A tan solo un mes de asumir como Fiscal General, Guillermo Baigorrí comenzó a marcar su huella en el Ministerio Público, tomando decisiones que impactan directamente en el funcionamiento de la institución y en las relaciones con otras áreas del Poder Judicial. En su última movida, disolvió la Unidad de Soluciones Alternativas (USA), un órgano creado durante la gestión de su predecesor, Eduardo Quattropani, con el objetivo de centralizar la tramitación de alternativas al conflicto penal en un único espacio administrativo. Esta resolución no solo pone fin a la existencia de la USA, sino que también redefine cómo se gestionarán estas soluciones a futuro.
En la resolución emitida, Baigorrí detalló los motivos de esta disolución. La unidad, a pesar de su esfuerzo por unificar criterios, habría generado un desgaste procesal y temporal excesivo, lo que, en algunos casos, terminó dificultando la resolución alternativa de los conflictos penales. La tramitación de los legajos fuera de la órbita de la UFI originaria, junto con la desarticulación de los esfuerzos de los fiscales intervinientes, resultó en una pérdida de eficiencia, afectando tanto el avance de las investigaciones como la eficacia en la implementación de soluciones alternativas.
Asimismo, la resolución remarca que el personal afectado por la disolución de la USA, con perfiles técnicos y experiencia, será reubicado en otras dependencias del Ministerio Público donde sus competencias puedan ser mejor aprovechadas. Desde febrero de 2026, las unidades fiscales se encargarán de gestionar las soluciones alternativas en lugar de la unidad disuelta, con el objetivo de optimizar el trabajo y la eficiencia del sistema penal.
Es por ello que el fiscal que estaba al frente de la USA, Adrián Riveros, quien supo ser figura del Sistema Acusatorio por ser el fiscal coordinador de Flagrancia en sus inicios, fue relegado a la UFI Genérica. Como dicha unidad ya tiene a sus coordinadores -Ignacio Achem y Daniela Pringles-, Riveros, con pasado en la política y afín al peronismo, formará parte del cuerpo de fiscales.
Según altas fuentes judiciales, el argumento del jefe de los fiscales para la disolución de la USA fue que, aunque se reconoce auspiciante de los sistemas de soluciones alternativas, la necesidad de proveer de mayor personal a varias unidades fiscales obligó a tomar la medida. Acorde lo expuso la resolución (N°5442), la maniobra responde a un análisis exhaustivo del funcionamiento de la unidad, que no logró cumplir eficazmente con los objetivos para los cuales fue creada.
Así lo detalló la resolución: "Producto del exhaustivo análisis efectuado respecto del funcionamiento, la estructura orgánica, los recursos humanos asignados y los datos estadísticos de la unidad de soluciones alternativas, se evidencia que la misma no ha logrado cumplir eficazmente con los objetivos para los cuales fue creada".
Además, el documento que emitió Baigorrí señaló el desgaste procesal que representó en su interacción con los diversos casos. "Sumado a ello, la tramitación de los legajos remitidos a dicha oficina, por fuera de la órbita de la UFI originaria, se ha traducido en un desgaste procesal y temporal excesivo, resultando incluso en determinados casos no solo el malogro de una solución alternativa de conflicto, sino también el transcurso de tiempo y la dispersión de los esfuerzos, notablemente valioso en la tramitación del mismo", aseguró.
Este cambio, que afecta directamente a la estructura del Ministerio Público, responde a la tendencia que Baigorrí demostró en los primeros pasos en su gestión: una revisión crítica de las disposiciones heredadas de la administración anterior. Es que, el viernes último, Tiempo de San Juan dio a conocer el primer golpe en la mesa del Fiscal General con la eliminación de directrices que había impartido Quattropani y que incomodaban a la Corte, por la polémica que se había generado en torno al manejo de las pruebas periciales y el trabajo de los peritos y forenses en las investigaciones.
Baigorrí dejó sin efecto la resolución en la que 'Jimmy' había impuesto una serie de requisitos para la producción de pruebas en las investigaciones, los cuales involucraban la participación directa del Complejo Científico Forense y de Criminalística del Poder Judicial. Para Baigorrí, las disposiciones de su predecesor resultaban excesivas y burocráticas, argumentando que las intervenciones de los peritos en las investigaciones se habían tornado innecesarias y excesivamente ritualistas.
“Constituye una resolución cargada de excesivo ritualismo y de un celo desproporcionado o laboriosidad injustificada en la gestión de pruebas”, afirmó Baigorrí, quien pidió a los fiscales “extremar su diligencia investigativa aprovechando los recursos” del organismo "con total apego a los cánones y principios de la Fiscalía General", sostuvo el nuevo jefe de fiscales en su resolución como argumento para desestimar las órdenes de Quattropani.
Este cambio no solo desactivó la señalada burocracia creada en torno a los peritos, sino que también marcó un punto final al enfrentamiento entre el Ministerio Público y la Corte de Justicia por el Complejo Forense. Es que, a pesar de los esfuerzos de Quattropani por poner al Complejo Forense bajo su órbita para agilizar las investigaciones, la Corte resistió dicha iniciativa, lo que generó tensiones que ahora parecen resolverse con la nueva dirección de Baigorrí.
La disolución de la USA -que tenía como supervisor a Andrés Noguera, quien renunciara tras conocer que no sería tenido en cuenta por el nuevo Fiscal General- y el cambio en el manejo de las pruebas periciales, sumado al acercamiento con la máxima autoridad, se presentan como los primeros movimientos importantes de Guillermo Baigorrí en su nuevo rol. Puertas adentro, las fuentes le comentaron a este diario que la disolución fue más celebrada que cuestionada.
