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SUSCRIBITETras la incorporación de los 31 agentes, lo que generó comentarios en los pasillos de la justicia local, fuentes allegadas advirtieron dos situaciones que causaron molestias en aquellos que son planta permanente y llevan años esperando un ascenso.
Cada vez que la justicia sanjuanina suma personal a sus filas, el efecto que se produce es como el de la punta del ovillo pues de las propias dependencias judiciales surgen nuevas controversias. Es así que, después de la publicación de Tiempo de San Juan sobre los 31 agentes que se incorporaron al Poder Judicial, fuentes allegadas dejaron trascender dos situaciones que generaron molestias en los trabajadores de planta permanente.
Por un lado, las fuentes hablaron de personal contratado que no concursó para entrar, como sí lo debe hacer el resto de los mortales. Y por el otro, se refirieron a una suerte de empleados VIP cumpliendo funciones adentro del Registro General Inmobiliario, que depende del Poder Judicial.
Oficialmente no hay registro de empleados contratados. Ni en las acordadas de la Corte de Justicia publicadas en la web, ni declaraciones públicas de los altos funcionarios que así lo respalden. Sin embargo, quienes trabajan en la justicia local comentaron que un grupo de personas se acopló a las tareas administrativas sin haber pasado por los filtros dispuestos.
Las fuentes estiman que esta clase de empleados cuyas funciones específicas se desconocen le facturan al Estado, tal como lo hacen -como es de público conocimiento- los mediadores judiciales. A diferencia de esos auxiliares de la Justicia, que pretenden tener una relación de dependencia con la Corte y no ser proveedores sin prestaciones, los contratados que señalaron estarían en una posición un tanto más cómoda.
No obstante, no son los únicos contratados que levantaron polvareda. En el Registro comandado por María Anabel Zorrilla también hubo fastidio por un selecto conjunto de trabajadores, los que comenzaron a trabajar en condiciones que son cuestionadas. Es que no sólo asistirían en un horario diferenciado, sino que serían jubilados.
Las fuentes que hablaron con Tiempo de San Juan indicaron los nuevos empleados son personas que, a pesar de haber cesado con su actividad económica en relaciones de formalidad, se convirtieron en monotributistas para facturar al Estado por un servicio al Registro Inmobiliario. Es decir, que además de percibir el haber jubilatorio, reciben la remuneración del contrato efectuado con las autoridades.
Si bien reconocen que serían unas cinco personas las que gozan de beneficios como prestar funciones en horario vespertino, a diferencia de los demás empleados de la repartición, la situación habría despertado la indignación de algunos. Incluso, las fuentes llegaron a deslizar que tendrían vínculos cercanos no sólo con Zorrilla, sino con la actual presidenta de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto. No obstante, se trata de meras especulaciones.
Hace unos días atrás, la polémica que sacudió las estructuras del Poder Judicial fue la de los 31 ingresantes a la justicia local. La decisión de su entrada había sido resuelta en noviembre del año pasado y los detalles de la misma se guardaban bajo siete llaves hasta que trascendieron con la publicación de la Acordada 124 de la Corte.
Allí, figuraron los nombres de los 31 nuevos agentes, entre ellos auxiliares y maestranzas. Como era de esperar, la noticia generó impacto por los apellidos ilustres que se dejaron ver y porque al menos el 40% de los nóveles empleados habrían sido designados sin rendir el examen de ingreso.
A pesar de que el 14 de agosto del 2025 se prorrogó por un año la vigencia de los postulantes que sí rindieron y aprobaron el Concurso de Ingreso, este tipo de maniobras que salen a la luz y que son sostenidas por las fuentes empañan el proceso que se supone que debería estar lejos de toda suspicacia posible.