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Tironeo

La Rioja redobla la disputa con San Juan por Josemaría y suma el reclamo por Ischigualasto

El gobernador riojano cuestionó la validez de los convenios firmados en 1968 y reclamó que el Senado defina la soberanía sobre Josemaría e Ischigualasto.

Por Redacción Tiempo de San Juan

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, elevó este martes el tono del conflicto limítrofe con San Juan al cuestionar la legitimidad de los acuerdos territoriales firmados en 1968 durante la última dictadura militar. En una intervención realizada en Buenos Aires y con claro impacto en la escena nacional, el mandatario sumó además al reclamo por el proyecto minero Josemaría la discusión sobre la soberanía en la zona de Ischigualasto.

Según publicó La Página de Eduardo German, Quintela planteó la necesidad de revisar los convenios interprovinciales suscriptos en el contexto de dictadura militar, al considerar que carecen de la legitimidad democrática necesaria. En ese sentido, sostuvo que la definición sobre los límites y la jurisdicción de las áreas en disputa —incluido el yacimiento Josemaría— debe ser tratada por el Senado de la Nación. La inclusión de Ischigualasto en el reclamo añade además un componente simbólico y patrimonial a la controversia, al tratarse de una región de relevancia histórica y turística.

Este capítulo se suma al conflicto con la provincia de La Rioja a partir de un fallo judicial reciente. La resolución fue dictada por la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, en el marco de una medida presentada por la Fiscalía de Estado riojana. El fallo ordena suspender actividades vinculadas al proyecto durante 30 días e impide la circulación por el principal acceso logístico desde territorio riojano, una traza clave para el movimiento de personal y proveedores.

Desde La Rioja argumentan que la medida responde a un presunto riesgo ambiental. Según explicaron autoridades provinciales, el reclamo se basa en la falta de respuestas de la empresa ante pedidos vinculados a la Evaluación de Impacto Ambiental y al uso de infraestructura vial. La magistrada consideró que existía urgencia suficiente para actuar sin escuchar previamente a la firma, con el objetivo de prevenir posibles daños.

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