Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITELa Fiscalía tendrá el plazo de 1 año para investigar el hecho. La magistrada en su alocución expresó que hay probabilidades de que el delito existió y que, sí se quedan libres, correría riesgo la investigación.
Tras un día de espera, la jueza de Garantías Carolina Parra resolvió dictarles la prisión preventiva a los tres sospechosos de la causa Branka Motors, precisamente, Alexis Marcó, Facundo Banega y Jonatan Marcó. El plazo de la medida cautelar será de 2 meses y el plazo que la Fiscalía tendrá para investigar será de 1 año.
La magistrada en su alocución expresó que hay prueba suficiente para comprobar que el delito sí existió. Argumentó que los tres imputados simularon solvencia patrimonial y hubo un ardid para recaudar y captar víctimas. Por esta razón, confirma que existe el peligro procesal.
También detalló que sí esta causa llega a juicio y se comprueba la culpabilidad de los acusados, la condena sería de cumplimiento efectivo, dado que hay 348 casos en concurso real y la pena sería de hasta 6 años de cárcel.
Además de dictar la preventiva para los acusados, Parra inhibió los bienes y embargó a los tres imputados.
La Fiscalía está investigando a estos tres sujetos que operando bajo el nombre comercial de "Branka Motors", habrían defraudado el patrimonio de al menos 348 personas. El Ministerio Público Fiscal imputó a Alexis Javier Marcó, Jonathan David Marcó y Agustín Banegas Subiría como coautores del delito de defraudación por engaño en concurso real.
La estructura, que funcionaba en el local ubicado por Avenida Rioja, en Capital, operó entre el 1 de julio de 2025 y enero de 2026, utilizando complejas estrategias de marketing para captar clientes y simular una solvencia comercial inexistente.
Según la investigación, los acusados no incurrieron en un simple incumplimiento de contrato, sino en un despliegue de actos exteriores destinados a inducir al error a los damnificados. La maniobra se dividió en tres modalidades principales. La "venta simulada de contado", se firmaban contratos de adhesión para la entrega de una moto 0km en un plazo de 20 días. El contrato incluía una "cláusula de escape" por falta de stock que permitía a la empresa estirar los plazos o rescindir el contrato con 20 días adicionales para devolver el dinero, algo que rara vez ocurría. El segundo, el de "planes de financiación ficticios", se ofrecían cuotas fijas (12, 24 o 36 meses). Tras el pago de la segunda cuota, se prometía el inicio del trámite de retiro del vehículo. Al igual que en la venta de contado, los plazos de entrega estaban sujetos a condiciones operativas que los imputados manejaban a discreción. Y, la tercera, la "cláusula de retención", si la empresa incumplía la entrega, obligaban al cliente a firmar un formulario de baja. Este documento establecía un plazo de 90 días hábiles para la devolución del dinero, sin compensación alguna y con una retención del 40% del monto abonado por supuestos "gastos administrativos".
El Ministerio Público Fiscal sostuvo que Branka Motors funcionaba bajo una lógica de operación fraudulenta de inversión (tipo Ponzi). En lugar de generar beneficios a través de una actividad comercial legítima, los imputados utilizaban el dinero de los nuevos ingresantes para cubrir gastos o pagos vencidos de clientes anteriores, aunque el objetivo final no era la rentabilidad financiera, sino la entrega -nunca concretada- de motocicletas.
Los informes de Mercado Pago, Coexsa y transferencias bancarias confirman que el dinero ingresaba directamente a las cuentas personales de los tres imputados, evidenciando una confusión patrimonial absoluta entre la supuesta empresa y sus administradores.