificación formal.
“No hay ni una notificación judicial ni una comunicación administrativa, nada”, aseguró Dávila en el programa De Sobremesa sobre posibles acciones vinculadas tanto al proyecto Vicuña como a planteos territoriales que incluso incluyeron menciones al Parque Provincial Ischigualasto. En ese sentido, remarcó que hasta el momento todo se reduce a declaraciones públicas y trascendidos periodísticos, sin que exista un planteo concreto que habilite una respuesta institucional.
El fiscal explicó que, en caso de que una provincia impulse una demanda formal, la competencia corresponde directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, mientras que las cuestiones de límites deben ser tratadas por el Congreso de la Nación. Por eso, insistió en que no es posible avanzar sobre hipótesis sin respaldo legal. “No podemos anticiparnos a lo que no está hecho en los papeles”, sostuvo.
Además, cuestionó algunos argumentos deslizados desde La Rioja, como la supuesta nulidad de leyes dictadas durante gobiernos de facto. Según indicó, esas normas continúan vigentes y forman parte del marco jurídico actual, por lo que no pueden ser desconocidas sin un proceso formal.
Dávila también fue tajante respecto al fondo del planteo: desde el punto de vista legal, la discusión por los límites entre San Juan y La Rioja está cerrada desde hace décadas. Recordó que existe una ley sancionada en 1968, ratificada por ambas legislaturas provinciales y posteriormente reafirmada por el Congreso Nacional, además de otros acuerdos y validaciones posteriores. “Este asunto está totalmente zanjado”, afirmó.
En ese contexto, señaló que el único tipo de discusión que podría surgir en el futuro estaría vinculado a cuestiones ambientales, en función de la cercanía entre proyectos mineros, pero descartó de plano cualquier revisión de límites territoriales. También consideró importante avanzar en condiciones logísticas que garanticen el acceso a los proyectos desde territorio sanjuanino, especialmente teniendo en cuenta las dificultades climáticas de la cordillera.
Finalmente, el fiscal reiteró que no existe ningún conflicto formal en curso y llamó a no sobredimensionar declaraciones sin sustento jurídico. “Por el momento no ha pasado nada”, concluyó, al tiempo que buscó transmitir un mensaje de calma: para San Juan, la cuestión de límites con La Rioja no está en discusión.