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SUSCRIBITEEl fiscal del caso sostuvo cómo fueron las maniobras de los tres acusados, quienes permanecen detenidos con prisión preventiva. Con más de 348 damnificados y más de 500 millones de pesos, los imputados habrían desplegado una maquinaria para defraudar.
La fiscalía expuso este martes la presunta ingeniería delictiva detrás de Branka Motors y sostuvo que los tres imputados montaron una estructura comercial “aparente” para ejecutar un esquema Ponzi que dejó un perjuicio económico estimado en $509.543.000 y 348 hechos de defraudación en concurso real.
Durante la audiencia de formalización, el fiscal Guillermo Heredia encuadró la maniobra en el artículo 172 del Código Penal y afirmó: “Partimos de considerar que se configura claramente el ardid exigido por el artículo 172 del Código Penal, en razón de que existió un despliegue de actos exteriores, como comenzó todo esto, destinado a inducir a error a las víctimas sobre la seriedad y la viabilidad del negocio”.
Según la acusación, el engaño “estuvo constituido por todas las conductas y maniobras que generaron la apariencia de una agencia de motocicletas”. En ese marco, Heredia sostuvo que la operatoria respondió a “un esquema defraudatorio antiguo y clásico, para nada novedoso, denominado Ponzi”.
El fiscal explicó ante el juez en qué consiste ese sistema: “Es una operación fraudulenta de inversión que paga beneficios a los inversores actuales con fondos aportados por nuevos inversores, en lugar de utilizar beneficios reales de una actividad económica legítima”. Y remarcó la particularidad del caso: “La creación del esquema defraudatorio sí es un elemento novedoso, que en vez de la promesa de rentabilidad de dinero, en este caso se prometía la entrega de motocicletas”.
Para la fiscalía, las primeras entregas y reintegros no respondían a una lógica comercial genuina sino a la necesidad de sostener la credibilidad del engranaje. “Los reintegros a algunos clientes correspondían a una contención del daño, las entregas no fueron por voluntad comercial, sino que eran parte de la maniobra delictiva”, afirmó Heredia.
El Ministerio Público describió un despliegue de estrategias de captación: “Mediante el eficiente empleo de estrategias como técnicas de marketing, y eventos realizados por los imputados, donde atraían damnificados, promociones a través de comunicaciones visuales y publicitarias, cartelería, flyers, dirigido a redes sociales abiertas como Facebook, Instagram y WhatsApp”.
A ello se sumaron “el pago de premios y voucher a clientes y vendedores y técnicas de coaching que se realizaron sobre todos los empleados”, algo que -según la acusación- fue “determinante” porque implicó el direccionamiento del público al que se apuntó con las ofertas.
En ese punto, el fiscal fue enfático al describir el perfil de las presuntas víctimas: “Estamos hablando que los damnificados en su gran mayoría se trata de personas de escasa formación académica con poca experiencia en el manejo de dinero, en la compra de bienes registrables como motocicletas o automotores y en su gran mayoría de muy bajo poder adquisitivo. Todas circunstancias que fueron aprovechadas por los imputados, los cuales manipularon y generaron el engaño en sus damnificados”.
Uno de los ejes centrales de la imputación fue la política de precios. De acuerdo con la fiscalía, proveedores que declararon en la causa indicaron que la firma compraba motocicletas a un valor superior al que luego ofrecía al público.
Trascendió que un rodado adquirido en $1.300.000 era vendido a $1.200.000, una diferencia que comenzó a generar sospechas en el ámbito de la venta de motos. Testigos señalaron, además, que los responsables “no tenían experiencia en el rubro y tampoco conocimientos técnicos del mercado”.
Para el Ministerio Público, esto demuestra que “no tenían una intención de negocio serio, ninguno tenía experiencia, los desconocimientos que tenían correspondían a una aventura planificada para captar el dinero de los damnificados”. En esa línea, sostuvo que “no hubo curva de aprendizaje, sino una maniobra de ejecución rápida”.
Heredia también aludió al desenlace del esquema: “El desenlace tenía que ver con desaparecer y vaciar los fondos de la empresa, ya que quisieron abrir otro comercio, se trata de Emebe”. Para la acusación, ese movimiento confirmaría la intención de abandonar Branka Motors tras captar fondos suficientes.
En contraposición, los tres imputados manifestaron en su defensa que asumieron costos para obtener una cartera de clientes y que la operatoria formaba parte de una estrategia comercial para posicionarse en el mercado.
No obstante, la fiscalía sostuvo que el daño ya consumado —estimado en más de 509 millones de pesos— y la multiplicidad de hechos configuran el delito de defraudación por engaño en 348 casos, bajo una estructura que, lejos de un emprendimiento fallido, fue presentada como un esquema Ponzi adaptado al mercado de motocicletas.