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Rawson

Expropiación de La Superiora: el equipo que tasó la bodega calificó de "raro" y "único" al pedido judicial

Aseguraron que, en los 12 años de gestión, la Justicia nunca les solicitó volver a tasar un inmueble expropiado. Además, insistieron en que la tasación “no es vinculante”.

Por Redacción Tiempo de San Juan

La Municipalidad de Rawson enfrenta el pago de una deuda millonaria por una polémica expropiación de la bodega en la que actualmente se encuentra asentado el Complejo Deportivo y Cultural La Superiora. El ex intendente Juan Carlos Gioja dejó una deuda que con el transcurrir de los años se transformó en “casi impagable” y que debería afrontar el actual jefe comunal, Carlos Munisaga. Hay un fallo de la Corte firme, intenciones de dilatar la ejecución de pagos y en el medio, hubo una llamativa re tasación del predio que hizo el equipo del Tribunal de Tasaciones. Por primera vez, los integrantes del equipo que tasó la Superiora hablaron en off. Calificaron de “raro” el pedido del Contencioso Administrativo, que oficializó la Corte de Justicia y remarcaron con vehemencia que la tasación realizada “no es vinculante”.

Todo comenzó con la expropiación de La Superiora, que la ordenó Juan Carlos Gioja luego de haber obtenido el ok en el Concejo Deliberante. En el 2012 arrancó el proceso, que permitió a través de una ordenanza declarar al predio de utilidad pública para su posterior expropiación. La intención era transformar el lugar en un complejo deportivo, cultural e incluso, hasta en un espacio donde albergar al Museo Arqueológico Mariano Gambier, que funcionaba en una propiedad privada alquilada.

Es común que no haya acuerdo inmediato por los valores que quiere pagar el Estado por la expropiación de una propiedad y este caso no fue la excepción. El tema es que el desacuerdo fue más allá y la firma propietaria, Sociedad Cuyo Inversores, presidida por el empresario Matías Pallito -hermano de Cristian, un contador reconocido- no se conformó con el valúo del Tribunal de Tasaciones, que tasó el inmueble en $5.800.000. El entonces Intendente pagó de forma expedita y la Municipalidad se transformó en dueña de la ex bodega.

De igual modo, la sociedad reclamó el revalúo del inmueble y persistió en la queja. Solicitó ante la Justicia que tasaran de nuevo el predio y requirió un saldo impago que dejó Gioja de un millón de pesos. La causa cayó en la titular del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti. La jueza resolvió que se pague el saldo adeudado. La cuestión se demoró y las distintas presentaciones de la sociedad de responsabilidad limitada llevaron la causa hasta la Corte de Justicia, que no les dio la razón a los dueños y ordenó una nueva valuación que hizo saltar el valor. Encima, el municipio no apeló y el fallo quedó firme.

Tiempo de San Juan le consultó al equipo del Tribunal de Tasaciones que volvió a tasar el inmueble sobre este episodio judicial, que los tuvo como protagonistas en el 2018. “Nos pidieron que tasáramos a la fecha, pero considerando el estado del predio cuando fue la desposesión del terreno. La solicitud llegó a través de la Corte de Justicia para actualizar los montos. Tomamos antecedentes, aplicamos métodos comparativos”, detallaron.

El equipo que se encargó de la labor incluyó a cuatro personas: tres ingenieros y una autoridad. Afirmaron también que cuando llegó la solicitud a través de un auxiliar de justicia, les pareció raro. “Nos pareció raro que nos hayan pedido eso, nunca en doce años solicitaron algo así, pero lo hicimos”, agregaron.

Las fuentes consideraron importante remarcar que el Tribunal de Tasaciones en estos casos funciona como un organismo de consulta, que su tasación no es vinculante y la Justicia puede incluso desechar su opinión. Por último, subrayaron su labor en expropiaciones complejas como la de calle 11, de calle 5, de la antena de Radio Colón y del Acueducto y que nunca se presentaron ni siquiera pedidos de revalúo.

El fallo de la Corte confirmó la sentencia de Tettamanti y el predio, que originalmente había sido valorado en 6 millones en el 2023 pasó a costar más de 1.400 millones por su revalúo y también por una ley que entró en vigencia en el 2018 y según los cortistas cambió todo. Como el municipio había pagado originalmente 5 millones (con lo que le quedaba sólo uno por pagar), luego de esa recotización terminó saltando a más de 370 millones, el proporcional impago de los nuevos 1.400.

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