El Concejo Deliberante de Caucete es uno de los epicentros de la polémica en la política sanjuanina. El último conflicto público tuvo lugar esta semana, cuando cuatro ediles se levantaron y no sesionaron, previo a una denuncia por "hostigamiento institucional". Este cuerpo deliberativo fue complejo desde el minuto uno: el bloque oficialista se fragmentó e inició una guerra sinfín, en las que hubo hasta una interpelación a la intendenta Romina Rosas. El mapa del conflicto en el departamento del Este.
El Concejo caucetero volvió a ser noticia luego de que el pasado jueves 13 de noviembre, los ediles de Juntos por el Cambio, Ramiro Fernández y Emanuel Castro, y los del bloque oficialista (pero opositores ahora), Franco Buffagni y Pedro Gómez, no dieron quórum y se levantó la sesión. Según indicaron, tomaron esta decisión debido a que "no encuentran las garantías necesarias" para ejercer sus funciones legislativas, dado que supuestamente los que responden a Rosas intentaban meter temas a la sesión sin previo consentimiento.
Pero antes de este episodio, hay que remontarse al 11 de noviembre, durante la labor parlamentaria. Allí, el presidente del Concejo, José Luis Giménez, habría querido ingresar un proyecto que no tenía despacho favorable de su comisión. Conforme comentaron a Tiempo de San Juan los ediles opositores, cuando se negaron a que este punto se tratase en la sesión, habrían ingresado dos asesoras a "patotear". Por esto, es que hicieron una exposición en la Policía por hostigamiento, abuso de autoridad y violencia institucional.
La versión del oficialismo es diferente. Giménez explicó que, en la labor parlamentaria había ingresado un pedido de suspensión para Fernández y Castro, debido a una denuncia anterior. Ambos ediles fueron denunciados por la secretaria del bloque Cambia San Juan, Cristina García, por presunta extorsión, afirmando que desde diciembre de 2023 fue obligada a entregarle parte de su sueldo. La denuncia fue radicada en la UFI Delitos Especiales, donde relató que desde el inicio de su trabajo le exigieron ceder una porción de su salario, y además señaló que una carta presentada en abril ante el Concejo Deliberante, en la que aseguraba mantener un trato cordial con los concejales Castro y Ramiro Fernández, fue firmada bajo presión. Hasta el momento, no hay novedades sobre la denuncia.
Giménez comentó que "no pueden seguir sesionando" concejales que atraviesan procesos judiciales. Según entiende, esta actitud de no dar quórum para no sesionar, fue para evitar que ambos concejales fuesen suspendidos.
Entretanto, el Presidente del Concejo intentará que se trate la suspensión en la próxima sesión, aunque advierte que podría suceder lo mismo que la semana pasada. "No hemos podido nunca tener una labor normal", manifestó.
La tómbola de conflictos
El raid de conflictos empezó apenas se dieron las asunciones. Es que teóricamente los únicos opositores que ingresaron en el Concejo fueron Fernández y Castro. Luego entraron por el lema peronista Buffagni, Gómez, Giménez, Marina Poblete y Luis Roca. Sin embargo, estos últimos entraron por candidatos a intendentes diferentes: los primeros por Sonia Carina Recabarren y, los segundos, por la Intendenta.
Pese a ser parte del mismo bloque, Buffagni y Gómez no votan con el oficialismo. Esto provocó que Romina Rosas no tenga mayoría en el Concejo, lo cual dificultó, desde siempre, la aprobación de proyectos oficialistas.
Los conflictos en el Concejo han sido muchos, pero el más relevante tuvo lugar este año, cuando la interpelaron a la intendenta por las deudas del municipio con DECSA, la empresa que se encarga del servicio de energía eléctrica en el departamento.
Fue el pasado 19 de junio cuando Rosas fue a explicar lo sucedido con la deuda. La interpelación fue aprobada por mayoría luego de que los concejales opositores Buffagni, Fernández, Gómez y Castro impulsaran el tratamiento del tema en sesión ordinaria, motivados por la deuda de 465 millones de pesos que el municipio mantiene con DECSA por el servicio de alumbrado público desde 2022 hasta la actualidad.
