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SUSCRIBITEEl ministerio de Capital Humano publicó un comunicado anunciando que comenzarán a trabajar judicialmente para recuperar el dinero que Cristina Kirchner cobró por derechos previsionales.
El ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), le reclamó a Cristina Kirchner que devuelva unos $1000 millones por jubilaciones y pensiones que cobró con anterioridad.
La medida se tomó después de que la Justicia rechazara el miércoles una medida cautelar presentada por la expresidenta para que se le restableciera el beneficio de la asignación mensual vitalicia que percibía como viuda del fallecido ex mandatario Néstor Kirchner.
A través de un comunicado, la cartera liderada por Sandra Pettovello informó que activó este viernes el “efectivo recupero de las sumas percibidas indebidamente" por la expresidenta, en concepto de jubilación y pensión de privilegio.
La ex mandataria venía resistiendo la nulidad de las resoluciones que dieron de baja tanto su pensión como la que le correspondía por su propio mandato presidencial. La pérdida de los dos ingresos extraordinarios se produjo en noviembre de 2024 cuando la Cámara de Casación Penal confirmó su condena por administración fraudulenta del Estado en el marco de la causa Vialidad.
Cristina Kirchner cobraba $ 21 millones por mes entre la pensión de privilegio de Kirchner, correspondiente al período de su difunto esposo Néstor como presidente, y su propia jubilación de ambas gestiones.
“El beneficio previsto por la Ley 24.018 para expresidentes y exvicepresidente de la Nación es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario, como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo“, explicó Manuel Adorni cuando se decidió quitarle los beneficios a la ex Jefa de Estado.
Y, tras esto, al remarcar la condena -no firme- a Cristina Kirchner “como autora del delito de administración fraudulenta”, consideró que esta “representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño”, razón por la que el Gobierno definió dar de baja tanto la jubilación como la pensión de privilegio.
En su reclamo, la exgobernante argumentaba que la demora en la resolución definitiva del proceso judicial podría afectar sus derechos a la seguridad social y su subsistencia.
Además, sostenía que la medida cautelar no resolvía el fondo del asunto, ya que existía una sentencia firme previa que le reconocía el beneficio.
ANSES respondió rechazando la medida cautelar, argumentando que el beneficio previsto en la ley 24.018 para presidentes, vicepresidentes y sus viudas es una asignación graciable, es decir, un reconocimiento excepcional que no depende de aportes previsionales, sino que se otorga como contraprestación al honor y buen desempeño en el cargo.
En esa línea, el organismo afirmó que la medida cautelar pretendida se confundía con el objeto principal de la demanda y que no se verificaban los requisitos legales para suspender el acto administrativo cuestionado.
“La medida solicitada por quien acciona afecta el interés público, ya que se estaría ordenando el pago de un beneficio de significativa consideración económica y se vulnerarían las políticas de veracidad y transparencia en la gestión de los asuntos públicos, dos aspectos cruciales en la lucha eficiente contra la corrupción, todo lo cual afectaría los recursos del Estado”, argumentó el organismo previsional al respecto.
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