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SUSCRIBITELo definió Diputados: habrá dos jornadas, una presencial y otra virtual, el 25 y 26 de marzo. El proyecto de ley de Glaciares, impulsado por el Poder Ejecutivo, ya tiene media sanción y redefine el alcance de las zonas protegidas.
Vista del Glaciar El Caballito, en el cerro Mercedario de San Juan. Diputados ahora debe tratar el proyecto de Ley de Glaciares que fue aprobado por el Senado en febrero.
Antes de que la Cámara baja decida si avanza con los cambios en la Ley de Glaciares, habrá un paso previo: escuchar a la ciudadanía. Diputados aprobó convocar a audiencias públicas para que especialistas, organizaciones, empresas, comunidades y vecinos puedan opinar sobre la reforma.
Los cambios de la ley ya fueron aprobados por el Senado y tocan uno de los temas más sensibles para las provincias cordilleranas como San Juan: qué se puede hacer y qué no en zonas de glaciares y áreas periglaciares.
El plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación avaló formalmente la realización de estas jornadas para analizar el proyecto que modifica la Ley 26.639.
La comisión de Recursos Naturales, presidida por el diputado sanjuanino José Peluc (La Libertad Avanza), fue la que impulsó formalmente la convocatoria, amparándose en el artículo 114 bis del reglamento de la Cámara.
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, obtuvo media sanción el 26 de febrero pasado en el Senado de la Nación Argentina y ahora deberá ser tratada por la Cámara baja.
El proyecto aprobado por el Senado propone redefinir el alcance de las zonas protegidas, habilitando actividades productivas en determinadas áreas periglaciares que hasta ahora estaban restringidas. En las zonas donde la ciencia determine que, por ejemplo, los glaciares de roca tienen poca incidencia hídrica, serán las provincias las que decidan qué actividades se podrán hacer allí.
En la práctica, se trata de un punto clave para provincias cordilleranas donde conviven la protección de cuencas hídricas con actividades como la minería. Por eso el debate genera posiciones encontradas y alto interés político y económico.
Según el plan de trabajo aprobado, la audiencia pública se desarrollará en dos instancias:
En ambos casos será de 10 a 19 horas, con posibilidad de extenderse si la participación lo requiere.
Podrán inscribirse personas físicas, jurídicas, asociaciones y organizaciones interesadas. Las exposiciones orales tendrán un máximo de cinco minutos por orador y también se habilitará la presentación de documentación por escrito. Las jornadas serán transmitidas en vivo y contarán con registro taquigráfico.
Durante el plenario hubo consenso en avanzar con audiencias públicas, aunque con diferencias sobre cómo garantizar una participación verdaderamente federal.
Desde distintos bloques se insistió en que el proceso debe asegurar la intervención de todas las provincias involucradas, en línea con lo establecido por el artículo 7 del Acuerdo de Escazú, aprobado en Argentina por la Ley 27.566.
También se planteó la necesidad de garantizar la participación de comunidades indígenas que habitan zonas de glaciares y áreas periglaciares.
La audiencia no es vinculante, pero será el paso previo al tratamiento formal del proyecto en comisiones y, eventualmente, en el recinto de Diputados.