El sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) enfrenta uno de sus momentos más críticos tras la oficialización del cierre de Galeno ART, la empresa más grande del mercado. La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) dispuso, mediante la Resolución 56/2026 publicada en el Boletín Oficial, la revocación de su autorización para operar, lo que desencadenó la disolución automática y la liquidación forzosa de sus bienes. Esta drástica medida se tomó luego de que el ente regulador detectara en septiembre de 2025 un déficit de capital superior a los 12.900 millones de pesos en los estados contables de la compañía.
A pesar de que la SSN otorgó plazos legales para que la aseguradora presentara un plan de saneamiento y reintegrara los fondos necesarios, la firma declaró formalmente que se encontraba materialmente impedida de hacerlo, reconociendo su imposibilidad financiera para regularizar la situación. Ante este escenario, el organismo a cargo de Guillermo Plate extendió la inhibición general de bienes de la aseguradora, alcanzando la totalidad de sus cuentas bancarias y disponiendo la intervención del Fondo de Reserva para intentar garantizar las prestaciones que la empresa dejará de cubrir.
El impacto social de esta quiebra es inmediato y afecta a 600 empleados que fueron cesanteados este viernes. Al respecto, Jorge Sola, titular del gremio del Seguro y triunviro de la CGT, cuestionó duramente la política del Grupo Galeno al señalar que el holding cuenta con más de 12 mil trabajadores y, aun así, no mostró capacidad para absorber a los 600 empleados de su aseguradora de riesgos. Los despedidos deberán percibir sus indemnizaciones a través del fondo previsto por el sistema para casos de insolvencia.
Este colapso se produce en un contexto de profunda preocupación para el sector, que advierte sobre un récord de litigiosidad laboral que superó los 130 mil juicios durante el año 2025. Desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART), su presidenta Mara Bettiol denunció que el Poder Judicial no cumple con la ley vigente, la cual obliga a la conformación de cuerpos médicos forenses para que las pericias sean realizadas por profesionales con honorarios fijos y no por peritos que cobran a porcentaje del resultado del juicio. Según los especialistas, este "abuso de los peritos" y la falta de imparcialidad en las incapacidades dictaminadas están llevando al sistema al borde del colapso.
Finalmente, la situación de Galeno ART se suma a las dudas que genera la reciente reforma laboral. Diversos actores del sector plantean que la normativa impulsada por el Ejecutivo nacional contiene ambigüedades que podrían disparar aún más la judicialización de los accidentes laborales. Existe el temor de que la eliminación de incentivos para la registración y la precarización de los cálculos indemnizatorios generen un vacío legal que termine resolviéndose masivamente en los tribunales, poniendo en riesgo la estabilidad de otras compañías del mercado asegurador.
