La discusión por la Ley de Glaciares está en el centro de la agenda minera nacional y San Juan se posicionó entre los actores clave que buscan darle una salida legislativa. Gobernadores de provincias con actividad minera consolidaron en los últimos días una estrategia de “concertación federal” para impulsar en el Congreso una ley aclaratoria, destinada a corregir los vacíos y ambigüedades que hoy traban los proyectos de inversión minera.
El acuerdo político –cuyo borrador está avanzado- se hará entre gobernadores con la Nación para presentar el proyecto de ley aclaratoria. San Juan ha aportado aspectos técnicos y está acelerando gestiones en Buenos Aires, según aseguró el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández.
Justamente este miércoles viajaron a Buenos Aires el gobernador Marcelo Orrego, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea y el propio Fernández. Sin embargo, aclaró que la visita no implica una reunión formal de gobernadores para cerrar el texto, aunque se espera que el tema esté presente en los ámbitos que compartirán.
“Vamos a participar en una cena de un medio especializado en minería en el Golden Center y allí seguramente el tema va a sobrevolar, pero esto es algo que hace rato se viene tratando y está muy avanzado”, indicó.
La expectativa compartida entre las provincias es que la ley aclaratoria pueda ingresar al Congreso antes de fin de año, para luego atravesar el proceso legislativo habitual. No se proyecta un tratamiento exprés, sino el camino normal de cualquier proyecto de ley en Diputados y Senadores.
Tiempo de San Juan elaboró una nota contando cómo votarán los legisladores sanjuaninos, especialmente los de la oposición pertenecientes al Partido Justicialista.
El procedimiento: una ley
En un principio, el propio presidente Javier Milei había anticipado la posibilidad de resolver el tema mediante un decreto. Sin embargo, los gobernadores y la Casa Rosada terminaron inclinándose por un camino distinto: una ley, más lenta pero más sólida jurídicamente, y capaz de evitar futuras judicializaciones.
El mecanismo elegido es de la Concertación Federal, que está previsto en la Constitución y consiste en un acuerdo directo entre los gobernadores y el Presidente para habilitar el ingreso del proyecto al Congreso. Según indicaron fuentes oficiales, existe ya un “avance importante en el documento” que define los puntos centrales de la propuesta.
El objetivo: aclarar, no modificar
Un punto clave es que el texto no pretende modificar o reformar la Ley de Glaciares, cuyo propósito original, que es la protección de glaciares y geoformas glaciares; seguirá intacto. La intención es aclarar, no flexibilizar, insisten en el gobeirno. Entre los aspectos que la ley aclaratoria pretende resolver está lo siguiente:
- Definiciones más precisas: la norma actual contiene conceptos amplios que, en la práctica, incluyen zonas que no tienen glaciares, pero sí actividad minera preexistente. El objetivo es delimitar correctamente qué se entiende por actividad periglacial y qué geoformas corresponden realmente a la protección estricta. Lo que se busca es determinar con claridad el objeto protegido. Provincias y expertos coinciden en que la definición actual del “ambiente periglacial” es demasiado extensa y provoca interpretaciones que congelan zonas de exploración aun sin presencia de hielo.
- Ratificar la potestad provincial sobre sus recursos: el proyecto busca incorporar una precisión clave: que, dentro del marco ambiental, la decisión sobre el aprovechamiento de los recursos naturales sigue siendo facultad exclusiva de las provincias, tal como establece la Constitución.
La urgencia minera
La necesidad de esta aclaración legal está íntimamente ligada a la parálisis de los proyectos mineros de gran escala, como son Pachón, Altar, Vicuña y Los Azules en San Juan, que han sido repetidamente mencionados por las autoridades provinciales. No se arriesgaran esas enormes inversiones si no se clarifica la Ley de Glaciares.