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SUSCRIBITEEl gobierno de Javier Milei avanza en un plan que algunos consideran como un paso adelante en el mercado de trabajo, y otros apuntan como más ajuste.
El Gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Capital Humano, está impulsando la transformación de los planes sociales asistenciales en un esquema basado en vouchers de capacitación con un objetivo claro: sustituir la transferencia directa de fondos por formación laboral concreta y facilitar la inserción en el mercado formal.
Esta iniciativa, liderada por la ministra Sandra Pettovello, se articula mediante la negociación de acuerdos con empresas privadas, cámaras productivas y centros de formación técnica. La propuesta busca que los beneficiarios puedan canjear cupones por cursos, certificaciones y prácticas profesionales en instituciones acreditadas. Específicamente, el plan está dirigido a quienes forman parte del programa Volver al Trabajo, que reemplazó al anterior Potenciar Trabajo.
La meta oficial es que el dinero que actualmente se destina al pago directo de planes se utilice para financiar estas instancias formales de capacitación. Mientras que el Estado se encargaría de la infraestructura —edificios y mantenimiento—, las empresas tendrían a su cargo los contenidos y la instrucción. Entre las firmas que ya estarían en conversaciones para ofrecer prácticas se mencionan Arcos Dorados, franquiciada de McDonald’s, y Sinteplast, dedicada a la fabricación de pinturas.
Desde el Poder Ejecutivo, el esquema se presenta como una herramienta clave para promover la independencia económica y aumentar la empleabilidad de los beneficiarios.
El Gobierno sostiene que el objetivo primordial es “reducir la intermediación” y vincular de forma más directa a los beneficiarios con las empresas que están en búsqueda activa de trabajadores. Fuentes oficiales argumentan que el esquema de planes sociales tradicional "genera dependencia" y no estimula la autonomía económica.
Al analizar la potencialidad del modelo, el especialista en educación Jaime Correas calificó la iniciativa como "excelente en teoría". Correas destacó que la medida apunta a romper con "el circuito clientelar" y fomentar la capacitación para el empleo, mencionando que algunas empresas, como McDonald's, ya han manifestado su disposición a participar y a generar, por ejemplo, "10 mil empleos para desempleados".
A pesar de las promesas de empleabilidad, la noticia fue recibida con escepticismo y fuertes cuestionamientos por parte de las organizaciones sociales. Los movimientos sociales denuncian que la iniciativa es una forma de recorte encubierto y que podría derivar en una precarización laboral.
Nicolás Caropresi, de la UTEP, expresó su desacuerdo con la premisa del Gobierno, argumentando: “Me parece una decisión que nada tiene que ver con la realidad del sector ni con la realidad del empleo en Argentina en este momento”.
Caropresi subraya que la falta de empleo no se debe a la ausencia de formación, sino a la política económica actual. Él enfatizó que "se han perdido alrededor de 250 mil empleos. Está claro que el problema no está en la falta de formación o ganas de trabajar, si no en que no existen políticas económicas y productivas que generen puestos de trabajo". Además, señaló que, aunque "en todas las ramas de la economía popular organizada existe formación... el mercado no absorve a los trabajadores a pesar de sus capacidades".
El referente social interpreta el plan de vouchers como un ataque a la organización de base, afirmando que es "una nueva manera de arremeter contra el sector más golpeado por la democracia argentina, que es el de los excluidos y descartados. Es una nueva forma, un nuevo poncho, para arremeter contra la organización popular, en momentos en que el gobierno avanza con el intento de imponer la reforma laboral".
Aunque el Gobierno insiste en que la meta es transicionar hacia la empleabilidad gradual, el proyecto aún se encuentra en etapa de prueba piloto. Expertos, como Correas, advierten que el éxito final dependerá de la demanda, pues "si no se genera demanda laboral, las personas capacitadas seguirán sin trabajo", y la ejecución debe ser gestionada con cautela para "no crear falsas expectativas".