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SUSCRIBITELa Nación le dio a Vicuña la posibilidad de disponer de capacidad de transporte en la línea eléctrica de 500 kV y el EPRE salió a pedir que el tema se discuta en San Juan. Empresas mineras también cuestionaron la decisión.
Hay revuelo en San Juan por la Línea de Extra Alta Tensión 500 kv San Juan- Rodeo, en Iglesia.
Un trámite que debería ser una buena noticia terminó en un cruce fuerte entre el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), y desató revuelo en la minería sanjuanina por el control de una línea eléctrica clave para el futuro de la provincia.
La Nación le otorgó a Vicuña la posibilidad de disponer de capacidad en la línea de 500 kV sin intervención previa del regulador provincial, y eso desató el enojo del EPRE y de otras empresas mineras que cuestionan la decisión y piden que se discuta en San Juan por una simple razón: la infraestructura eléctrica de 500 kV se hizo con fondos de todos los sanjuaninos.
El proyecto Vicuña —que integra a Josemaría y Filo del Sol— tiene previsto ampliar la infraestructura eléctrica para abastecer la futura mina de cobre en Iglesia. En concreto, busca construir una línea de 167 kilómetros entre la Estación Transformadora Rodeo y Chaparro, como parte de su esquema de abastecimiento energético.
Pero el conflicto no gira sobre esa obra nueva, sino sobre la infraestructura ya existente. Según la Resolución ENRE Nº 079/26, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) otorgó a Vicuña Argentina S.A. acceso y prioridad sobre capacidad de transporte en la línea de 500 kV que va desde la estación Nueva San Juan hasta la vinculación con la Estación Transformadora Rodeo. Y lo hizo sin intervención previa del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). Ahí empezó el revuelo.
Este miércoles 4 de marzo, el EPRE presentó formalmente ante el ENRE un pedido para que se discuta el tema en audiencia pública. El planteo, de carácter técnico y jurídico, apunta a que el tema del acceso a la capacidad de transporte para el proyecto Vicuña (Josemaría) se discuta en territorio provincial.
En su comunicado oficial, el EPRE sostuvo que la integración de grandes proyectos industriales debe realizarse con planificación técnica rigurosa y sin comprometer el servicio actual ni el crecimiento proyectado de San Juan.
Además, remarcó que la línea de 500 kV fue construida con fondos provinciales y con aportes de los usuarios sanjuaninos a través de la factura eléctrica. Por eso, entiende que un ente nacional no puede disponer de esa infraestructura sin la debida intervención provincial ni sin estudios técnicos que ponderen el impacto.
El EPRE también advirtió que ninguna alternativa operativa para proyectos privados debe implicar incrementos en las facturas de los usuarios locales y pidió que se suscriban acuerdos con la Provincia para resarcir derechos por las ampliaciones ya construidas. En otras palabras, el EPRE cuestionó el procedimiento nacional sobre la infraestructura eléctrica estratégica para la provincia.
El conflicto no quedó circunscripto a lo institucional. El medio especializado Minería y Desarrollo publicó que, además del EPRE, un grupo de empresas mineras y particulares también presentó objeciones a la resolución del ENRE.
Según publicó, se estaría disponiendo de una estructura financiada por los sanjuaninos -la llamada “línea minera” de 500 kV- otorgándole a Vicuña la facultad de autorizar o no nuevas incorporaciones al corredor Nueva San Juan–Rodeo.
Incluso advierte que esta decisión podría afectar proyectos de inversión ya aprobados y en ejecución, además de que la medida violaría principios de libre acceso, razonabilidad, proporcionalidad y optimización técnico-económica del sistema eléctrico.
Incluso, según la publicación, la resolución habría generado planteos paralelos de otras compañías que consideran que el esquema pone en riesgo inversiones millonarias ya avaladas bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
Hay otro dato sensible y es que, si la prioridad de uso de capacidad existente queda bajo la órbita de una empresa privada, podría condicionarse la incorporación futura de obras públicas, privadas o incluso el abastecimiento de poblaciones del norte sanjuanino, algo que los críticos consideran inadmisible sin debate previo.
El caso expone una tensión mayor: quién decide sobre infraestructura estratégica cuando confluyen competencias nacionales y provinciales. Sobre todo, cuando San Juan cuenta con un ambicioso plan de infraestructura eléctrica para habilitar el desarrollo minero y la inyección de energías renovables. Y la línea de 500 kV diseñada hace dos décadas para la minería del oro fue una pieza central de esa estrategia.
Por el momento, el pedido de audiencia pública del EPRE y la definición de quien controla la llave de la energía promete seguir generando ruido en un año clave para las grandes inversiones mineras en San Juan.