Los temas más importantes que quedaron para el 2026 en la Cámara de Diputados de San Juan

Recién hacia el cierre del año, y una vez superadas las elecciones de octubre, el recinto comenzó a abordar temas de mayor peso institucional. Entre ellos se destacaron la designación de Guillermo Baigorrí como Fiscal General, la sanción de distintas leyes de emergencia (entre las que sobresalió la Emergencia Hídrica) y la aprobación de la nueva Ley de Transporte. Sin embargo, el escaso margen temporal hizo que proyectos clave quedaran postergados y pasaran a integrar la agenda legislativa de 2026.

Uno de los debates más relevantes que deberá afrontar la Legislatura el próximo año es la reforma del Código Electoral, una promesa de campaña del gobernador Marcelo Orrego, en medio del polémico Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad) que fue aprobado en el 2022, durante el gobierno de Sergio Uñac. La discusión reviste carácter de urgencia, ya que San Juan volverá a las urnas en 2027, lo que acota el tiempo disponible para el debate y la sanción de un nuevo marco normativo.

Actualmente existen tres proyectos que podrían confluir en el armado del futuro Código Electoral. Dos de ellos pertenecen al oficialismo y al bloquismo, y presentan similitudes centrales, como la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) como sistema de votación. Además, proponen que la selección de candidatos se realice mediante internas financiadas por los propios partidos políticos o alianzas electorales.

En contraposición, el proyecto impulsado por el peronismo plantea mantener el sistema de boleta sábana y propone el regreso de un mecanismo similar a las PASO, aunque sin carácter obligatorio, para definir las candidaturas dentro de cada espacio político. Desde el ámbito legislativo señalaron que el tratamiento debería darse durante el primer semestre de 2026, con el objetivo de evitar que los plazos electorales de 2027 condicionen la discusión.

Otro de los temas de peso que quedó pendiente es la Ley de Proveedores Mineros, una iniciativa largamente esperada por el sector y que todavía no ingresó formalmente a la Cámara. Si bien existía la posibilidad de que el proyecto fuera tratado este año, el propio Ministerio de Minería confirmó que la norma se encuentra en su etapa final de elaboración.

“El proyecto en gran parte está listo. Falta la presentación formal al gobernador y ajustar la semántica de uno o dos artículos para que la ley sea clara y superadora”, explicó el ministro Juan Pablo Perea en rueda de prensa. El funcionario admitió que la intención inicial era enviar la ley durante 2025, pero que otros asuntos de relevancia postergaron los tiempos, entre ellos el intenso trabajo técnico en la Ley aclaratoria de Glaciares que se debatirá este mes en el Congreso nacional y la preparación para la entrada en producción del yacimiento aurífero Hualilán.

Perea descartó que exista un retraso significativo y aseguró que el documento ya está terminado, a la espera de los pasos administrativos finales antes de su envío a la Legislatura. Entre los ejes centrales del proyecto se encuentra el desarrollo de las comunidades donde se asientan los emprendimientos mineros y la promoción del empleo local, más que la imposición de restricciones a la contratación de servicios.

La futura ley se enmarca en el contexto de la denominada segunda ola de la minería en San Juan, con proyectos de gran escala en marcha. Entre ellos, Los Azules, que ya cuenta con la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), y Vicuña, que ya presentó su solicitud para acceder a ese mismo régimen. En este escenario, el debate legislativo sobre proveedores mineros aparece como una pieza clave para definir el impacto económico y social del nuevo ciclo minero en la provincia.