Hito institucional: San Juan lanzó una comisión que redactará la hoja de ruta para tratar criminales

La Comisión Redactora estará presidida por el Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo Baigorrí, y contará con la coordinación general de los doctores Fabián Meló, Jorge Albarracín y Rodrigo Zabaleta. La integran, además, el fiscal de Impugnación, Fabrizio Médici; el fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi; la fiscal coordinadora de la UFI Delitos contra la Propiedad, Claudia Salica; el fiscal coordinador de la UFI CAVIG, Roberto Ginsberg; la fiscal coordinadora de la UFI ANIVI, Valentina Bucciarelli; el fiscal coordinador de la UFI Genérica, Ignacio Achem; la fiscal coordinadora de la UFI Flagrancia, Virginia Branca; el fiscal coordinador de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Pablo Martín; y el fiscal coordinador de la UFI del Norte, Sohar Alfredo Aballay.

En representación del Poder Ejecutivo y las fuerzas de seguridad, participan Osvaldo Ontiveros, asesor letrado de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público; el Comisario Mayor Marcelo Llanos por la Policía de San Juan; y la Alcaide Mayor Patricia Salinas por el Servicio Penitenciario Provincial.

Del ámbito Legislativo, por el Bloque Oficialista, participan Juan de la Cruz Córdoba, como titular; y Alejandra Leonardo, suplente; por el Bloque Opositor mayoritario (PJ), Fernanda Paredes, titular; y Mario Herrero como suplente.

Este nuevo órgano promete, según se informó en una conferencia de prensa este lunes, una capacidad para promover una construcción técnica y participativa de la política criminal, orientada por principios de razonabilidad, eficacia y eficiencia. Al establecer lineamientos escritos y públicos, se busca garantizar la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley, evitando que existan márgenes de discrecionalidad que afecten la previsibilidad de la justicia.

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Durante el lanzamiento, el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, destacó la relevancia de este avance para la gestión provincial señalando que este lanzamiento "constituye un hito institucional en materia de política criminal en toda la provincia, y que se inscribe plenamente en la visión de gobierno que impulsa el señor gobernador Marcelo Orrego, orientada a fortalecer la planificación, la coordinación interinstitucional y la calidad del Estado. No se trata de acciones aisladas, sino de una línea de trabajo coherente que busca mejorar el servicio que se brinda a los ciudadanos. La participación de la Secretaría de Seguridad y del servicio penitenciario resulta imprescindible, en tanto son los organismos que aportan experiencia operativa y conocimiento del territorio para que los lineamientos sean realistas, eficaces y sostenibles en el tiempo. La coordinación interinstitucional no es un eslogan, es una condición necesaria para fortalecer el estado de derecho y consolidar instituciones a la altura de lo que la sociedad espera".

Por su parte, el Fiscal General Guillermo Baigorrí enfatizó la necesidad jurídica de contar con reglas claras que ordenen el accionar de los fiscales y demás actores del sistema penal. En su discurso, manifestó que "La participación de los representantes de los distintos poderes pone de manifiesto el compromiso conjunto con la seguridad jurídica y la plena vigencia del Estado de Derecho. La tarea de promover la acción penal se materializa a través de una política criminal que debe ser razonable, coherente y uniforme. Resulta absolutamente claro que toda planificación otorga previsibilidad a la actuación institucional, al tiempo que restringe al máximo los márgenes de discrecionalidad en la conducción. En función de los principios de unidad de actuación y legalidad, los criterios de persecución penal no pueden quedar librado a opiniones individuales o circunstanciales, sino que deben regirse por lineamientos generales previamente establecidos. El conocimiento legal y público de estas instrucciones constituye una exigencia impuesta por razones elementales de seguridad jurídica que deben imperar en los procesos penales".

En los pasillos de tribunales se toma esta medida como un intento de establecer una "bajada de línea" unificada para todos los fiscales. El objetivo es evitar diferencias de criterio notorias en casos similares; por ejemplo, que ante un mismo hecho de robo, un fiscal solicite una condena de tres años y otro una de cinco basándose en interpretaciones personales. Con este nuevo esquema, que comenzará a funcionar plenamente en febrero, se busca que todos los operadores judiciales actúen bajo un mismo pensamiento estratégico, aportando transparencia y coherencia al sistema penal sanjuanino.

Esta iniciativa no es un hecho aislado, sino que forma parte de la impronta de gestión que Baigorrí viene marcando desde su asunción, como una ruptura con el estilo de su antecesor, Eduardo Quattropani (quien falleció en julio dejando la vacante, tras más de tres décadas en el estratégico cargo).

Entre los antecedentes de este nuevo rumbo se destaca la resolución del conflicto histórico con la Corte de Justicia sobre el Complejo Científico Forense, un gesto que fue leído como una señal de pacificación institucional. Además, el actual Fiscal General procedió a disolver la Unidad de Soluciones Alternativas por falta de resultados y ha mostrado una apertura diferente hacia la prensa, reactivando canales de comunicación directa mientras profesionaliza el área. Estas decisiones previas consolidan la imagen de un liderazgo que busca optimizar el funcionamiento interno y priorizar la articulación con otros poderes del Estado para dejar atrás viejas disputas territoriales.