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SUSCRIBITELa iniciativa del Ejecutivo fija el monto de las pensiones en el 70% de la jubilación mínima y prohíbe de forma absoluta la compatibilidad del beneficio con el empleo formal, eliminando incentivos para la inserción laboral de personas con discapacidad.
En un movimiento que busca transformar profundamente el sistema de asistencia social, el Gobierno nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley titulado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”. La iniciativa, que ingresó a través de la Cámara de Senadores, propone una redefinición de los criterios para acceder a la ayuda estatal y establece mecanismos de control más estrictos para los beneficiarios actuales y futuros.
Uno de los pilares fundamentales del proyecto es la implementación de un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez. Los beneficiarios contarán con un plazo de 90 días (con posibilidad de prórroga) para acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales.
El texto es tajante respecto al incumplimiento: quienes no actualicen sus datos sufrirán la suspensión automática y posterior baja del beneficio. Para garantizar la transparencia, se establece un sistema de auditorías periódicas mediante el cruce masivo de información entre organismos como la ANSES, ARCA y el SINTyS. Ante cualquier inconsistencia detectada, la autoridad de aplicación podrá disponer suspensiones preventivas.
Quizás el punto más controvertido de la reforma es la declaración de incompatibilidad absoluta con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales. Bajo la normativa anterior, los beneficiarios podían mantener su pensión siempre que sus ingresos no superaran un determinado umbral; sin embargo, el nuevo proyecto establece que acceder a un trabajo registrado implicará la baja inmediata de la asistencia.
Esta medida ha despertado críticas de diversas organizaciones sociales, quienes advierten que este cambio podría desincentivar la inserción laboral de las personas con discapacidad y dejarlas en una situación de mayor vulnerabilidad.
El proyecto fija el monto de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio. No obstante, la reforma elimina la posibilidad de otorgar aumentos adicionales por zona geográfica desfavorable o grados específicos de invalidez laboral, facultades que hasta ahora poseía el Ejecutivo.
En cuanto al financiamiento, se propone que tanto las pensiones como la atención médica asociada sean cubiertas con partidas del Ministerio de Salud, con compensaciones del Tesoro. Además, se autoriza la firma de convenios con las provincias para descentralizar la administración de los fondos, lo que podría derivar en una desregulación de la negociación por obra social o prepaga.
Desde la Casa Rosada justifican la necesidad de esta ley señalando un crecimiento exponencial en el padrón: las pensiones pasaron de 76.000 en 2003 a más de 1,2 millones en 2023. Según el Gobierno, el objetivo primordial es priorizar la sostenibilidad fiscal y la lucha contra presuntos fraudes por encima de la expansión de beneficios de años anteriores.
El ingreso del proyecto por el Senado responde a una estrategia política para aprovechar una correlación de fuerzas supuestamente más favorable que en Diputados. Sin embargo, se espera una fuerte tensión legislativa, especialmente tras las protestas ocurridas en agosto de 2025 contra el veto presidencial a normativas previas que buscaban ampliar la protección del sector.
De manera paralela, el paquete de reformas incluye modificaciones a la Ley de Salud Mental. La propuesta busca ampliar el enfoque actual —centrado en la desmanicomialización— para incorporar de forma más explícita políticas de prevención, tratamiento y rehabilitación integral, permitiendo una mayor intervención del Estado en las distintas etapas del padecimiento.